Los legisladores de la Unión Europea han llegado a un acuerdo político sobre las cuestiones más polémicas para las normas de conducta empresarial, que establecerá la futura Directiva. “Acogemos favorablemente que la Unión Europea haya logrado un acuerdo durante la Presidencia Española del Consejo de la UE. Es un punto de inflexión en la rendición de cuentas de las empresas sobre sus impactos en los derechos humanos y el medioambiente” resaltaba Amaya Acero, coordinadora de la Plataforma por Empresas Responsables.
Según la normativa, las grandes empresas multinacionales tendrán que responder por los riesgos para las personas, las comunidades y el medioambiente, vinculados a sus operaciones y a sus relaciones comerciales. Además, las víctimas podrán exigir responsabilidades a las empresas ante los tribunales de la UE si se ven perjudicadas por sus actividades.
Desde La Plataforma por Empresas Responsables, de la que forma parte La Coordinadora, hemos exigido normas vinculantes para que todas las empresas respeten los derechos humanos y el medioambiente en la cadena global de valor en su totalidad. Por ello, acogemos con satisfacción el acuerdo alcanzado sobre la inclusión de medidas muy necesarias para las víctimas de abusos corporativos, y en particular, permitir un mayor acceso a las pruebas y plazos razonables para presentar reclamaciones.
Sin embargo, la presión de Estados Miembro de la UE, de actores económicos y de los lobbies de la industria para diluir esta regulación han logrado que se pierda la oportunidad de introducir un cambio transformador en la forma de operar de las empresas transnacionales. Los servicios financieros han quedado inexplicablemente exentos de realizar procesos de diligencia debida. Tal y como destacaba Amaya Acero, “el acuerdo es decepcionante en aspectos clave como que se haya excluido a los servicios financieros, a pesar del papel crucial que juegan en las actividades económicas y como facilitadores esenciales para la transición climática, debilitando el potencial transformador de esta ley”. Las obligaciones climáticas siguen siendo insuficientes y, de manera preocupante, han sido excluidas del alcance de la responsabilidad civil, aunque las empresas, incluidos algunos actores financieros, deberán adoptar y poner en marcha planes de transición climática.
¿Qué pasará después de este acuerdo político?
El Parlamento Europeo, el Consejo de la UE, presidido por España y la Comisión Europea han alcanzado un acuerdo político, sin embargo, el texto final de la Directiva sigue pendiente. Serán necesarias reuniones técnicas para perfeccionar el acuerdo político tras el diálogo a tres bandas y garantizar que no haya lagunas. A continuación, el Consejo, bajo la próxima presidencia belga y, posteriormente, el Parlamento Europeo votarán para aprobar el texto final previsiblemente en marzo de 2024.