“Por una Economía Global Justa y Sostenible” son las jornadas organizadas por La Plataforma por Empresas Responsables (PER) con, entre otros, el apoyo de La Coordinadora a través del Proyecto de Presidencia Española del Consejo de la UE – “Hacia una Europa abierta, justa y sostenible en el mundo”.
Con motivo de la Cumbre de ministros y ministras de Economía y Finanzas de la UE, Latinoamérica y el Caribe, más de 500 organizaciones celebran unas jornadas reivindicativas que se desarrollarán el 13 y 14 de septiembre en Santiago de Compostela y en las que participan numerosos agentes de la sociedad civil y defensores y defensoras de derechos humanos.
Una de las propuestas clave durante estas jornadas es la aprobación de una Directiva sobre diligencia debida de las empresas que garantice el cumplimiento de los derechos humanos y la protección del medioambiente. Durante el semestre de Presidencia Española del Consejo de la UE las negociaciones para aprobar esta normativa entrarían en su fase final y la Cumbre de ministros y ministras de Economía y Finanzas es una oportunidad para que los mandatarios tomen medidas eficaces para proteger el planeta y las personas frente a los abusos corporativos por parte de las empresas europeas.
La aprobación de la directiva es clave para que las empresas eliminen prácticas abusivas como el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la contaminación y la degradación medioambiental y significaría un gran paso hacia una economía global justa y sostenible. Las reivindicaciones de estas jornadas cuentan con un amplio apoyo entre la población: 9 de cada 10 personas en España está de acuerdo con que se obligue legalmente a las empresas a prevenir vulneraciones de los derechos humanos y a reducir sus emisiones contaminantes. Asimismo, más de 100 organizaciones latinoamericanas y del Caribe han solicitado a la Presidencia Española del Consejo de la UE una ley contra los abusos de las multinacionales.
Durante su Presidencia, España tiene una oportunidad única para impulsar la aprobación de una norma que garantice que todas las empresas respeten los derechos humanos y medioambientales: la Directiva de Debida Diligencia.
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