El pasado 26 de enero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que la conducta de Israel en Gaza constituía un riesgo de genocidio y ordenó a Israel que tomara medidas inmediatas para evitarlo. El 28 de marzo, la CIJ volvió a ordenarle que implementara esas medidas provisionales. El 24 de mayo, la CIJ ordenó a Isreal que detuviera inmediatamente su ofensiva militar en Rafah y abriera el paso que permitiría el paso de la asistencia humanitaria. Todas y cada una de estas órdenes, que son jurídicamente vinculantes para los Estados, han sido ignoradas por Israel.

Esas graves violaciones del derecho internacional y del derecho humanitario nunca habrían sido posibles si la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, hubiera hecho que Israel rindiera cuentas de sus actos y hubiera adoptado las medidas apropiadas en respuesta.

Las consecuencias para la población son incalculables. Tal como ha denunciado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, «Lo que está ocurriendo en Gaza es una crisis de humanidad«. El asedio incesante de Gaza ha causado la muerte a más de 40.000 personas, casi 100.000 personas están heridas; la zona subre una destrucción generalizada, las infraestructuras esenciales están destruidas; más de dos millones de personas han sufrido repetidos desplazamientos forzados sin posibilidad de escapatori. La mayoría de hospitales y escuelas han sido bombardeados, la entrada de la ayuda humanitaria es sistemáticamente bloqueada y el personal humanitario atacado y asesinado. La situación no tiene precedentes.

Lo que ha estado ocurriendo en Gaza, y en todo el territorio palestino ocupado, es consecuencia de un fracaso político y moral de la comunidad internacional.

Responsabilidad de los Estados

Tal como recoge la carta enviada a la UE, «Esas graves violaciones del derecho internacional y del derecho humanitario nunca habrían sido posibles si la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, hubiera hecho que Israel rindiera cuentas de sus actos y hubiera adoptado las medidas apropiadas en respuesta. Es hora de que este enfoque fallido cambie. Los terceros Estados tienen la responsabilidad de prevenir el genocidio en virtud del derecho internacional y, por lo tanto, deben tomar todas las medidas diplomáticas, económicas y políticas que estén a su alcance para prevenir el genocidio en Gaza».

La suspensión del Acuerdo de Asociación debe mantenerse hasta que la UE esté segura de que nada en sus relaciones con Israel contribuye de ninguna manera -política, financiera, militar, técnica, comercial, nada- a la continuación de la ocupación y a la denegación de los derechos del pueblo palestino.

Lo que ha estado ocurriendo en Gaza, y en todo el territorio palestino ocupado, es consecuencia de un fracaso político y moral de la comunidad internacional.

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