Artículo de Andrés R. Amayuelas, publicado el 6 de abril de 2016 en Planeta Futuro de El País.es
Ya lo advirtió recientemente Boaventura de Sousa Santos: “la idea de Europa como defensora de los Derechos Humanos es un mito romántico”. El 4 de abril de 2016 pasará a la historia de la infamia de la humanidad. Como protagonista de la vergüenza, una Europa que incumple flagrantemente la legislación internacional, incluso la suya propia, en materia de derechos humanos y refugio. La UE ha dinamitado sus valores fundacionales y, con ellos, el propio proyecto europeo. Las consecuencias se llevan por delante los derechos humanos y las vidas de miles de personas.
“Ver esposadas con bridas de plástico a las personas expulsadas de manera masiva hacia Turquía es algo que, definitivamente, me crea una tristeza y una frustración que me supera, ya no sé qué creer”. Un veterano militante de la solidaridad y de los derechos humanos nos hacía llegar este mensaje que recoge en gran medida lo que muchas personas sentimos. Cerraba su mensaje con una afirmación descarnada: “Si hubiera parada, me bajaría”. ¿Se trata, entonces, de bajarnos o más bien deberíamos provocar un giro de timón inmediato, radical y contundente?
Ayer mismo, coincidiendo con estas imágenes que, ingenuamente- creíamos del pasado, nos despertamos con las revelaciones de los llamados “Papeles de Panamá”. Una masiva filtración de millones de documentos que desenmascaran la opacidad de los activos offshore de miles de empresas y personas. Un pequeño atisbo de ese complejo entramado de ingeniería fiscal que garantiza que el 1% de la población acapare la misma riqueza que el 99% restante. Una coincidencia profundamente obscena que no es sino el más puro reflejo de la sociedad global en la que vivimos. Vergonzoso, profundamente vergonzoso.
La bofetada de realidad nos indigna. Mientras se protegen los capitales de unos pocos en países seguros (no por casualidad son llamados paraísos), se expulsa de manera masiva a personas que huyen de la violencia y la guerra a países que se ha demostrado que no lo son. Amnistía Internacional ha documentado disparos contra la población siria en la frontera. Numerosas ONG han denunciado que el acuerdo con Turquía no reúne las garantías legales de protección internacional; no se está realizando una evaluación personalizada de cada caso, no se garantiza el acceso a abogados o intérpretes y las personas no han solicitado asilo en Turquía, tal como se recogía en el acuerdo firmado en Bruselas el 18 de marzo. A todo ello se añade la enorme y flagrante opacidad con la que se están realizando las expulsiones masivas.
Las bridas con las que esposaron a las personas refugiadas y las mascarillas que llevaban los cientos de policías que las escoltaban pasarán a la historia de los iconos de la vergüenza. Donde debería estar la policía y esas mascarillas es en los despachos de quienes protegen los paraísos fiscales y los privilegios mientras arrojan por la borda los derechos humanos. El hedor del sistema global en el que vivimos es insoportable.
¿Por qué ahora Europa sí es ágil?
Resulta sorprendente que, en tan solo unas horas, unas 150 personas fueran expulsadas de Grecia hacia Turquía. Sobre todo cuando, en medio año, tan solo 1.100 personas han sido reubicadas en toda Europa. Los acuerdos previamente alcanzados para acoger a las personas refugiadas no han contado con esa agilidad en su puesta en marcha. La voluntad política en la protección de las personas ha brillado por su ausencia.
El acuerdo firmado prevé el sistema “1 x 1”. Es decir, se expulsará a quienes llegan a las islas griegas; y, a cambio, los países miembros acogerán al mismo número de personas sirias deportadas; eso sí, con un límite de 72.000. Se trata a las personas como mercancías objeto de intercambio. Una práctica de este tipo atenta directamente contra la garantía de los derechos humanos a la que la EU está obligada. Nos preguntamos, además, qué ocurre con quienes provienen de otros lugares en los que se sufre una violencia extrema. Nos preocupa profundamente el enfrentamiento que puede producirse entre unas y otras personas.
En tales circunstancias, la revelación de los “Papeles de Panamá” viene como anillo al dedo para poner freno a las voces que enarbolan la bandera del racismo y la xenofobia, y alertan de los peligros de la acogida a personas migrantes, refugiadas o asiladas. En este sentido, hay pintadas que nos hablan sabiamente desde algunas de nuestras calles; una de ellas recuerda que “quien nos roba es de aquí y rico, no la persona inmigrante y pobre”. Según datos de Oxfam Intermón, la inversión desde España hacia paraísos fiscales creció un 2.000% en 2014; una cifra que corresponde en su inmensa mayoría a grandes empresas. La fuga de estos capitales supone un enorme golpe a las arcas del Estado; con el dinero recaudado si no existieran esas prácticas podrían garantizarse las políticas públicas que han sido brutalmente recortadas –sanidad, educación, cooperación para el desarrollo, dependencia, igualdad… No se trata, por tanto, de enfrentar a pobres contra pobres, sino de asegurar políticas públicas que garanticen plenamente y de manera permanente los derechos humanos en cualquier lugar del mundo.
Son muchas y destacadas las iniciativas sociales que demuestran desde hace tiempo que los pueblos están muy por encima de las decisiones políticas de sus dirigentes. Organizaciones y movimientos sociales, voluntarios y voluntarias, y la ciudadanía en general se organizan en nuestras ciudades para, como reivindica el alemán Peter Glotz, poner en pie una coalición que apele a la solidaridad del “mayor número posible de fuertes que se identifiquen con los débiles, aún en contra de sus propios intereses”.
Numerosas manifestaciones y actos públicos han exigido el fin de la barbarie. La calle nos pertenece, y debemos tomarla para exigir que se detenga esta barbaridad que no tiene justificación jurídica. Pero eso no es suficiente… ya no. Debemos acudir a las instancias legales pertinentes: el Defensor del Pueblo Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo y hasta la Corte Internacional de Justicia. Una violación tan grave de los derechos humanos no puede quedar impune.
Desde la Coordinadora Estatal de ONG para el Desarrollo, nos sumamos a esas acciones colectivas. En coherencia con nuestro compromiso con la dignidad humana y la justicia global, con la defensa de las necesidades de las personas por encima de los intereses de las empresas y el capital, venimos denunciando esta situación de la mano de otras organizaciones sociales. La próxima Asamblea General, que celebramos el 7 de abril, servirá para reforzar este compromiso que implica a 17 Coordinadoras Autonómicas de ONGD y 80 organizaciones miembro. El encuentro nos ayudará a establecer líneas de trabajo conjuntas ante la vergonzosa e inhumana crisis de la Unión Europea. La gravedad del momento exige respuestas firmes, coordinadas, humanas y contundentes. Lamentablemente, nos encontramos en un momento en el que debemos elegir entre la solidaridad o barbarie. Como decía Camus, hay épocas en las que la indiferencia es criminal. No seremos cómplices.