Las elecciones del 28 de abril han sido una excelente oportunidad para que los partidos políticos hayan conectado sus propuestas con los problemas de la ciudadanía y hayan dialogado sobre el modelo de país que necesitamos. A partir de ahora, toca pasar de la teoría a la práctica.  Toca definir desde el  futuro gobierno  el papel que debemos desempeñar en el mundo y qué lugar ocupará en ese contexto la Política de Cooperación.

 

CLAVES

Consenso sobre la política cooperación como política de Estado.

Recursos suficientes y de calidad . Fortalecer instituciones especializas, como la AECID, y los instrumentos estratégicos.

Cooperación al servicio de los derechos humanos, la democracia y la coherencia de políticas para el desarrollo.

Implementación de la Agenda 2030, ambiciosa e integral y al más alto nivel de la acción de Gobierno,   con participación ciudadana y apuesta por la dimensión internacional.

Reiteramos la voluntad de la Coordinadora de participar, junto al gobierno que salga de las  urnas, el resto de actores políticos y sociales y el conjunto de la ciudadanía, en la construcción de la agenda de cooperación para el desarrollo que nuestro país necesita.

Nuestras propuestas

«La Cooperación debe ser la principal herramienta

para definir nuestro papel en el mundo»

España deberá recuperar y situar en el centro de su acción exterior una Cooperación ambiciosa, transformadora y conectada con una ciudadanía -que ha demostrado ser comprometida y solidaria. De ese modo, se reforzará la dimensión internacional de la Agenda 2030; y se fomentará nuestro liderazgo en el seno de la Alianza Global para fomentar un desarrollo inclusivo y sostenible desde el enfoque de género y de derechos humanos.

La cooperación debe ser la principal herramienta para definir nuestro papel en el mundo como país solidario y comprometido con los principales desafíos globales. Es fundamental garantizar que España asume un liderazgo, propositivo y ambicioso, en asuntos como el clima, equidad de género, migraciones, fiscalidad, derechos humanos y paz. Una apuesta que ha de realizarse desde el multilateralismo, la solidaridad y la garantía de que todas las políticas contribuyen coherentemente con el desarrollo sostenible.

Es necesario recuperar una política pública de cooperación fortalecida, estable, innovadora, de calidad, en la que participen los actores de la cooperación y que consiga superar los años de recortes y que deje atrás la situación de absoluta excepcionalidad dentro de los países de la Unión Europea.

Además, el Gobierno que salga de las urnas deberá contribuir a que la Unión Europea ponga los derechos humanos, la sostenibilidad y la paz como ejes de su acción exterior. También, deberá participar en los espacios multilaterales de las instituciones, plataformas y fondos estratégicos que promueven el desarrollo y la justicia global.

Un mundo en emergencia

Afecta a 2.200 millones de personas en los países en desarrollo y se ha profundizado en los países desarrollados afectando mayoritariamente a la población infantil y a las mujeres, y degradando las condiciones laborales de amplias capas de la población. El hambre, que ha aumentado por tercer año consecutivo tras una década de descensos, afecta a 1 de cada 9 personas. España tiene 29,2% de la población en riesgo de pobreza y exclusión y es el país europeo que más ha aumentado este indicador durante la crisis, después de Grecia.

Sin precedentes en la historia 62 personas más ricas del mundo poseen los mismos recursos que la mitad de la población y mientras existen 21 billones de dólares en paraísos fiscales.

Afecta a la población más pobre. El 70% de las personas extremadamente pobres que viven en países en desarrollo lo hacen en áreas rurales, las más sensibles al cambio climático, a los sistemas extractivos y los mercados globales de productos alimenticios. Hemos superado la biocapacidad de la tierra y sistemas fundamentales para la vida – clima, biodiversidad y suelos – están en riesgo de colapso. Según el IPCC solo tenemos 10 o 12 años para frenar las peores consecuencias del Cambio Climático.

Vivimos los mayores desplazamientos forzosos de la historia, tras la Segunda Guerra Mundial, 65 millones de personas desplazadas, migrantes y refugiadas, se calcula que, de ellas, 20 millones están vinculadas a causas asociadas al cambio climático.

Solo 3% de la población mundial vive en países con Estados que permiten y fomentan la participación de la ciudadanía en la defensa de sus derechos y en los procesos de toma de decisiones que les afectan. Asistimos a una preocupante tendencia mundial de aprobación de leyes para obstaculizar el derecho a la libertad de asociación y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de quienes participan en ellas. En 106 países los ciudadanos corren riesgo cuando se organizan, expresan o movilizan para la mejora democrática de sus sociedades. En 2018 se registró el asesinato de, al menos, 321 defensores y defensoras de derechos humanos.

Una agenda 2030 en movimiento

El ciclo de depredación de recursos, cambio climático, vulnerabilidad, inestabilidad y cierre del espacio cívico nos coloca en un sentido de urgencia  a la hora de repensar nuestro modelo sociedad. Las soluciones pasan por acelerar y crear las bases institucionales y sociales para realizar una transición justa, inclusiva, ecológica y solidaria.

Y para ello, nuestras sociedades deben superar la fuerte concentración de intereses que secuestran la agenda política en detrimento de los derechos e intereses de la mayoría.