Las y los representantes de las Coordinadoras Autonómicas de ONGD, reunidas en Burgos, para analizar la situación de la Cooperación y la Educación para el Desarrollo en las comunidades y municipios del estado español, acuerdan exigir que los gobiernos autonómicos, locales, así como el nuevo gobierno estatal (al actual y al que sea elegido en las próximas elecciones) la recuperación inmediata de las Políticas de Cooperación como instrumentos de solidaridad internacional, que contribuyan a una buena gestión de los bienes públicos globales y que sean garantes e impulsen la participación ciudadana y de las ONGD, elementos imprescindibles en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria desde las realidad local.
DECLARACIÓN FINAL DEL XIII ENCUENTRO ANUAL DE LA
RED DE COORDINADORAS AUTONÓMICAS DE ONGD,
CELEBRADO EN BURGOS ENTRE EL 27 Y EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2015
Hace unos meses elegimos a las personas que iban a gobernar nuestras ciudades, pueblos y gran parte de nuestros gobiernos autonómicos. En unas semanas elegiremos el gobierno estatal, en un momento en el que muchas personas y organizaciones reclamamos, más que nunca, claridad en las propuestas de políticas sociales inclusivas con toda la ciudadanía, así como la recuperación de los derechos sociales y políticos arrebatados por el actual gobierno en los últimos años.
Desde las ONG de Desarrollo, y las coordinadoras autonómicas, es un imperativo recuperar la cooperación al desarrollo como herramienta para afianzar la solidaridad internacional, y romper con la desigualdad y la injusticia que el actual sistema neoliberal y patriarcal provoca. Debemos ampliar la mirada, transformar la política, generar procesos de transformación para que los Derechos Humanos, y su efectivo ejercicio, sean el marco fundamental que rija el nuevo modelo social, económico y ecológico. Sus principios de igualdad y no discriminación, de participación y empoderamiento, de atención prioritaria a los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad proporcionan un marco de comprensión amplio y jerarquizado sobre qué necesidades han de ser atendidas, y son una obligación de los Estados. Esto implica que las personas migrantes y refugiadas accedan a los mismos derechos que el resto de ciudadanía.
La ciudadanía con una perspectiva global, y en las dimensiones personal, organizacional y desde el trabajo en red, debemos ser conscientes de nuestra capacidad de transformación de una sociedad y de un sistema que no nos gusta, porque sigue generando desigualdades cada vez mayores y perjudiciales para las personas y para el planeta.
Por todo ello manifestamos:
- La necesidad de redefinir los conceptos de desarrollo y de solidaridad, desde la evaluación crítica de los pírricos resultados conseguidos en la lucha contra la pobreza y las desigualdades por parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para ello se hace imprescindible la experiencia, trayectoria y reflexiones de las ONGD y la sociedad civil.
- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pueden y deben ser una nueva oportunidad para la lucha contra la pobreza y las desigualdades de todo tipo y la insostenibilidad que supone las dinámicas económicas y políticas que imperan.
- El trabajo en red de las ONGD y los Movimientos Sociales es imprescindible para mejorar nuestras capacidades desde la colaboración y la suma de esfuerzos comunes, especialmente para conectar con mayor eficiencia con la ciudadanía y aumentar la interlocución con las administraciones públicas y articular nuestras demandas con el objeto de consensuar las políticas sociales de cooperación en cada territorio.
- La educación para la ciudadanía global y para la transformación es fundamental para construirnos como ciudadanía implicada desde lo local a lo global.
En un contexto de desmantelamiento de las políticas sociales a nivel autonómico y local, especialmente de la política de Cooperación (que ha sufrido un 70% de recorte desde 2008), exigimos a los gobiernos autonómicos y locales así como a los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones generales:
- Reconocer e impulsar la política de Cooperación como una política social pública, previsible, transparente, al margen de la lucha partidista. Orientada a la lucha contra la pobreza y la desigualdad, especialmente la de género y al impulso de una conciencia ciudadana crítica y solidaria y con una dotación presupuestaria que responda al compromiso internacional del 0,7% del PIB y suponga un compromiso firme en la defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo.
- Derogar la reforma local impulsada por la Ley 27/2013 y que dificulta que las administraciones municipales puedan garantizar el pleno ejercicio de los derechos a todas las personas, el fortalecimiento de la Democracia desde el nivel local mediante la transparencia y la participación ciudadana. Por este motivo demandamos a los partidos que rechacen de forma contundente.
- Impulsar la Coherencia de Políticas para el Desarrollo en el conjunto de la acción de gobierno, para abordar desde un enfoque causal la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y la defensa de un medio ambiente sostenible. En este sentido, promover el establecimiento de cláusulas sociales en la contratación pública y la definición de criterios de Compra Pública Ética, entre otros, el consumo de los productos de Comercio Justo, la Banca Ética y la Economía Solidaria y Alternativa. Así mismo impulsar una políticas internacionales que respondan a los principios y valores de la cooperación.
- Respetar y favorecer la participación real, equitativa y efectiva de la sociedad en el diseño, implementación, seguimiento y rendición de cuentas de la política de Cooperación, mejorando el funcionamiento y representatividad de los Consejos de Cooperación para que se conviertan en verdaderos órganos de decisión ciudadana. Todo ello desde el respeto institucional a las ONGD y a las Coordinadoras Autonómicas y Estatal como interlocutoras principales.
- Establecer mecanismos para profundizar en la complementariedad y el valor diferencial de la política de Cooperación de las Comunidades Autónomas y Entes Locales, respecto a la que realiza el MAEC. Fomentar la coordinación de las políticas de Cooperación entre los actores locales, autonómicos y el MAEC, especialmente en materia de Acción Humanitaria. Asi mismo mejorar las capacidades técnicas y mecanismos de gestión, de los órganos encargados de la política de Cooperación, dotarlos de competencias políticas, recursos económicos, medios técnicos suficientes y adecuados, así como de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Para finalizar como ciudadanía comprometida entendemos la pobreza como una grave violación de los derechos humanos y reafirmamos nuestra intención de seguir trabajando por su erradicación, la vida digna, plena y con derechos humanos.