Muchas empresas multinacionales, especialmente constructoras, energéticas, extractivas y agroalimentarias, desarrollan su actividad en terceros países y en contextos donde los derechos humanos y el medioambiente no se encuentran debidamente protegidos. Algunas empresas son responsables; pero otras se benefician causando deforestación, acaparando tierras, contaminando, impidiendo el acceso al agua y al territorio. Tales abusos quedan impunes y las comunidades no tienen posibilidad de acceder a la justicia y reclamar daños y perjuicios.
Organizaciones de la PER, como Alianza por la Solidaridad-ActionAid, han documentado casos en los que los derechos de los pueblos indígenas han sido vulnerados sin consecuencias para empresas españolas. Tal es el caso del pueblo indígena Q’eqchí en Guatemala. Allí, la falta de un estudio de impacto ambiental del complejo hidroeléctrico RENACE y el hecho de no haber realizado -como establece la ley- una consulta previa, libre e informada a las comunidades, ha permitido a la empresa Cobra-ACS realizar el proyecto sin los requisitos necesario. Este incumplimiento de las normas fue confirmado por Punto Nacional de Contacto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. Tal situación provocó un colapso del cauce del río Cahabón que afectó a una población de 29.000 indígenas Q’eqchí.
Más información: dossier de casos y dossier de prensa
También hemos documentado el caso de la empresa Agrogeba que ha realizado acaparamiento de tierras en las comunidades de Sare Djae, Campampe y Sintcham Ioba en Guinea Bissau. Estos casos y otros más se encuentran recogidos en el dossier “Casos recientes de abusos de empresas españolas”, que evidencia cómo la ausencia de normas claras de responsabilidad empresarial vulnera derechos de las personas (muy especialmente de las mujeres) e impacta negativamente en el medioambiente.
Una ley imprescindible con la que ya cuentan otros países
Para evitar que esto ocurra, España debe aprobar sin dilación una ley de debida diligencia empresarial para prevenir los impactos sobre los derechos humanos y el medioambiente. Una ley que obligue a las empresas a contar con planes de debida diligencia que cubran toda su cadena de valor; esos planes deben ser, transparentes e independientes y que garanticen que, en caso de ser necesario, las personas afectadas puedan acceder a justicia y reparación.
Otros países, como Francia, ya cuentan con una ley de este tipo. Gracias a ella, comunidades afectadas en terceros países han podido llevar ante la justicia a la empresa francesa energética EDF por contribuir a violaciones al consentimiento libre, previo e informado, así como por ataques a defensoras y defensores en la implementación de su proyecto eólico Gunaa Sicarú en la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, en México. También grupos indígenas y oenegés han demandado al Grupo Casino, gigante cadena de supermercados, por la venta de carne asociada a la deforestación en la Amazonía brasileña y colombiana y la vulneración de derechos de esas comunidades.
Estos casos demuestran que contar con una ley nacional es efectivo para exigir responsabilidades a las empresas y garantizar la reparación a las víctimas.
La Plataforma por las Empresas Responsables está formada por 15 organizaciones españolas de sociedad civil y representa a más de 530 entidades: Alboan, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Anesvad, Amnistía Internacional, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Economistas sin Fronteras, Enlázate por la Justicia, Entreculturas, Fundadeps, Greenpeace, Observatorio de la RSC, Oxfam Intermón, Setem-Ropa Limpia y USO. Entra en nuestra web para conocer las peticiones y propuestas de la Plataforma por las Empresas Responsables.