La publicación de la nueva agenda birregional y la celebración de la III Cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) han supuesto el punto de partida del relanzamiento de las relaciones birregionales. Pero el potencial de este nuevo escenario para impulsar los derechos humanos y el desarrollo sostenible en ambas regiones solo será posible si cuenta con la participación de la sociedad civil y con un compromiso real por parte de las instituciones a uno y otro lado del Atlántico.
Nadie cuestiona que para la Unión Europea, América Latina y el Caribe es una región aliada de gran importancia en términos de inversión, comercio y colaboración en áreas cruciales como la biodiversidad, las energías renovables, la producción agrícola, defensa del multilateralismo y las materias primas estratégicas.
Pero también es fundamental prestar atención a dos aspectos concretos del contexto social en el que se relanzan estas relaciones birregionales. Por un lado, en América Latina y el Caribe la brecha entre la pobreza y la riqueza extrema, junto con las altas tasas de inflación, ha aumentado en las últimas décadas, generando desigualdades multidimensionales e interseccionales.
Y por otro, asistimos a la reducción del espacio cívico en muchos países de las dos regiones -cuestión que se ha agravado durante la pandemia- y también al incremento sin precedentes de ataques contra organizaciones, activistas y personas defensoras de los derechos humanos, que han generado desplazamientos, violencia e impunidad, afectando desproporcionadamente a las personas más vulnerables.
Partiendo de este contexto, La Coordinadora ha organizado en Bruselas dos días de encuentro de sociedad civil de América Latina, el Caribe y Europa en el que han participado más de 40 organizaciones con el objetivo común de valorar el trabajo realizado de cara al Foro de Sociedad Civil; analizar y evaluar los compromisos adoptados por los Estados en la Declaración de la III Cumbre y otros documentos y compromisos emanados en el marco de dicha cumbre; y fijar una hoja de ruta propia, paralela y convergente a la oficial, para el monitoreo y cumplimiento de los mismos.
Cerrar las brechas de desigualdad y garantizar entornos favorables y seguros para la participación de la sociedad civil son dos dos cuestiones fundamentales para que la nueva agenda birregional cumpla los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los derechos humanos.