El pasado 11 de enero, seis defensores de derechos humanos, pertenecientes a la Asociación ADES Santa Marta y a la comunidad del mismo nombre, fueron detenidos. La Fiscalía les acusa de un asesinato ocurrido hace 30 años durante la guerra civil de El Salvador. El estado de excepción que aprobó hace un año el presidente Nakib Bukele con el objetivo de aplicar mano dura contra las pandillas, ha permitido que durante este tiempo se cometan todo tipo de ilegalidades contra la sociedad civil. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones y abusos a los derechos humanos, ya que suspende la libertad de asociación, el derecho de una persona a ser debidamente informada de los motivos de su detención y de contar con la asistencia de un abogado. El resultado: más de 4.000 denuncias se han llevado a cabo contra las autoridades por el atropello a los derechos humanos que se está produciendo bajo este régimen.
En este año, más de 50.000 personas han sido detenidas de forma arbitraria, tan solo por “sus rasgos de piel, por el sitio dónde viven o por el estrato de la sociedad al que pertenecen” afirma Gabriela Colocho, representante de diferentes redes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como la Plataforma por la Seguridad Ciudadana (PSC) y la Mesa por el derecho a Defender Derechos (MDDD). Detrás de estas detenciones arbitrarias existen muchas mujeres que esperan a las puertas de la cárcel para tener información de sus hijos. Mujeres que piden justicia, que se manifiestan aun sabiendo el peligro que corren y que no desesperan hasta obtener información. Desde las organizaciones de la sociedad civil como las que representa Gabriela han recogido historias, testimonios para documentar los excesos que se están produciendo en El Salvado desde hace ya 12 meses.
Hablamos con Gabriela del empeoramiento del orden democrático, de la reducción del espacio para la sociedad civil, de la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos y del papel que las mujeres y la juventud han tomado en este contexto.
P. ¿Cuáles son las principales amenazas para las personas defensoras de DDHH en la actualidad en El Salvador?
R. Tiene que ver con esta lógica de criminalización al que están sometidas las personas defensoras de derechos humanos y las ONG. Nos fiscalizan, nos vigilan, nos atacan, nos restringen normativamente el trabajo de las organizaciones y las cargan con procesos administrativos que al final también ponen en peligro la acreditación y funcionamiento de las mismas. Todo esto forma parte de esa narrativa y política donde se tienden a criminalizar la labor de personas defensoras.
«¿Cómo nos fiamos en un contexto en el que el Estado mismo está obstaculizando la difusión de mensajes que tengan que ver con autonomía, diversidad y orientación sexual?»
En segundo lugar existe el riesgo de la pérdida de la cooperación, ya que hay algunas agencias de cooperación empiezan a limitar los contratos, restringiéndolos y modificándolos. Hay temáticas que ya no son prioritarias. Por ejemplo, el tema seguridad ciudadana ya casi no aparece. Todo el todo trabajo de contraloría que habíamos realizado en la Plataforma por la Seguridad, donde se había creado un sistema de monitoreo a las políticas de seguridad con indicadores de medición, está parado porque no hay acceso a la información.
Además, en el tema de las mujeres solo se prioriza el tema de derechos sexuales y reproductivos, que está bien, pero, ¿cómo nos fiamos en un contexto en el que el Estado mismo está obstaculizando la difusión de mensajes que tengan que ver con autonomía, diversidad y orientación sexual? Recientemente se han censurado campañas que hablan sobre estos temas. En general, existe un discurso de narrativas ultra conservadores también y pro derechos que al final limitan los derechos de otras personas principalmente en el tema de salud sexual y reproductiva.
Vivimos por lo tanto en un momento donde existen restricciones, donde la cooperación se va porque no tienen posibilidad de poner en marcha sus programas Por ello a día de hoy nuestra única posibilidad es hacer una incidencia en el exterior.
P. En este contexto de criminalización ¿cómo trabajan y tejen estrategias las organizaciones sociales?
R. Hemos prioricemos el trabajo articulado sobre el trabajo más. Antes las organizaciones solían visibilizar de forma individual e independiente su trabajo, y sus denuncias específicas. Ahora en cambio, en materia de protección la idea es articular y generar una voz común en estas redes o mesas de trabajo que ya existen por parte de las organizaciones. Esto permite acuerpar mejor.
Desde estas redes generamos planes de protección integral, talleres formativos con el tema de la seguridad digital, protección de datos, seguridad física haciendo simulacros. Un ejemplo muy importante ha sido el trabajo que se ha hecho con el tema de la protección integral feminista, revisando manuales o vías centrados en cómo las mujeres defensoras en los territorios pueden minimizar los riesgos.
«Es importante dar pasos para que esta restricción de derechos no se salga de control».
El tema de seguridad ha cambiado nuestra forma de actuar. De alguna manera toda acción tiene que tener un pequeño plan o lineamientos específicos de seguridad. Cualquier actividad por insignificante. Es importante trabajar el tema de mitigación de riesgos, ya que no todo el mundo es consciente del contexto en el que vivimos.
Junto al tema de la seguridad se une otra problemática que es el reconocimiento como persona defensora de derechos humanos. Muchas mujeres se reconocen como líderesas en sus territorios, pero no se identifican a sí mismas como defensoras. Muchas veces en las capacitaciones y formaciones sobre empoderamiento no se incluye ese enfoque. Ocurre lo mismo, por ejemplo a nivel periodístico. Hace poco hemos sacado un informe que se titula “Defendiendo los derechos humanos en contexto de crisis. Casos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”. Para que profesionales del periodismo se sintieran convocados hicimos esa separación, ya que muchos no se reconocen como tales.
P. ¿Existe una persecución más directa a mujeres lideresas que viven en zonas rurales?
R. Tienen que ver con el nivel de implicación de las mujeres en sus territorios, así como su participación en capacitaciones de empoderamiento social, económico y liderazgo femenino. Todo esto ha provocado que las mujeres estén al frente de liderazgos comunitarios. Los datos que hemos recogido indican que más de 50% de agresiones son contra mujeres. Muchas de estas agresiones se dan en los territorios por ese rol que asumen las mujeres y que de alguna manera incomoda a los poderes locales, a otras instituciones e incluso al Estado mismo. En un contexto de régimen de excepción como el que se vive en El Salvador las mujeres se vuelven más vulnerables. La Red de Defensoras ha documentado cómo muchas mujeres han sido detenidas después de haber sido denunciadas vía telefónica de forma anónima. En muchas ocasiones las detenciones se extienden también a sus parejas o familiares más cercanos.
“Más del 50% de agresiones en El Salvador son contra mujeres”
Todas estas mujeres que están en el punto de mira tienen un rol muy importante en la comunidad. Son mujeres que son visibles, conocidas y que la narrativa actual que se maneja en El Salvador de “buenos y malos” las vincula partidariamente. En la actualidad el estado de excepción ha provocado que se viva una situación de desprotección, riesgo y hasta muerte, incluso para aquellas mujeres que no han tomado un rol protagónico en sus comunidades. Los casos más graves se han registrado en los territorios, no muchos en porcentaje, pero es muy importante señalarlos, porque está cargada de esa misoginia que sufrimos las mujeres.
P. Según el Latinobarómetro, el 63% de los salvadoreños respondía que aceptaría un gobierno no democrático si lograba resolver los problemas del país. ¿Cómo se ha llegado a esta situación en el país?
R. No es un hecho aislado. Lo que se ha logrado con el gobierno actual se enfoca en la figura de Nakib Bukele. Es un político que se ha hecho en el tiempo. Si revisamos bien su trayectoria ha llegado al poder con un manual populista. Su mensaje tiene mucho enganche. Venimos de un proceso de conflicto armado y después de un bipartismo donde se ha construido una memoria en torno a buenos y malos, entre comunistas y miliares. Y estos discursos y narrativas del presidente enganchan mucho a la gente e incluso con aquellas personas que viven fuera del país.
También hay un tema de dolor y de heridas no cerradas y no tratadas con las pandillas. El presidente actual se posicionó como una figura salvadora que no pertenecía a esa generación de la guerra sino de la posguerra y a partir de eso no era el malo sino que era un actor neutral. Para todos los gobiernos el tema de la seguridad ha sido siempre una deuda histórica. Pero es un problema que no se puede arreglar en cinco años. Todas estas políticas punitivas siempre han tenido éxito, que por cierto también tienen que ver con esta forma de hacer una seguridad patriarcal que reproduce valores machistas.
Si es cierto que han descendido los homicidios, ha habido reducción en el número de extorsiones. Sin embargo, algunos de los informes que traemos señala que la juventud no se siente segura. A día de hoy todos los espacios son inseguros a la hora de ejercer la defensa de los derechos humanos. El problema es donde analizamos la seguridad.
«Todas estas mujeres que están en el punto de mira tienen un rol muy importante en la comunidad. Son mujeres que son visibles, conocidas y que la narrativa actual que se maneja en El Salvador de “buenos y malos” las vincula partidariamente»
Por ello, lanzo una pregunta, ¿qué va a suceder cuando ya no haya un respaldo social? , ¿cuándo la pobreza extrema aumente? Esto va a generar un descontento social. Cuando las movilizaciones de la sociedad civil lleguen tendremos instituciones intervenidas, restricción de espacio cívico, de libertad de expresión y más poder en las fuerzas policiales. Es importante dar pasos para que esta restricción de derechos no se salga de control. Por eso es tan importante que las ONG internacionales sigan en el país para que pueda establecer un diálogo en ese aspecto. Porque el problema es que el gobierno ni siquiera habla con las ONG nacionales.
P. El régimen de excepción, aprobado desde finales del mes de marzo de este año, ha dejado como saldo más de 50.000 detenidos. Detenciones arbitrarias y muchas de ellas sin pruebas para llevar a cabo el arresto ¿Piensa que están acciones han criminalizado a las comunidades más vulnerables?
R. Si. Los despliegues policiales y las principales capturas se realizaron en zonas históricas, con presencia de pandillas, que son sitios donde en el pasado han existido abusos policiales y ejecuciones extra legales. En estos territorios se vuelen a poner estos operativos. El problema es que las detenciones les puede pasar a cualquiera. Si vienes del trabajo, vas para la universidad, a la para la escuela .. y tienes una serie de rasgos físicos que te identifica con un estrato social y eres un hombre joven, te detienen. El presidente lo dijo en los discursos, pero también se filtraron unos memorándum sobre cuotas de detenciones que les eran exigidos a los policías. Esto da paso a cualquier arbitrariedad. En el contexto del régimen de excepción, todo el mundo puede ser detenido. Los datos nos dicen que más del 80% son hombres jóvenes, pertenecientes a estas comunidades. Incluso los últimos informes indican que se han detenido a muchas mujeres por haber tenido relaciones sentimentales con integrantes de las pandillas, por ser madres y hermanas de presuntos pandilleros. Todas estas personas son parte de este estigma con el que la juventud cargan en El Salvador, y en concreto juventud que vive en situación de pobreza y en zonas urbanas. Aunque las detenciones también se han sentido en zonas rurales, con el arrestro de hombres jornaleros.
«La juventud tienen un rol fundamental. En El Salvador cerca 40% de la población son personas jóvenes».
Es una situación muy grave de derechos humanos. En la actualidad las detenciones han disminuido, pero todas esas personas siguen privadas de libertad, sin una posibilidad de defensa y demostrar pruebas.
P. ¿Qué estrategias se ponen en marcha para hacer frente a esta criminalización de la pobreza?
R. Hay un esfuerzo de varias organizaciones que están documentando casos para dar respuesta . Ahora es lo único que podemos hacer. Antes podíamos presentar recomendaciones al Estado, pero con el contexto de régimen de excepción ya no se puede. Si seguimos generando datos, pero hacia fuera. Generamos evidencias y hacemos llamados a la comunidad internacional, para que desde afuera se puedan parar estas acciones contra los derechos humanos. Esa es la principal estrategia: mandar información a Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos… Además las organizaciones que documentan casos se han organizado también hacer visible a nivel nacional estas situaciones. No existen más datos, más allá de aquellos que presenta el Gobierno.
Se ha brindado además ayuda a personas que se han visto obligadas a desplazarse. Se les ha dado refugio temporal, alimentación apoyo psicosocial a la familia, asesoría legal, talleres colectivos de cuidados…
P. ¿Cuál es el papel que juegan la juventud y en concreto mujeres en la defensa de los derechos humanos?
R. La juventud tienen un rol fundamental. En El Salvador cerca 40% de la población son personas jóvenes. Han protagonizado procesos históricos y son los que se manifiestan públicamente. Son las juventudes las que están moviendo la agenda de movilización ciudadana. En concreto el movimiento feminista ha sido una parte importante de las convocatorias a marchas, a denuncias y de actividades de reivindicación del espacio cívico. Actualmente, también el movimiento LGTBQ+ han tenido un papel importante y protagónico en la defensa de los derechos humanos y se han conseguido posicionar en las redes sociales y en las calles.
«En el contexto del régimen de excepción, todo el mundo puede ser detenido».
Hay una nueva generación de personas defensoras de derechos humanos que se han incorporado a las organizaciones. La Plataforma de Juventudes aglutina a más de una veintena de organizaciones juveniles que están movilizando toda una agenda reivindicativa en derechos de la mujeres, LGTBIQ+, juventudes diversas, afrodescendientes… Y tratan de visibilizar estas demandas para que existan y se vean en los grandes diálogos.
Se está haciendo un esfuerzo por aunar fuerzas desde lo nacional. Por un lado en la juventud con Plataforma de Juventudes, como una red nacional de organizaciones. Y por otro lado, desde el movimiento feminista se ha creado un espacio donde se aglutina a todas las organizaciones feministas a nivel nacional. Son experiencias interesantes que posicionan y suman las múltiples agendas que hay. Porque a pesar que desde el Gobierno indican que son un gobierno joven, no significa que estemos representados. Por eso lo hacemos desde el otro lado, desde las organizaciones de la sociedad civil, aunque esto suponga ponernos en riesgo.