Las elecciones del 28 de abril son una excelente oportunidad para que los partidos políticos puedan conectar sus propuestas con los problemas de la ciudadanía y dialogar sobre el modelo de país que necesitamos. Una de las cuestiones que deben ser definidas es qué papel debemos desempeñar en el mundo y qué lugar ocupará en ese contexto la Política de Cooperación.

 

España deberá recuperar y situar en el centro de su acción exterior una Cooperación ambiciosa, transformadora y conectada con una ciudadanía -que ha demostrado ser comprometida y solidaria. De ese modo, se reforzará la dimensión internacional de la Agenda 2030; y se fomentará nuestro liderazgo en el seno de la Alianza Global para fomentar un desarrollo inclusivo y sostenible desde el enfoque de género y de derechos humanos.

La cooperación debe ser la principal herramienta para definir nuestro papel en el mundo como país solidario y comprometido con los principales desafíos globales. Es fundamental garantizar que España asume un liderazgo, propositivo y ambicioso, en asuntos como el clima, equidad de género, migraciones, fiscalidad, derechos humanos y paz. Una apuesta que ha de realizarse desde el multilateralismo, la solidaridad y la garantía de que todas las políticas contribuyen coherentemente con el desarrollo sostenible.

Es necesario recuperar una política pública de cooperación fortalecida, estable, innovadora, de calidad, en la que participen los actores de la cooperación y que consiga superar los años de recortes y que deje atrás la situación de absoluta excepcionalidad dentro de los países de la Unión Europea.

Además, el Gobierno que salga de las urnas deberá contribuir a que la Unión Europea ponga los derechos humanos, la sostenibilidad y la paz como ejes de su acción exterior. También, deberá participar en los espacios multilaterales de las instituciones, plataformas y fondos estratégicos que promueven el desarrollo y la justicia global.

Recuperar la política de cooperación Internacional para el Desarrollo pasa por:

Renovar el consenso de política de Estado, especialmente a la hora de promover un proceso de reformas que permita alcanzar un marco jurídico estable, necesario para su impulso.

Contar con los recursos necesarios y de calidad para recuperar liderazgo, y ser un socio confiable. Para ello, será necesario priorizar las instituciones especializadas , como la AECID, y los instrumentos estratégicos.

Situar la Cooperación al servicio de la defensa y garantía de los derechos humanos, de ampliación del espacio cívico y democrático, la participación ciudadana, y la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.

Lograr una implementación de la Agenda 2030, ambiciosa, integral y al más alto nivel de la acción de Gobierno en la que se apueste por la dimensión internacional y cosmopolita y que conecte y promueva una ciudadanía implicada en los desafíos globales.

Reiteramos la voluntad de la Coordinadora de participar, junto al gobierno que salga de las urnas, el resto de actores políticos y sociales y el conjunto de la ciudadanía, en la construcción de la agenda de cooperación para el desarrollo que nuestro país necesita.

Recuperar la política de cooperación Internacional para el Desarrollo pasa por:

TEMAS CLAVE

(1) Impulsar la implementación de la Agenda 2030, con una estrategia de desarrollo sostenible, que apueste por su vertiente internacional, por la cooperación como política palanca y la participación y promoción de una ciudadanía implicada en los desafíos globales. Para ello es esencial completar las estructuras de gobernanza (de coordinación, seguimiento y revisión) necesarias para ello.

(2) Promover un proceso de reformas que permita impulsar la política de cooperación. Debe abordar, desde el consenso con partidos políticos y actores sociales, los cambios institucionales y legales necesarios para garantizar la eficacia, la seguridad jurídica a el largo plazo y la adaptación al nuevo marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible.

(3) Aumentar el presupuesto de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta situarnos en convergencia con los países de la Unión Europea (UE-15), es decir, el 0,5% de la RNB, en 2023, como paso intermedio hasta llegar al compromiso con el 0,7% antes de 2030. Defender un concepto de ayuda íntegra y genuina, ajena a intereses comerciales, geoestratégicos y de control de fronteras.

(4) Centrar la recuperación en las instituciones clave del sistema– especialmente en la AECID– e instrumentos y líneas estratégicas que aumenten la calidad y los recursos destinados a la acción humanitaria, la educación para el desarrollo, la ciudadanía global y el voluntariado; que fortalezcan las iniciativas de promoción y defensa de los derechos humanos y de quienes los defienden; que promuevan, la ampliación del espacio cívico y democrático, la transversalización del enfoque de género en la cooperación y de los derechos de la infancia.

(5) Garantizar una cooperación financiera bajo un marco obligatorio de cumplimiento de los derechos humanos y debida diligencia, de respeto de los principios de eficacia de la ayuda y que evite sobrecargar a los países con procesos de endeudamiento.

(6) Avanzar en la Coherencia de Política para el Desarrollo como condición necesaria para el cumplimiento de la Agenda 2030. Es preciso que el Gobierno que salga de las urnas se comprometa a impulsar un mecanismo específico que garantice que todas las políticas son coherentes con el desarrollo. Este mecanismo debe formar parte de las estructuras de gobernanza de la Agenda 2030 al más alto nivel. Además, es necesario impulsar iniciativas políticas estratégicas que limiten los efectos negativos de ciertas políticas en derechos y el desarrollo sostenible de otros países.

(7) Promover y liderar que la UE defina una estrategia de desarrollo sostenible antes de 2020 que sea paraguas de todas las políticas y estrategias europeas. Garantizar que el nuevo instrumento de vecindad, desarrollo y cooperación tenga recursos suficientes, un estándar elevado de inclusión y transparencia, y obedezca a objetivos de lucha contra la pobreza, la desigualdad y la promoción de los bienes públicos globales en el marco de la Agenda 2030.

(8) Reconocer e impulsar el papel de la cooperación descentralizada como expresión de la voluntad de solidaridad de nuestra sociedad. Dar valor a su papel específico de presencia territorial, participación y conexión con la ciudadanía en un marco de mejora de la coordinación en todos los niveles de la Administración.

Un mundo en emergencia

Afecta a 2.200 millones de personas en los países en desarrollo y se ha profundizado en los países desarrollados afectando mayoritariamente a la población infantil y a las mujeres, y degradando las condiciones laborales de amplias capas de la población. El hambre, que ha aumentado por tercer año consecutivo tras una década de descensos, afecta a 1 de cada 9 personas. España tiene 29,2% de la población en riesgo de pobreza y exclusión y es el país europeo que más ha aumentado este indicador durante la crisis, después de Grecia.

Sin precedentes en la historia 62 personas más ricas del mundo poseen los mismos recursos que la mitad de la población y mientras existen 21 billones de dólares en paraísos fiscales.

Afecta a la población más pobre. El 70% de las personas extremadamente pobres que viven en países en desarrollo lo hacen en áreas rurales, las más sensibles al cambio climático, a los sistemas extractivos y los mercados globales de productos alimenticios. Hemos superado la biocapacidad de la tierra y sistemas fundamentales para la vida – clima, biodiversidad y suelos – están en riesgo de colapso. Según el IPCC solo tenemos 10 o 12 años para frenar las peores consecuencias del Cambio Climático.

Vivimos los mayores desplazamientos forzosos de la historia, tras la Segunda Guerra Mundial, 65 millones de personas desplazadas, migrantes y refugiadas, se calcula que, de ellas, 20 millones están vinculadas a causas asociadas al cambio climático.

Solo 3% de la población mundial vive en países con Estados que permiten y fomentan la participación de la ciudadanía en la defensa de sus derechos y en los procesos de toma de decisiones que les afectan. Asistimos a una preocupante tendencia mundial de aprobación de leyes para obstaculizar el derecho a la libertad de asociación y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de quienes participan en ellas. En 106 países los ciudadanos corren riesgo cuando se organizan, expresan o movilizan para la mejora democrática de sus sociedades. En 2018 se registró el asesinato de, al menos, 321 defensores y defensoras de derechos humanos.

Una agenda 2030 en movimiento

El ciclo de depredación de recursos, cambio climático, vulnerabilidad, inestabilidad y cierre del espacio cívico nos coloca en un sentido de urgencia  a la hora de repensar nuestro modelo sociedad. Las soluciones pasan por acelerar y crear las bases institucionales y sociales para realizar una transición justa, inclusiva, ecológica y solidaria.

Y para ello, nuestras sociedades deben superar la fuerte concentración de intereses que secuestran la agenda política en detrimento de los derechos e intereses de la mayoría.