Jornadas extenuantes, bajos salarios, restricción a los derechos sindicales, trastornos musculares, problemas respiratorios, acoso y violencia en el trabajo… Se estima que más de 260.000 mujeres trabajan en las maquilas instaladas en Centroamérica. Fábricas textiles, ubicadas en enormes parques industriales fuertemente protegidos y con normas propias de funcionamiento que atentan contra los derechos laborales, fiscales y medioambientales.
Desde hace décadas, numerosas organizaciones feministas vienen trabajando para denunciar esta situación y mejorar las condiciones de las mujeres que trabajan en las zonas francas de la región. Una de ellas es la Red centroamericana de mujeres en solidaridad con las trabajadoras de la maquila (REDCAM). Carmen Urquilla Pérez trabaja desde hace más de 10 años en la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), uno de los colectivos que integran esta red regional en defensa de los derechos laborales y humanos en el sector. Además de en El Salvador, esta red cuenta con organizaciones en Nicaragua, Guatemala y Honduras.
Carmen Urquilla describe una maquila como “un vagón de tren enorme donde hay cientos o hasta miles de máquinas de coser y cientos y hasta miles de personas que trabajan con esas máquinas confeccionando ropa”. En el caso de Centroamérica, la mayoría de esa ropa es deportiva y debe confeccionarse de forma muy rápida y en grandes cantidades; “de ahí salen miles de prendas”. “Para imaginarnos cómo es una maquila también tenemos que pensar en una mujer joven delante de una máquina de coser –cuando comenzamos nuestro trabajo, las mujeres llegaban a ser el 90%, los hombres se encargaban de tareas consideradas masculinas–. Ahora también hay hombres produciendo ropa, aunque solo suponen el 40%”.
Son instalaciones que pueden compararse con sistemas penitenciarios. Los parques industriales en los que se ubican limitan el acceso de personas ajenas y cuentan con agentes de seguridad que hacen uso de armas largas.
“Las mujeres de la maquila viven en zonas rurales o en la periferia de las grandes ciudades. Se levanta a las 5 de la mañana porque antes de salir, deja preparado el desayuno a sus hijos e hijas. Acude al trabajo en transporte colectivo, atestado de personas. Trabajan con música muy fuerte de fondo, como que si estuvieran en una discoteca o en algún bar o qué sé yo. Las condiciones laborales son deplorables. Podríamos definirlas como esclavitud moderna”. Jornadas de hasta 12 horas, sin protección frente a los productos tóxicos que inhalan o los ruidos; con poca iluminación y a temperaturas muy elevadas; en ocasiones sin acceso a servicios higiénicos o a agua potable… “Y por supuesto, sometidas a maltrato verbal, violencia psicológica, acoso y violencia de género. Son instalaciones que pueden compararse con sistemas penitenciarios. Los parques industriales en los que se ubican limitan el acceso de personas ajenas y cuentan con agentes de seguridad que hacen uso de armas largas”.
Consecuencias sobre los cuerpos y la salud de las mujeres
Carmen Urquilla incide en las consecuencias que esta esclavitud moderna tiene sobre los cuerpos de las mujeres. “Presentan trastornos musculares, sufren artritis reumatoide, problemas respiratorios y de alimentación, dolencias gastrointestinales, cefaleas, insomnio debido a la presión para cumplir con las metas de producción”.
¿Cuáles son salarios que reciben las mujeres por este tipo de trabajo?
El salario puede oscilar entre los 5 y los 7 euros diarios. Si comparamos cuánto se paga por una camiseta y por cuánto se vende la diferencia es escandalosa. Hay prendas por las que ellas cobran 20 o 30 céntimos y que pueden ser vendidas por 100 o 150 dólares. Les pagan lo mismo por confeccionar una prenda sencilla y una que requiere una especialización para su producción.
Son marcas muy reconocidas internacionalmente: Adidas, New Balance, Patagonia, Levis, The North Face… hay más de 100.
Las camisetas, sudaderas y pantalones que se producen en Centroamérica llevan etiquetas muy conocidas. ¿Qué marcas están detrás de esas maquilas?
Hay muchas marcas que se están produciendo en la región, pero esa ropa no se consume ahí, la ropa que se hace, por ejemplo, en Nicaragua, no es para las personas de Nicaragua; con los salarios tan bajos que tienen no pueden pagar los precios tan caros de esas prendas. La mayoría de la ropa va a Estados Unidos, es el destino número uno seguido de Canadá. Son marcas muy reconocidas internacionalmente: Adidas, New Balance, Patagonia, Levis, The North Face… hay más de 100.
O sea, podríamos decir que esas marcas internacionales se están llenando los bolsillos a costa de esa esclavitud moderna.
Así es.
¿Qué papel juegan en ese contexto los acuerdos y tratados comerciales firmados entre Estados Unidos y los países de Centroamérica y qué papel juegan también los gobiernos nacionales al permitir este tipo de prácticas?
Estos tratados han quitado barreras al comercio entre Estados Unidos y nuestros países. Por ejemplo, las zonas francas en las que se ubican son áreas económicas especiales que no pagan impuestos -aunque las personas que trabajan ahí sí los pagan-. Nuestros países defienden los indicadores relativos a las maquilas como crecimiento económico, pero ese análisis cambia mucho cuando se hace una lectura desde la posición de las mujeres: aun trabajando ahí 20 años, no consigues salir de la pobreza; todo lo contrario, es un ciclo de degradación de la calidad de vida porque empeora tu salud, tus condiciones de vida; es un empleo muy precario. En ocasiones, esas empresas abandonan de repente el país y dejan deudas enormes con su personal: hay fábricas que se han ido y que les deben 2, 3, 5 millones de dólares a las personas trabajadoras. Mientras tanto, los gobiernos locales, que deberían ser garantes de derechos y del freno a las violaciones de derechos humanos, ponen en el centro las ganancias de las grandes élites económicas que han seguido creciendo a costa del trabajo precario de las mujeres. Nuestros Estados han permitido esto porque les ha mejorado algunos indicadores como los niveles de empleo (precario) o las exportaciones (que no pagan impuestos).
Carmen Urquilla hace un inciso para explicar el contexto en el que surgieron este tipo de empresas en la región. “A finales de los 80, muchos países aún nos encontrábamos en procesos de guerra, al iniciar la transición al periodo de paz fue necesario emplear a mucha población joven. Es cierto que crearon empleo, pero también lo es el hecho de que generaron una gran cantidad de población enferma, muchas mujeres que con 35 años están enfermas y ya no resultan rentables a este tipo de empresarios; eso hace que dependen económicamente de su familia. También están dejando graves consecuencias sobre el medioambiente al no tratar adecuadamente los residuos; la región está siendo devastada”.
La presión de las personas sobre los empresarios es muy importante. Nuestra experiencia nos demuestra que debemos trabajar desde varias aristas.
En estos momentos, la sociedad civil española y europea estamos presionando para conseguir leyes que pongan freno a los abusos de las empresas en todo el mundo, aunque no lo estamos consiguiendo. ¿Qué valoración hacen de este tipo de legislación?
Este tipo de legislaciones son muy importantes para asegurar que lo que se consume, sea ropa u alimentos, no venga del trabajo infantil o de personas migrantes en condiciones precarias. Ahora, una de las cuestiones que nos parece más interesantes es el tema de la trazabilidad, porque muchas veces la tela la traen de Bangladesh, la prenda la producimos en El Salvador y el empaquetado en Estados Unidos que es donde le ponen la etiqueta y lo venden. Entonces, cómo vamos a saber las condiciones en las que se trabaja en esa cadena. A eso se suma que nuestros gobiernos no tienen un potencial de transformación de esta realidad, por eso es importante vigilar al capital, a las grandes empresas, al poder corporativo, a las élites económicas que son la que se benefician. Hay que tratar de ponerles freno.
La defensora de derechos recuerda también el poder colectivo de quienes consumimos. “Hemos logrado solventar problemas haciendo alguna conexión con consumidores de Estados Unidos, hablamos con grupos de estudiantes de universidades y colegios porque es común que manden hacer una gran cantidad de suéter, gorras, etc. Entonces les decimos: pídele a tu universidad que verifiquen que son producidos en condiciones laborales dignas. También lo hemos hecho con enfermeras. La presión de las personas sobre los empresarios es muy importante. Nuestra experiencia nos demuestra que debemos trabajar desde varias aristas”.
Su trabajo lo hacen de la mano de otras redes de mujeres…
Sí, formamos parte de la Red centroamericana de mujeres en solidaridad con las trabajadoras de maquila (REDCAM), también hemos trabajado con el Worker Rigths Consortium, de Estados Unidos, o la Maquila Solidarity Network de Canadá. A través de estas y otras redes, tratamos de ampliar nuestro trabajo.
En toda la región, hay mucha deslegitimación del trabajo que se hace por la defensa de los derechos humanos, una situación que se agrava cuando se trata de organizaciones feministas.
Centroamérica no vive su mejor momento democrático, la persecución a quienes defienden los derechos humanos está a la orden del día, ¿cómo es trabajar por de la defensa de los derechos laborales en las maquilas en un contexto tan adverso? ¿Qué estrategias tenéis para enfrentarlo?
Solo por mencionar algunos casos de la REDCAM, donde apenas somos seis organizaciones de Centroamérica, nos hemos enfrentado a varias situaciones conflictivas. Por ejemplo, en Guatemala las compañeras tuvieron que cerrar por un tiempo su oficina porque recibieron amenazas de muerte por trabajar derechos sexuales y reproductivos. En El Salvador hemos vivido casos de espionaje digital y hackeos. En Nicaragua es donde hemos enfrentado las situaciones más difíciles; en este momento, el trabajo de las compañeras está prácticamente ilegalizado; además, hacen inviable cualquier tipo de cooperación que pueda asegurar la continuidad del trabajo. A todo ello hay que sumar que, en toda la región, hay mucha deslegitimación del trabajo que se hace por la defensa de los derechos humanos, una situación que se agrava cuando se trata de organizaciones feministas. Esto es así porque, como movimiento feminista, cuestionamos cualquier forma de poder y eso nos supone muchos problemas con militares, con los Estados, con líderes autoritarios, con las grandes corporaciones. Nunca ha sido fácil, pero ahora asumimos más riesgos y por eso debemos buscar más estrategias de protección de la mano de organizaciones especializadas en seguridad física y jurídica.
Usted está en España para presentar el documental Ropa Sucia, realizado junto a la ONG ISCOD. ¿Cuál es el objetivo de esta visita?
Buscamos concienciar a la ciudadanía sobre las condiciones laborales en las que se trabaja en las maquilas y sus graves consecuencias sobre la vida de las mujeres. También queremos que el documental “Ropa sucia” sea un instrumento de denuncia y de incidencia política. Nuestra presencia acá forma parte del trabajo que hacemos desde hace años con la REDCAM; pero, en concreto, es parte de un programa que ya está por cumplir tres años y que busca mejorar las condiciones de trabajo en las maquilas. Lo que nos queda claro en este camino es que la estrategia para el futuro debe ser homogenizar ciertas condiciones mínimas de trabajo en cualquier lugar del planeta. Mientras no le apostemos a esto, las transnacionales siempre van a encontrar en otro suelo fértil para continuar abusando y devastando las condiciones de vida y medioambientales. Es necesario, por tanto, globalizar los derechos humanos y laborales de las personas.