“Los pueblos originarios de Guatemala no hemos dejado de luchar y, por ello, seguimos existiendo”. Así inicia la conversación con Bernardo Caal Xol, defensor de derechos humanos y líder indígena maya Q’eqchi’, encarcelado durante cuatro años por defender los ríos sagrados de su comunidad, en Santa María de Cahabón, a 300 km de la ciudad de Guatemala. Bernardo tiene claro que la historia de exterminio y saqueo contra su pueblo, así como la historia de resistencia indígena, se remonta a los tiempos de la colonización: “solo han cambiado los nombres de los saqueadores, pero el objetivo es el mismo: el despojo y el exterminio de los pueblos originarios para quedarse con nuestras tierras”.
El territorio del que proviene Bernardo está surcado por dos ríos: el Cahabón y el Oxeek. Este último, en lengua Q’eqchi’, significa “tres sabios” debido a los tres cerros que se erigen sobre ambos ríos y a los que antiguamente sus ancestros acudían para agradecer y rogar por la vida, las siembras y las personas enfermas. “Los ríos, los cerros, las piedras, los seres vivos que para las empresas son recursos naturales, para los pueblos maya son sagrados y eso choca con sus negocios”, explica Bernardo.
En 1996, tras uno de los conflictos armados más largos y vergonzosamente silenciados de América Latina, se firman los acuerdos de paz en Guatemala. Y con la paz también llegan las empresas. Bernardo relata que cambian las estrategias: “ya no se utilizan las armas para matar a los líderes sociales y a las comunidades indígenas, sino que se empiezan a conceder licencias para la construcción de hidroeléctricas y se preparan las leyes para criminalizar y encarcelar a los líderes sociales”, tal y como ocurrió en su caso.
Bernardo recuerda cómo en 2015 las comunidades Q’eqchi’ se percatan de que algo no marcha bien: sobre la cuenca del río Cahabón se comienza a construir un megaproyecto hidroeléctrico. “Nunca habíamos visto una situación similar, nadie había llegado a nuestro territorio a hacer una destrucción de tal magnitud, ¿por qué no nos informaron? ¿por qué no nos consultaron?”, reivindica Bernardo, “es una falta de respeto invisibilizar a las familias que vivimos alrededor del río”. Es entonces cuando las más de 100 comunidades se organizan para defender su territorio y nombran como vocero y representante a Bernardo quien, por aquel entonces, era maestro y sindicalista.
En el momento en el que Bernardo comienza a alzar la voz y a liderar las denuncias contra la empresa llegan las amenazas.
“Lo mismo que ocurre en Guatemala ocurre en Colombia, en Brasil, en África, en todas partes”, relata el defensor, “de un día para otro, llega una empresa extranjera y explota los recursos sin tener en cuenta la destrucción de vidas o si la comunidad se queda sin agua y sin bosques”. En este caso, la hidroeléctrica toma el nombre del río: OXEC S.A., registrada en Panamá y construida por la empresa israelí Solel Boneh. Y, en esta ocasión, tampoco es diferente: como ha ocurrido con tantos otros defensores ambientales, en el momento en el que Bernardo comienza a alzar la voz y a liderar las denuncias contra la empresa llegan las amenazas.
Simultáneamente los principales medios de comunicación de Guatemala orquestan una campaña de difamación en su contra. “Me crean una imagen de criminal, me difaman y me desprestigian”, Bernardo recuerda que sus hijas tenían 9 y 12 años. Y es que, en la mayoría de los casos, la difamación, estigmatización y discurso de odio contra personas defensoras de derechos humanos, allana el terreno para que prosperen los montajes judiciales.
“Lo único que pedíamos era que la empresa respetara nuestro derecho a ser informados y consultados”, tal y como prevé la legislación internacional que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a dar su consentimiento libre, previo e informado a cualquier proyecto en sus territorios. Además, los daños ambientales eran graves: destrucción de bosques, ecosistemas y sitios sagrados del pueblo Q’eqchi’, desvío de ríos, impedimento del acceso al río por parte de la población y disminución de agua para el uso de las comunidades.
Aunque los máximos órganos de justicia en Guatemala reconocieron la vulneración de derechos por parte de la hidroeléctrica, prosiguen con la construcción. En 2018 Bernardo es injustamente condenado a prisión por supuestos actos de violencia contra empleados de una contratista de la hidroeléctrica OXEC. Desde la cárcel, donde permaneció cuatro años, seguiría denunciando en las cartas que escribía casi a diario a otra multinacional: ACS, dirigida por el empresario español y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien construyó el mayor proyecto hidroeléctrico de Guatemala también sobre un tramo del río Cahabón, habitado por 30.000 personas.
Con mi criminalización se logró llamar la atención internacional: las comunidades Q’eqchíes dejamos de estar solas en la lucha.
Su encarcelamiento despertó la indignación del pueblo guatemalteco y de la comunidad internacional. “He sacrificado mi vida, pero a pesar de los golpes, me guardo en el corazón la satisfacción de haberlo hecho por el bien de nuestros ríos y cerros sagrados”, resalta. Bernardo se mantiene positivo y con la cabeza alta, “para mí la lucha ha sido muy exitosa, con mi criminalización se logró llamar la atención internacional: las comunidades Q’eqchíes dejamos de estar solas en la lucha”. El apoyo y la solidaridad internacional también sirvieron para presionar a las empresas, “había muchísimas más licencias concedidas y proyectos hidroeléctricos por construir que nunca se han llegado a ejecutar”.
El defensor de derechos humanos, actualmente de gira por España con Amnistía Internacional, considera que el 2024 inicia con esperanzas: el 14 de enero, a pesar de la oposición y las artimañas de “los poderosos del país”, tomó posesión el nuevo presidente Bernardo Arévalo con la promesa de acabar con la corrupción que salpica a las élites políticas, empresariales y judiciales de Guatemala.
Algún día vamos a alcanzar la justicia. Tal vez yo ya no lo voy a ver, pero quedará para la historia.
Bernardo, que participó en las movilizaciones masivas que duraron más de 100 días y que fueron indispensables para rescatar la democracia en el país, cuenta que todavía hay desafíos: “las empresas están volviendo al territorio, ahora para la siembra de la palma africana, sabemos que con ellas vuelven los desalojos, el encarcelamiento de líderes comunitarios…”. Por eso, concluye, “hay que seguir luchando, como han hecho siempre nuestros pueblos, porque algún día vamos a alcanzar la justicia. Tal vez yo ya no lo voy a ver, pero quedará para la historia”.
Apoyo a las comunidades Q’ epchies en sus justas reivindicaciones y agradecimiento por esta magnífica entrevista que deja evidente los atropellos que se están llevando a cabo.