La criminalización de quienes defienden los derechos humanos se agudiza en todo el mundo, también en El Salvador. Los miembros de ADES tienen una larga trayectoria en la defensa del territorio en la región; fueron líderes en la construcción de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y de Metales. Ahora han sido acusados de un asesinato que tuvo lugar en la guerra civil que afectó al país hace más de 30 años; un conflicto en el que se cometieron por parte del Estado salvadoreño crímenes de lesa humanidad  que aún no han sido juzgados. 

Por todo ello:  

  • Mostramos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares y a la comunidad de Santa Marta. También a la organización a la que pertenecen, ADES Santa Marta. Confiamos en que la situación pueda resolverse lo antes posible, con garantías legales y de respeto a los derechos humanos. 
  • Reconocemos a asociaciones ciudadanas como ADES como expresiones sociales imprescindibles para impulsar un proyecto integral de desarrollo en una de las regiones más empobrecidas del país. Gracias al trabajo que vienen desarrollando, se ha alcanzado uno de los índices de desarrollo humanos más alto de la zona, y niveles organizativos amplios en la defensa de los derechos humanos y del territorio. 
  • 31 años después de los Acuerdos de Paz, reconocemos el papel activo de líderes y lideresas de Santa Marta en garantizar la búsqueda de verdad, justicia y reparación para no repetir lo ocurrido.
  • Como organizaciones de cooperación para el desarrollo que trabajamos en El Salvador desde hace décadas de la mano de la sociedad civil organizada, seguiremos difundiendo, apoyando y acompañando la defensa del territorio, de los derechos ambientales, de los derechos de las mujeres, la infancia, la población LGTBI. Apoyaremos la defensa del territorio libre de minería metálica -prohibida por ley en todo el país-  y las propuestas ciudadanas para la construcción de una vida digna, justa y equitativa para la población de la zona y para todo el país en su conjunto.
  • Seguiremos atentas para asegurar y demandar que las personas detenidas cuenten con un proceso transparente que respete la legalidad y las normas internacionales de derechos humanos. 
  • Seguimos alerta ante el posible incremento de la criminalización, persecución y/o captura de personas defensoras del territorio y organizaciones de los movimientos sociales por parte del Estado salvadoreño.  

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