Desde la Declaración de Mérida, adoptada en febrero de 2023 durante el XIV Encuentro Cívico Iberoamericano (ECI), hasta hoy las 24 redes y plataformas que participamos en el ECI lamentamos que el contexto en la región iberoamericana, lejos de mejorar, haya empeorado y siga marcado por la pobreza y las desigualdades, el cierre del espacio cívico y los impactos adversos de la crisis climática y la emergencia socioambiental.
Si bien asistimos a un incremento de las desigualdades en la región iberoamericana, la situación en América Latina y el Caribe (ALC) reviste mayor gravedad. Según la CEPAL, ALC se enfrenta a una doble trampa de bajo crecimiento y altos niveles de pobreza y desigualdad. El crecimiento económico continúa desacelerándose; la inversión muestra señales de estancamiento y se mantiene a niveles pre pandemia; bajan los niveles de empleo y ocupación; y la brecha de género se mantiene y profundiza en diversas áreas.
Las 24 entidades que participamos en el ECI, y que conjuntamente representamos a más de 2600 entidades de sociedad civil, compartimos nuestra preocupación por el debilitamiento de las democracias en gran parte de los países de la región iberoamericana. Debido, por un lado, a la persistencia y acentuación de la corrupción, la presencia del narcotráfico y de los grupos delincuenciales que dependen de ellos e interfieren con la institucionalidad democrática. Y por otro, a la preocupante irrupción y auge de movimientos que no reconocen ni respetan los derechos humanos, gobiernos autoritarios, y otros movimientos que limitan o restringen los derechos adquiridos.
Ese cierre del espacio cívico es especialmente grave en el caso de las personas defensoras de los derechos humanos, el medio ambiente y el territorio que sufren fuertes persecuciones, son amenazadas, criminalizadas, violentadas y, en el peor de los casos, asesinadas. Lamentablemente, es una constante en toda la región, pero es especialmente grave en América Latina y el Caribe. Según el informe de Global Witness, de las 177 personas defensoras asesinadas en el mundo en 2022, el 88% eran de América Latina y el Caribe.
Asimismo, alertamos sobre el desarrollo de normativas y marcos legales que afectan a la propia existencia y sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil y denunciamos el creciente avance de los discursos desinformadores y que fomentan la violencia política y social, promovidos por movimientos antiderechos que no respetan las diversidades de género, etnia, migración, pobreza y discapacidad.
Ante este contexto, en la Declaración adoptada durante el XV ECI, celebrado en Quito los días 25 y 26 de septiembre, y presentada al Gobierno de Ecuador, recordamos a las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la región iberoamericana que «no habrá avance posible hacia sociedades democráticas, justas y sostenibles si las decisiones que se adopten no cuentan con la consulta previa, libre e informada con la sociedad civil y si no se garantizan los espacios de participación transparentes e inclusivos para toda la ciudadanía»
En palabras de Maite Serrano, directora de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, durante el acto inaugural del ECI celebrado en el Ministerio de Exteriores de Ecuador: «necesitamos un pacto social iberoamericano con enfoque feminista que defienda los derechos humanos y garantice el espacio cívico en la región».
Tras el acto inaugural, que contó la participación de la viceministra de Exteriores y el viceministro de Gobierno de Ecuador, se presentaron dos estudios sobre la situación del espacio cívico en la región:
- Espacios de participación de la sociedad civil en Iberoamérica: mapeo y análisis.
- Buenas prácticas de participación en Iberoamérica para la incidencia en las políticas públicas: guía metodológica.
- Resumen ejecutivo Espacios de participación y resumen ejecutivo de Buenas prácticas.
En esta ocasión, el ECI ha vuelto a celebrarse en el país anfitrión de la Cumbre Iberoamericana, hecho que no sucedía desde 2018 en Costa Rica. Desde las entidades participantes se reconoce este gesto como una muestra de apertura del Gobierno de Ecuador para escuchar las reivindicaciones y propuestas de la sociedad civil, hecho que, esperamos, se traduzca en la apertura de la Cumbre oficial los próximos 14 y 15 de noviembre a la participación de una representación del Encuentro Cívico que pueda trasladar los mensajes principales de esta Declaración.