El inicio del nuevo curso político es un momento oportuno para que el Gobierno retome y responda de forma firme a los retos pendientes para desarrollar una verdadera política de cooperación transformadora.

Las múltiples crisis que sufre el planeta están poniendo en riesgo los derechos humanos y la protección del planeta. Esto junto a la ambición de la Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, aprobada por una mayoría parlamentaria muy amplia y en proceso de desarrollo, exige más una política de cooperación prioritaria a todos los niveles. 

La Ley establece el compromiso de Estado de destinar en 2030 el 0,7% de la Renta Nacional Bruta como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD); reconoce la educación para la ciudadanía global, la acción humanitaria y el desarrollo como los tres pilares de la política de cooperación. Apuesta, además, por una cooperación feminista, ecologista y que construya la paz, desde la participación de todos los actores del sistema, incluidas las ONGD y las administraciones autonómicas y locales. 

La reciente aprobación del VI Plan Director de la Cooperación Española para el periodo 2024–2027 y del Estatuto de las Personas Cooperantes, así como el avance del resto de procesos de la reforma del sistema de cooperación suponen pasos importantes en este sentido. No obstante, el deterioro de la paz y la expansión de los discursos discriminatorios y racistas, el aumento de las crisis humanitarias y de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario en todo el mundo, y el estancamiento en los fondos destinados por España como Ayuda Oficial al Desarrollo (0,24% de la Renta Nacional Bruta en 2023, según el CAD) interpelan a todos los actores del sistema de cooperación a trabajar en medidas urgentes. 

Los resultados de la Cumbre del Futuro de Naciones Unidas de este mes de septiembre en Nueva York y los preparativos para la Conferencia de Financiación para el Desarrollo que se celebrará en España en 2025 son una oportunidad para implementar medidas que aceleren el avance en las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y trabajar en una senda presupuestaria para alcanzar el 0,7% en 2030, involucrando a los diferentes actores, administraciones públicas y ministerios implicados. 

La Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo señala cinco retos urgentes a abordar en este curso político; medidas que permitirían cumplir lo establecido en la Ley y responder con responsabilidad los desafíos globales.

Retos para el curso político 2024–2025

  • Retomar la senda de crecimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo para alcanzar el compromiso intermedio del 0,55% en 2027, empezando por superar el 0,4% en 2025 (unos 6.000 millones de euros en términos absolutos, 1.500 millones más que en 2023). Esto supone aumentar las partidas presupuestarias que garanticen el crecimiento organizacional de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, instituciones clave del sistema, así como los presupuestos destinados como AOD por parte de las administraciones autonómicas y locales. El salto para 2025 es ineludible, por ley, por justicia y por futuro. Los próximos Presupuestos Generales del Estado deben reflejarlo. 
  • Contribuir al alto el fuego permanente en Palestina y poner fin al comercio de armas con Israel. A las puertas de cumplirse 12 meses desde el inicio de una escalada de violencia sin precedentes, reclamamos medidas urgentes enmarcadas en los 5 puntos demandados por las organizaciones de la sociedad civil incluidas en la Proposición No de Ley aprobada por el Congreso el pasado mes de marzo: un alto el fuego inmediato y permanente; un acceso humanitario suficiente y sostenido; el respeto al Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos; el fin del comercio de armas con Israel; y una solución negociada al conflicto.
  • Fortalecer el pilar de educación para la ciudadanía global y las dimensiones de paz y feministas para impulsar una cooperación transformadora. Aprobado el VI Plan Director, en este nuevo curso político resulta fundamental impulsar la actualización de las estrategias de educación para la ciudadanía global, cooperación feminista y construcción de paz con la participación de todos los actores del sistema de cooperación, que incluya instrumentos y presupuesto para su operativización, así como el refuerzo de la estructura organizacional especializada en la AECID. 
  • Impulsar el avance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y desde una mirada de paz positiva, seguridad humana y freno a la escalada belicista: En el ecuador de su periodo de ejecución, la Agenda 2030 debe orientar la acción del Estado, sus políticas públicas y presupuestos, teniendo en cuenta su efecto más allá de nuestras fronteras. Sin una acción exterior y unas políticas internas coherentes con el desarrollo sostenible a escala global, no hay avances posibles hacia una transición justa, la garantía de derechos, la paz y la sostenibilidad del planeta.
  • Culminar los procesos de la reforma del sistema de cooperación, en particular los relacionados con la aprobación de los Reales Decretos de Subvenciones y del Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES), la reforma de la AECID y la operativización de los espacios consultivos con los diferentes actores del sistema, en particular del Consejo Superior de Cooperación y la Conferencia Sectorial. 

 

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