A pesar de los discursos de apoyo a la cooperación y a los valores que representa, el Gobierno continúa sin dar un paso que es fundamental para su defensa y desarrollo: reforzar su financiación. Los presupuestos generales del Estado para 2025 son una excelente oportunidad para que el Gobierno materialice sus palabras en medidas claras y salte de los últimos puestos en Europa a una posición que se corresponda con la responsabilidad de España en el mundo

La Ley de Cooperación -aprobada el año pasado por una amplísima mayoría- marca la dirección; según establece, los compromisos para alcanzar el 0,7% deben cumplirse en 2030. Sin embargo, los últimos datos del CAD y de la UE sitúan los fondos que España destina a cooperación en un 0,24% en el año 2023. Si no se toman medidas urgentes, este dato y las previsiones para 2024, con los presupuestos prorrogados, sacan a España de la senda progresiva de años precedentes y ponen en jaque la necesaria reforma del sistema. Esto es así porque, sin fondos, no es posible llevar a cabo intervenciones que respondan a la complejidad de los problemas existentes. A pocos años de 2030, deben tomarse decisiones firmes.

Medidas concretas, posibles y necesarias

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (La Coordinadora) propone siete medidas para cumplir lo establecido en la Ley y responder con responsabilidad a los enormes retos globales que enfrentamos.

  1. Retomar la senda de crecimiento para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para alcanzar el 0,55% al final de la legislatura (2027). Esto supone superar el 0,4% en los PGE 2025, o lo que es lo mismo, un presupuesto de alrededor de 6.000 millones de euros (M€). Esto supondría un aumento de más de 1.500 millones respecto a los anteriores presupuestos de 2023.
  2. Aumentar las partidas presupuestarias que garanticen y sostengan el crecimiento organizacional de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), instituciones clave del sistema de cooperación. También es necesario incrementar significativamente la AOD ejecutada por  la AECID, superando los 1.500 M€ de aportación vía PGE 2025, dando por fin un salto cuantitativo necesario, facilitando el incremento de sus capacidades y dotándola de recursos para desarrollar su reforma y convertirse en verdadero pilar del sistema. Esto debe ser articulado con el resto de actores del sistema de cooperación.
  3. Apostar por una cooperación feminista. Debe crearse una oficina específica en la AECID, al más alto nivel, y garantizarse instrumentos y medidas adecuadas para operativizar una cooperación feminista y transversalizar los enfoques feministas en toda la AOD. Un 30% del presupuesto de la AECID debe ser específicamente para promover los derechos de las mujeres y las niñas.
  4. Garantizar una propuesta presupuestaria para la cooperación financiera realista y 100% ejecutable en los PGE 2025. Además, debe estar alineada con los objetivos de la Ley de Cooperación.
  5. Apostar por un multilateralismo transformador que incremente las aportaciones que se realizan desde las instituciones dedicadas a la cooperación, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (MAUC), pero también desde otros ministerios. Corresponsabilizar a otros ministerios y departamentos del MAUC que tienen capacidad de financiar intervenciones vinculadas y que impactan directamente en el desarrollo sostenible y el avance de la Agenda 2030 en los países do de está presente la cooperación.

El reto es enorme, la ambición de la Ley y las necesidades urgentes del planeta también. Solo acuerdos de Estado y una voluntad firme pueden hacerlo posible. España acoge en 2025 la IV Conferencia de Financiación para el Desarrollo; esta será también una buena oportunidad para ser coherentes con los discursos y cumplir con las leyes. Es el momento de dar una señal inequívoca, por ley, por justicia y por futuro.

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