• Organiza: Mundubat
  • Fecha límite de presentación de candidaturas: 15/12/2019
  • Duración del contrato: 3 meses
  • Tipo de contrato: Evaluación externa
  • Referencia: Ref. EVALUACIÓN PROYECTO TERRITORIOS QUE DEFIENDEN
  • Dónde: España
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA FINAL DEL PROYECTO “Territorios que defienden los derechos humanos: Acciones locales que provocan impactos globales”
Brigadas Internacionales de Paz y la Fundación Mundubat buscan la contratación de una persona/equipo evaluador para el desarrollo de un proceso de evaluación final de un proyecto común de educación para la transformación social en el sector de los derechos humanos, en concreto de los y las defensoras de derechos humanos.
  1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO
 El proyecto “Territorios que defienden los derechos humanos: Acciones locales que provocan impactos globales” es una intervención desarrollada de manera consorciada por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y la Fundación Mundubat y cofinanciada por la AVCD, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y el Ayuntamiento de Basauri, durante un plazo de 24 meses, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi
A través de la intervención se ha buscado que la población vasca adquiera, desarrolle y mantenga un compromiso solidario y coherente para la protección a personas, organizaciones y comunidades que defienden los DDHH, con el objetivo de conseguir justicia, reparación, equidad y el empoderamiento popular.
  1. INTRODUCCIÓN
 
  1. ANTECEDENTES
 
Las personas defensoras de los DDHH son aquellos individuos, grupos y organismos de la sociedad que, de manera no violenta, promueven y protegen los DDHH y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Persiguen la promoción y la protección de los derechos civiles y políticos, así como la promoción, la protección y la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Promueven y protegen asimismo los derechos de los miembros de grupos tales como las comunidades indígenas.
El término “defensor de derechos humanos” aparece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de DDHH[1[1]]. La Declaración no establece nuevos derechos, pero reconoce que el acto de defender los DDHH es un derecho en sí mismo, proporcionando un nuevo marco que insta a los Estados a proteger, promover y cumplir con los DDHH de los defensores y defensoras. Adicionalmente, El Consejo europeo adoptó el 15 de junio de 2004 las Directrices relativas a los defensores de derechos humanos, revisadas en 2008[2]. Con este instrumento, la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros han hecho de la protección de los defensores de DDHH una prioridad de la política de la Unión en materia de derechos humanos.
Sin embargo, cada año se continúan produciendo numerosas violaciones y abusos en contra de las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos. Según datos de Front Line Defenders[3], en 2016, 281 personas defensoras fueron asesinadas en 25 países, suponiendo un incremento respecto a la cifra del año anterior, y de estas 217 fueron asesinadas en Latinoamérica. Un caso emblemático que ilustra esta desoladora realidad son hechos como el asesinato de Berta Cáceres, quien lideró la resistencia del pueblo indígena Lenca en Honduras frente a la construcción de la represa de Agua Zarca. En Colombia, por ejemplo, han sido asesinados 20 dirigentes sociales y defensores de DDHH en este primer trimestre del año[4].
La Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) sobre defensores y defensoras de DDHH indica que las amenazas a estas personas suponen un “mensaje intimidatorio que se envía a la sociedad en su conjunto y que la coloca en situación de indefensión”[5]. Y eso es lo más preocupante: que las sociedades donde se violan los DDHH sientan que no se pueden defender ni promocionar los mismos, que no hay salida, que no hay referentes.
En particular las libertades de las comunidades, organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos, como la libertad de expresión, de asamblea y de asociación, son vulneradas por la vía judicial y legislativa a través, por ejemplo, de estados de emergencia.  La defensa de los DDHH es cada vez más criminalizada bajo cargos falsos, incluyendo violación, obstrucción de vías, incitación a la violencia, portación ilegal de armas (considerando en el marco de organizaciones campesinas el machete un arma), usurpación agravada, terrorismo y otros. En estos casos las personas afectadas a menudo carecen de un proceso justo y garantías procesales; sufren de pruebas falsas, fabricadas o insustanciales; testimonios de los testigos no son confiables o son pagados; la detención preventiva o períodos de encarcelamiento excesivos. Otro aspecto de la criminalización es el abuso de órdenes de captura que no se implementan, para paralizar o inmovilizar a estas personas.
Estas personas también sufren campañas de difamación en los medios de comunicación y son objeto de una fuerte estigmatización derivada de declaraciones de los funcionarios públicos en las que los acusan de terroristas, ser enemigos del desarrollo. Ante esta situación las organizaciones, comunidades y personas defensoras de DDHH encuentran que su legítimo derecho a defender los derechos de las comunidades es violentado.
Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los individuos y las comunidades son violados sistemáticamente, incluidos los derechos a la alimentación, el agua y a la vivienda. La instalación de megaproyectos económicos afecta a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Las comunidades son, en algunas ocasiones, desplazadas o desalojadas forzosamente de sus tierras o sin suficientes garantías para la reubicación, o sin una compensación adecuada, sin respetarse los principios básicos sobre desalojos de Naciones Unidas. Grupos que gozan de medidas de protección especial, como los pueblos indígenas y afrodescendientes, ven sus derechos colectivos ignorados  en el marco de la instalación de proyectos económicos de gran escala que afectan sus territorios y cosmovisiones. El acceso a la información es obstaculizado. En la mayoría de los casos no se realizan o se hace de manera inadecuada los procesos de consulta ni se requiere un  consentimiento previo, libre e informado, tal y como está fijado en el Convenio 169 de la OIT[6]. En los casos en los que las comunidades locales han sido consultadas, los resultados no han sido reconocidos por los gobiernos. Los derechos a la verdad, justicia y reparación se ven socavados por una casi absoluta impunidad resultado de un sistema de justicia  ineficiente, arbitrario  y  corrupto así como por la falta de voluntad política de los gobiernos.
Si las personas defensoras que trabajan en defensa de derechos se enfrentan a riesgos como hostigamientos, amenazas, criminalización e incluso al riesgo de ser asesinadas, esta situación se ve agravada para las mujeres defensoras. Y es que, cuando las mujeres defienden derechos humanos, están al mismo tiempo desafiando las normas culturales, religiosas, sociales y hasta legales acerca de los patrones de feminidad hegemónica y el papel más pasivo al que las mujeres son relegadas en las sociedades patriarcales.
Según el informe de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de DDHH (IM-Defensoras)[7], entre 2012 y 2014 hubo un total de 1.688 agresiones a mujeres defensoras de DDHH en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, registrándose un aumento del 45,7%. Además, en el 37% de las agresiones registradas se identificaron componentes de género. Asimismo, entre 2012 y 2016, se registraron 42 asesinatos de defensoras de derechos humanos, los cuales en su mayoría permanecen en la impunidad. En Colombia, según el registro realizado por el Sistema de Información sobre Agresiones del Programa Somos Defensores, durante 2016 se registraron 155 agresiones contra defensoras, de las cuales 9 fueron asesinatos[8].
El proyecto sobre el que se desarrollará el proceso de evaluación viene a consolidar  el trabajo que PBI y Mundubat vienen realizando, en un tiempo por separado y desde hace ya unos años,  conjuntamente para la protección y defensa de los derechos humanos.  El hecho de enfrentar problemáticas similares en los mismos contextos, los objetivos comunes y compartidos con otras organizaciones y movimientos sociales del Sur y los numerosos espacios de encuentro en que han coincido, tanto en el espacio como en el tiempo, han impulsado un acercamiento cada vez mayor que se ha plasmado en diferentes experiencias de trabajo desarrolladas conjuntamente.
  1. BREVE RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN
 
El proyecto objeto de evaluación ha buscado fortalecer los vínculos entre movimientos sociales de Norte y Sur, y entre actores políticos de Euskadi, para la acción global en defensa de los derechos humanos. Al ser un proyecto cuyo enfoque está basado en derechos, se deja se sustituye la visión de “sujetos de necesidades” por la de “sujetos de derechos”. Esto permite que las soluciones pasen por la exigibilidad hacía los titulares de obligaciones de las garantías y derechos que gozan las personas. Se trata de un proyecto de incidencia política, se espera que la realización de las acciones contempladas contribuya a movilizar posiciones políticas en torno al apoyo a defensores y defensoras.
Los cambios de actitud que se prevén incentivar en la población sujeto, pasan por tres etapas. Cada una de estas corresponde a uno de los resultados del proyecto.
Primer cambio: Los movimientos sociales y organizaciones en Euskadi incorporan en sus agendas de trabajo el apoyo a los y las defensoras de DDHH en el Sur. Este cambio se prevé generar en dos momentos: en el primer momento, queremos identificar y visibilizar las causas de lucha de las organizaciones defensoras en el Sur. Para ello, ya hemos previsto una serie de contenidos específicos que buscan poner la atención en los elementos distintivitos que relataremos acerca del papel que desempeñan los y las defensoras. Una vez recogida la información, se crearán contenidos audiovisuales para difusión ampliada. En un segundo momento, avanzaremos en la identificación de potenciales organizaciones interesadas en ponerse en contacto con los movimientos sociales en el Sur. Hecha la identificación se habilitará un mecanismo de comunicación permanente entre ambas organizaciones.
Segundo cambio. Los titulares de derecho en Euskadi amplían su capacidad de análisis por la defensa de los DDHH en el actual contexto mundial. Una vez que se han obtenido los materiales y se han establecido los mecanismos de comunicación con las organizaciones del norte y sur, se pone un marcha un paquete formativo adaptado según los intereses de cada tipo de audiencia. En el proceso de desarrollo de capacidades se fomenta el intercambio de experiencias, la promoción artístico-cultural, y la formación. Este resultado tiene una doble intencionalidad: en la medida las titulares de derechos se involucran y conocen sobre la situación de los defensores, mayor propensión tendrán a formar parte de acciones de solidaridad. Este segundo resultado, por tanto, aspira a 1) afianzar capacidades, y 2) generar un efecto multiplicador protagonizado por las mismas organizaciones colaboradoras.
Tercer cambio. Las Instituciones públicas/autonómicas incorporan prácticas políticas en apoyo a los y las defensoras de derechos humanos. La participación de titulares de obligaciones se da en la medida en que las organizaciones vascas mantienen interés y se suman a las iniciativas de presión para aplicar políticas públicas favorables a defensoras. Esta actividad está dirigida a dos ámbitos de la administración: el municipal, que, asumimos, estará liderado por organizaciones sensibilizadas en este tema, y 2) el autonómico, en el que se plantea sentar las bases para una acción de largo plazo. En el caso del primero, se trata de poner en marcha un foro por ciudades defensoras; en el caso de la segundo, se busca dotar de herramientas para incorporar el enfoque de protección a defensores en la política de internacionalización vasca.
El siguiente gráfico muestra una visión esquemática de la lógica de intervención
  1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FINAL 
El objetivo de la evaluación final del proyecto es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad de la intervención. Debe proporcionar información creíble y útil, que permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de decisiones de la población sujeto.
  1. Analizar la pertinencia del proyecto en relación con:
  2. Las necesidades del contexto global que enfrentan los y las defensoras de derechos humanos
  3. Los documentos estratégicos de las dos entidades consorciadas, así como de los principales donantes del proyecto
  4. Las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las organizaciones de defensores/as de derechos humanos implicados en el proyecto
  1. Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos general y específicos.
  1. Evaluar la eficiencia relativa de los componentes del programa (recursos humanos y materiales).
  1. Evaluar la sostenibilidad de los beneficios aportados por el proyecto
  1. Evaluar el modelo de gestión consorciada entre Brigadas Internacionales de Paz y la Fundación Mundubat, así como los procesos de información, comunicación y fortalecimiento institucional existente
  1. Proporcionar recomendaciones y acciones de mejora pertinentes en base a los aprendizajes extraídos de la acción para futuras acciones coordinadas entre PBI y Mundubat en el sector de intervención de la presente propuesta
  • ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS
La evaluación estará marcada por las siguientes dimensiones de estudio:
Dimensión institucional y reglamentaria: Será fundamental la incorporación en la dimensión institucional de la evaluación, el derecho internacional de los derechos humanos, específicamente en aquellos ámbitos vinculados con el derecho a la defensa de derechos. Es fundamental, asimismo, la incorporación del marco normativo de referencia para los proyectos de educación para la transformación social de la AVCD y del resto de financiadores implicados. Igualmente será necesaria la consideración de las estrategias de las dos entidades consorciadas (PBI y Mundubat)
Dimensión sectorial: La intervención a evaluar se enmarca en el sector de DDHH, específicamente en la protección a defensores y defensoras de derechos humanos.
Dimensión geográfica: La evaluación cubrirá toda la zona de intervención del proyecto, esto es la Comunidad Autónoma de Euskadi, con especial énfasis en los siguientes municipios: Irún, Renteria, Hernani, Amorebieta, Durango, Ea y Alegria-Dulantzi
Dimensión temporal: Se evaluará todo el plazo de ejecución de la intervención, del 31/12/2017 al 31/12/2019
Con respecto a los actores implicados en la evaluación se contempla la participación en la misma del máximo número de entidades vinculadas con la propuesta, garantizando un equilibrio entre los diversos tipos de actores, en atención al siguiente cuadro de actores:
ACTORES
Actor y entidad
Expectativas de participación
Relevancia en el proceso
Prioridad (de 1 a 4)
Entidades promotoras
PBI y Mundubat
Las dos entidades participarán en todo el proceso de evaluación (desde la definición de los TdR, pasando por la selección del equipo evaluación y coordinación de
todo el proceso evaluador)
Alta
4
Organizaciones de la sociedad civil vasca (concebidos como titulares de responsabilidades y población sujeto del proyecto
Organizaciones y redes sociales implicadas en el movimiento alterglobalización y de solidaridad (implicadas en la plataforma Vocesdefensoras)
Organizaciones y redes de mujeres y feministas.
Organizaciones
especializadas en la lucha contra el racismo y la xenofobia
Colectivos de jóvenes
Organizaciones que trabajan con colectivos de inmigrantes
Organizaciones internacionalistas
Organizaciones Culturales
(se facilitará un listado final)
Se espera que tengan un papel como informante. Participación reactiva. Recibirán información sobre las principales conclusiones de la evaluación
Alta
3
Organizaciones de la sociedad civil de terceros países (concebidos como titulares de responsabilidades y población sujeto del proyecto)
Organizaciones defensoras de DDHH en países del Sur: Guatemala, Honduras, México, Colombia, Sahara, Palestina (CUC, Asociación Arcoiris, Consorcio Oaxaca, Justicia y Paz, Consorcio PACIPAZ, ASVDH, UPWC)
Se espera que tengan un papel como informante
principal y prioritario.
Recibirán información sobre las principales conclusiones de la evaluación
Alta
4
Universidades
Universidad de Deusto
UPV
Se espera que tengan un papel como informante. Participación reactiva. Recibirán información sobre las principales conclusiones de la evaluación
Media
2
Entidades locales de la CAE
Ayuntamientos de Irun, Renteria, Hernani, Amorebieta, Durango, Ea Alegria-Durantzi, Laudio, Amurrio (participantes o vinculados en alguna etapa al proceso Herribabesarea)
Se espera que tengan un papel como informante. Participación reactiva. Recibirán información sobre las principales conclusiones de la evaluación
Alta
4
Agencias donantes
Agencia Vasca de Cooperación al desarrollo
Diputación Foral de Gipuzkoa
Ayuntamiento de Donostia
Ayuntamiento de Basauri
Receptores del informe de evaluación
Alta
4
  1. NIVELES, CRITERIOS y PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN
El equipo evaluador deberá definir las preguntas clave  para dar respuesta a los objetivos específicos de la evaluación, estas preguntas responderán a los principales criterios de evaluación y comprenderán tres niveles de análisis:
– Análisis del diseño/formulación del proyecto.
– Implementación del proyecto.
– Resultados del proyecto.
El equipo o persona que realice la evaluación debe ser capaz de brindar información clara, concisa y fundamentada que dé respuesta, al menos, a las siguientes preguntas correspondientes a los criterios de evaluación previstos (se valorará especialmente la ampliación de estas preguntas con aportes propios del equipo evaluador). Todos los criterios de evaluación deberán incorporar la transversalización del análisis de género.
Criterio
Preguntas
Pertinencia.
¿El diseño del proyecto
responde al contexto en el
que se ha ejecutado?
Subcriterios: apropiación, alineamiento, armonización, complementariedad y coherencia interna y política.
– ¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población beneficiaria?
– ¿Se han tenido en cuenta las necesidades prácticas de en relación a la protección integral, los derechos humanos, y las necesidades estratégicas?
– ¿El proyecto logro incidir en la toma de conciencia de mujeres y hombres defensores sobre sus intereses estratégicos de derechos humanos y protección, así como en su organización y movilización en torno a ellos?
– ¿Los problemas identificados se corresponden con la realidad de las mujeres y hombres defensores, las prioridades se corresponden con los objetivos propuestos y los plazos establecidos en el proyecto?
– ¿Qué análisis hizo el proyecto sobre las relaciones de género que se daban en el contexto especifico donde se iba a ejecutar el proyecto? ¿Se ha identificado una estrategia dentro del proyecto para impulsar la igualdad de género?
– ¿Los tiempos previstos en el proyecto fueron los adecuados?
– ¿Supone la lógica interna del proyecto la mejor forma de abordar los problemas identificados por la población participantes desde la perspectiva de los derechos humanos y género?
Eficacia.
¿Se han cumplido los
objetivos para los que fue
diseñado este Proyecto?
– ¿Se han alcanzado los resultados previstos?
– ¿Se han logrado otros efectos no previstos? ¿Cuáles? ¿Positivos o negativos?
– ¿Resulto factible la consecución de los resultados y objetivos programados?
– ¿Se han puesto en marcha mecanismos para beneficiar a los colectivos más vulnerables? ¿Cómo podrían ser mejorados?
– ¿Se han puesto en marcha estrategias para el empoderamiento de las mujeres?
– ¿Qué mecanismos se definieron para la promoción de la participación de los hombres y las mujeres en cada línea de intervención? ¿Cómo podrían ser mejorados?
– ¿Fueron adecuados los procesos de seguimiento interno durante la intervención?
Eficiencia.
¿El Proyecto ha sido gestionado
adecuadamente?
– ¿Fue factible alcanzar el cumplimiento de los resultados con el tiempo, los recursos humanos y el presupuesto definidos?
– ¿Ha sido eficiente la transformación de recursos en resultados?
– ¿Han funcionado los mecanismos de coordinación establecidos entre Mundubat y PBI? ¿Cómo afecto la coordinación o descoordinación para alcanzar los resultados del proyecto? ¿Cómo se han gestionado los conflictos entre ambas organizaciones?
– ¿Los mecanismos establecidos de comunicación entre los actores participantes y PBI/Mundubat fueron adecuados para la intervención? ¿Cómo se podría mejorar?
– ¿Los recursos utilizados incluyeron la perspectiva de derechos humanos y género (recurso humano, presupuestos)?
– ¿Se ha tenido en cuenta el desigual acceso a recursos por parte de mujeres y mismos? ¿Y el desigual control sobre los mismos?
Impacto.
– ¿Se corresponden los problemas identificados con los objetivos planteados?
– ¿Se ha definido correctamente la estructura de objetivos y resultados de la
intervención?
– ¿Son adecuadas las actividades que se programaron para lograr los objetivos de la intervención?
– ¿Complementa la intervención a otras estrategias o proyectos aplicados en
el mismo territorio, sector y población objetivo?
– ¿Se aprovecharon las posibles sinergias entre estos proyectos y la
intervención?
– La estructura de los resultados y actividades, así como los medios
presupuestados (incluyendo la estructura de recursos humanos), ¿Fueron
adecuados para lograr los objetivos contemplados?
– ¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión
articulados contribuyeron para alcanzar los resultados de la intervención?
– ¿En qué medida el proyecto contribuyó a la construcción de políticas
internas?
– ¿Cuál es el grado de aceptación de la población beneficiaria con relación a
las acciones y metodologías implementadas en las diferentes líneas de
intervención?
Sostenibilidad.
¿Los resultados pueden mantenerse en el tiempo?
– ¿Se pueden sostener los resultados en la población concluido el proyecto?
– ¿Cómo afectó el contexto social y político al proyecto?
– ¿Influencia del proyecto sobre la capacidad institucional de las socias
involucradas? ¿Cómo podrían ser mejorados?
– ¿Se han puesto en marcha mecanismos para beneficiar a los colectivos más vulnerables? ¿Cómo podrían ser mejorados?
– ¿Qué evidencia hay de que las diferentes acciones llevadas a cabo desde el proyecto son sostenibles?
– ¿Qué mecanismos se han puesto en marcha en cada línea de intervención
para asegurar la sostenibilidad? ¿Cómo podrían ser mejorados?
– ¿Se considera pertinente seguir trabajando los temas de protección y
derechos humanos con las socias y/o la población beneficiaria? ¿En qué
modalidad y respondiendo a cuáles necesidades específicas?
Grado de participación
– ¿El nivel y tipo de las relaciones establecidas entre los actores implicados fue adecuado en relación a los objetivos del proyecto? ¿En qué medida el grado de implicación de los actores locales contribuyó al impacto de desarrollo de la intervención?
– ¿Los procesos de comunicación interna y externa hacia el resto de los actores fueron adecuado para la intervención?
– ¿Qué mecanismos se han puesto en marcha para la promoción de la
participación de las mujeres en cada línea de intervención? ¿Cómo podrían ser mejorados?
– ¿Se ha valorado el diferente grado de poder de mujeres y hombres en la toma de decisiones? ¿Se ha impulsado la participación equitativa en los diferentes espacios promovidos por el proyecto?
  1. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
El equipo evaluador propondrá un modelo metodológico adecuado con las preguntas de evaluación. Se requiere la utilización de un método que utilice datos cuantitativos y cualitativos. Se pondrá en valor la utilización de datos múltiples de permitan la triangulación, es decir, utilizar dos o mas fuentes de información o análisis para verificar y ajustar una valoración. Es importante resaltar que la metodología deber incluir el enfoque de género y derechos humanos, así como herramientas que faciliten la participación de todos los actores identificados en el apartado III de estos TdR.
A modo orientativo se aconseja el uso de las siguientes técnicas:
  • Estudio de equipo: el análisis documental.
  • Trabajo de campo: las entrevistas, observación (discreta, indiscreta y/o participativa) y grupos de discusión (se podrán incorporar otras técnicas participativas).
El equipo evaluador deberá tener en consideración, al menos, los siguientes documentos, que serán facilitados por PBI y/o Mundubat:
– Formulario del proyecto, matriz de planificación y presupuesto aprobado
– Informe de seguimiento e informe final
– Decreto por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas.
Asimismo, deberá indicar las necesidades de información adicionales para contactar las fuentes primarias en atención al cuadro de actores implicados sugerido
La persona física o jurídica encargada de la evaluación elaborará y presentará el Plan de Trabajo junto con un cronograma. La evaluación deberá realizarse entre el 30 de diciembre de 2019 y el 29  marzo de 2020 (3 meses).
A modo orientativo se propone las siguientes fases para el trabajo de evaluación
 Fases de la Evaluación
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Productos
Estudio de Evaluación
Establecimiento del Plan de trabajo
X
Plan de trabajo definitivo
Estudio de Equipo
X
X
Informe preliminar
Trabajo de Campo
X
Memoria de campo
Informe de Evaluación
X
Informe borrador e Informe Final
Comunicación de resultados
Difusión de los resultados
X
Materiales divulgativos, audiovisuales
Los productos que se esperan de esta evaluación son:
  • Un informe de evaluación. En castellano. No superior a 50 folios (no incluidos anexos).
  • Un resumen de la evaluación. En castellano. No superior a 5 folios. De uso público.
  • Una presentación en formato ppt o similar con los resultados de la evaluación.
  1. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN
La elaboración del Informe de Evaluación será realizada por parte del equipo evaluador. Seguirá la estructura propuesta y contemplará los criterios de calidad detallados. Se pedirá al equipo encargado de la evaluación que el informe contenga al menos los siguientes apartados:
  1. Datos generales del proyecto
  2. Resumen ejecutivo que incluye:
Descripción breve del proyecto.
Contexto y propósito de la evaluación.
Resumen de las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas.
  1. Introducción (con los antecedentes, datos generales y objetivos de la evaluación).
  2. Descripción del objeto de evaluación y su contexto.
  3. Enfoque metodológico y técnicas usadas (preguntas y criterios de evaluación; metodología y técnicas aplicadas; y condicionantes de la evaluación realizada).
  4. Análisis e interpretación de la información recopilada y resultados de la evaluación.
  5. Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación.
  6. Recomendaciones de la evaluación.
  7. Lecciones aprendidas.
  8. Acciones emprendidas para la difusión de la evaluación.
  9. Anexos:
Términos de Referencia (TdR).
Itinerario.
Lista de personas entrevistadas.
Resumen de visitas de campo.
Lista o matriz de documentos revisados.
Cuestionario utilizado y resumen de resultados.
Formato de Acuerdo del Consultor de la Evaluación.
El Informe Final de Evaluación no excederá de 50 páginas en total (anexos aparte) y se entregará a PBI y a Mundubat una copia en versión papel y otra en versión electrónica
El Informe de Evaluación deberá cumplir los siguientes estándares de calidad:
  • Idoneidad del análisis del contexto.
  • Oportunidad del enfoque metodológico y las técnicas utilizadas.
  • Fiabilidad de las fuentes de información.
  • Suficiencia en el examen de las preguntas y criterios de evaluación.
  • Validez de los resultados y las conclusiones y utilidad de las recomendaciones.
  • Calidad de la participación en la evaluación de las entidades implicadas y población sujeto.
  • Credibilidad, ética e imparcialidad del proceso de evaluación.
  • Adecuación del plan de comunicación de la evaluación.
  • EQUIPO EVALUADOR . 
Los requisitos que buscamos en la persona física o jurídica prestadora de los servicios de evaluación son:
  • Experiencia mínima de dos años en evaluación de proyectos, especialmente en el ámbito de la cooperación y educación para el desarrollo.
  • Formación académica: licenciatura superior con estudios complementarios en cooperación al desarrollo y en evaluación de proyectos/proyectos de cooperación. Formación académica relacionada con Derechos Humanos.
  • Experiencia teórica y práctica sobre la protección a Defensores/as de Derechos Humanos.
  • Experiencia en aplicación de la perspectiva de derechos humanos y género
  • Las personas o consultoras deberán señalar la composición del equipo evaluador, y las funciones que desempeñará cada una de las personas participantes en el proceso.
  • Se deberá nombrar a un/a coordinador/a del equipo, en quien recaerá la responsabilidad final del trabajo y la función de contacto con PBI y Mundubat
  • Se deberá a su vez explicitar dentro de la propuesta de manera específica las herramientas metodológicas que se desarrollará para valorar la perspectiva de género en el proyecto.
  • No haber tenido relación laboral previa con las entidades contratantes al menos durante los dos años previos a la propuesta de su contratación
  • PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN
A continuación, se establecen las premisas básicas de comportamiento ético y profesional de parte del equipo evaluador, así como las de la evaluación, autoría y publicación de la evaluación:
  • Anonimato y confidencialidad. La evaluación debe respetar el derecho de las personas a proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad.
  • Responsabilidad. Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los miembros del equipo o entre éstos y los responsables de la intervención, en relación con las conclusiones y/o recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier afirmación debe ser sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella.
  • Integridad. Los evaluadores tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no mencionadas específicamente en los TdR, si ello fuera necesario para obtener un análisis más completo de la intervención.
  • Independencia. El equipo evaluador deberá garantizar su independencia de la intervención evaluada, no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la compone.
  • Convalidación de la información. Corresponde al equipo evaluador garantizar la veracidad de la información recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será responsable de la información presentada en el Informe de evaluación.
  • Incidencias. En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo de campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser comunicados inmediatamente a la entidad ejecutora de la subvención y ésta, si lo considera necesario se lo comunicará a las entidades donantes. De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para justificar la no obtención de los resultados establecidos por la entidad en los presentes TdR.
  • Derechos de autor y divulgación. Se aclara que todo derecho de autor recae en PBI y Mundubat. La divulgación de la información recopilada y del Informe final es prerrogativa de estas entidades.
  • Régimen sancionador. En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en que la calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado, serán aplicables las penalizaciones y arbitrajes establecidos por la entidad contratante conforme al contrato privado establecido con el equipo evaluador.
  1. PRESUPUESTO DISPONIBLE
El presupuesto máximo disponible para la evaluación es de 6.848,60 euros (impuestos y retenciones incluidos a los que por ley haya lugar). Este monto incluirá todos los gastos que se puedan derivar del desarrollo de la evaluación (movilización a terreno, trabajo de campo, materiales producto de evaluación, personal de apoyo, etc.). En caso de realizarse contratos fuera del ámbito territorial del Estado Español, la persona o equipo consultor asume las responsabilidades fiscales del país donde se realice el contrato.
La forma de pago será:
  • – El 40% del total a la firma del contrato – 30 de diciembre de 2019
  • – El 30% a la presentación de las valoraciones preliminares.
  • – El 30% restante tras la aprobación del informe final de evaluación y a la entrega a satisfacción del documento final de evaluación y respectiva realización de jornada de presentación de resultados a los 3 meses de la finalización del contrato – 29 de marzo de 2020
  1. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La propuesta deberá presentarse electrónicamente antes del día 15/12/2019 a la dirección de correo electrónico: sensibilizacion@pbi-ee.org y hhernandez@mundubat.org, indicando en el asunto Ref. EVALUACIÓN PROYECTO TERRITORIOS QUE DEFIENDEN
Para resolver dudas pueden ponerse en contacto el correo electrónico descrito anteriormente.
A continuación, se establecen las características que debe tener la propuesta técnica:
  1. Portada donde se indique: Nombre de la empresa o equipo evaluador o expertas‐os individuales, título de la evaluación y datos de contacto.
  1. Propuesta técnica (NO SUPERIOR A 10 FOLIOS), que incluya:
o Metodologías elegidas para la evaluación (incluida comunicación de resultados).
o Propuesta preliminar de fuentes de información (documentales, informantes claves, expertos/tas, beneficiarios/as etc.)
o Propuesta de matriz de evaluación.
o Cronograma
o Presentación de la persona o equipo evaluador (incluyendo sus funciones).
  1. Propuesta económica (desglose presupuestario)
  2. CV de la persona o empresa (en su caso) y/o de las personas integrantes del equipo evaluador
Las propuestas que se presenten serán valoradas en función de la siguiente tabla:
Criterio
Valor Criterio
Factores
Valor factores
Experiencia profesional del equipo evaluador
40%
Experiencia en evaluación de proyectos de educación para la transformación social con enfoque basado en derechos
10%
Experiencia de trabajo en el sector de protección a defensores de derechos humanos
15%
Experiencia en formulación/ejecución/evaluación de proyectos con enfoque étnico territorial
5%
Experiencia en trabajo (evaluación y/o ejecución) en Colombia, México, Honduras, Guatemala, Palestina y la RASD
10%
Perfil académico de la persona o equipo evaluador
20%
Formación en cooperación al desarrollo, específicamente en evaluación de proyectos.
10%
Formación en Derechos Humanos
10%
Calidad y valor técnico de la oferta
40%
Valor añadido a los objetivos de la evaluación propuesta
10%
Metodología de evaluación propuesta a partir de la sugerida
15%
Calidad de la matriz de evaluación
10%
Propuesta económica
5%
[1] Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los DDHH y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Aprobada por la Resolución 53/144 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998.
[2] https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16332-re02.es08.pdf
[3]Front Line Defender: Informe anual sobre los/as defensores/as de DDHH en riesgo en 2016, 3 de enero de 2017
https://www.frontlinedefenders.org/es/resource-publication/2016-annual-report
[4] https://somosdefensores.org/index.php/publicaciones/informes-siaddhh/145-me-acabo-de-enterar
[5] http://www.cidh.org/countryrep/defensores/defensorescap5.htm
[6] El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, obliga a los Estados a que promuevan un proceso de consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas en todos los asuntos que puedan afectar a sus personas, a sus bienes o a sus derechos individuales y colectivos.
[7] Iniciativa Mesoamericana de Mujeres defensoras de derechos Humanos: Informe 2012-2014 de agresiones contra defensoras de DDHH en Mesoamérica
https://im-defensoras.org/wp-content/uploads/2016/04/283951300-Informe-2012-2014-de-Agresiones-contra-Defensoras-de-DDHH-en-Mesoamerica.pdf
[8] https://somosdefensores.org/index.php/publicaciones/informes-siaddhh/145-me-acabo-de-enterar

 

La propuesta deberá presentarse electrónicamente antes del día 15/12/2019 a la dirección de correo electrónico: sensibilizacion@pbi-ee.org y hhernandez@mundubat.org, indicando en el asunto Ref. EVALUACIÓN PROYECTO TERRITORIOS QUE DEFIENDEN

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