Se cierra un semestre cargado con mucha actividad en el Consejo de Cooperación. En palabras de Olga Calonge y Alberto Casado, representantes de La Coordinadora en el Consejo, “se han abordado objetivos, retos, debates y, sobre todo, se han alcanzado consensos a pesar de las diferencias”.

En este último pleno del Consejo de Cooperación antes de las vacaciones estivales, se aprobaron los dictámenes sobre la «Comunicación 2022”, el referido a la “Estrategia Española de Diplomacia Humanitaria (2022 – 2026), el relativo al «Informe sobre la Cooperación Multilateral 2019» y el dictamen sobre los “Informes Anuales de Evaluación 2018, 2019 y 2020”. También se aprobó una declaración sobre los sucesos ocurridos en la frontera de Melilla el pasado 24 de junio en donde, al menos, 37 personas perdieron la vida; en ella se muestra preocupación por lo ocurrido y se demandan vías seguras y legales para todas las personas que buscan seguridad y protección.

 Retos para el segundo semestre de 2022

El debate en tono constructivo ha sido una de las tendencias al cierre de este semestre. Por ello,  reiteramos la importancia que todos aquellos documentos que se aprueben lleguen a tener realmente un peso en los debates políticos.

Uno de los documentos que más relevancia puede tener entre los dictaminados por el Consejo en esta primera mitad del año es el del Anteproyecto de Ley de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global que en estos momentos se encuentra en trámite de discusión en el Parlamento. Un dictamen que valora el Anteproyecto y que, bajo nuestro punto de vista, debe ser una herramienta que los grupos políticos que debatan sobre la ley a partir de septiembre deben tener en cuenta puesto que recoge posiciones y propuestas de consenso. Un consenso que consideramos necesario para sacar adelante en esta segunda mitad de año la nueva Ley de Cooperación internacional, piedra angular de la futura reforma del sistema de Cooperación.

Una oportunidad única

Por primera vez en 20 años, el Gobierno español se ha comprometido con la reforma de nuestro sistema de cooperación. En un contexto internacional de múltiples y complejos retos, este debe ser un momento de oportunidades. Es un momento clave y una oportunidad única para dar un paso al frente y apostar por una propuesta audaz, transformadora, democrática, feminista y ecologista que responda a los retos globales; una ley que perdure en el tiempo más allá de los cambios políticos.

El segundo semestre del año estará marcado por el debate sobre la nueva Ley de Cooperación, sobre los presupuestos generales del Estado para 2013 y sobre el VI Plan Director.

Los presupuestos generales del Estado 2023 (PGE23) son una oportunidad para que el Gobierno refuerce su compromiso con la cooperación y con el propio texto de la nueva Ley -un texto que se discutirá a partir de septiembre-. Aprovechar esa oportunidad será determinante para apostar por una política que es prioritaria para la resolución de los problemas globales. En este contexto, es más necesario que nunca el cumplimiento del compromiso de Gobierno de coalición de alcanzar el 0,5% de la RNB para Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en los presupuestos 2023, como paso intermedio para alcanzar el 07%

Otro de los temas que cada vez comenzará a tener más presencia es la elaboración del VI Plan Director. Un plan que tendrá el reto de incluir los nuevos aspectos que se incorporen en la nueva reforma del sistema de cooperación que se aprobará en los próximos meses en el Congreso.

El Consejo de Cooperación al Desarrollo es un órgano consultivo de la Administración General del Estado y de participación que presta apoyo en la definición de la política de cooperación internacional para el desarrollo y que elabora dictámenes sobre documentos y políticas de Cooperación elaborados por la Administración y, aunque estos no son vinculantes, suponen una herramienta de valoración muy útil para los responsables de nuestra cooperación. El Consejo lo forman representantes de la sociedad civil, agentes sociales de la cooperación y expertos independientes junto con representantes de la Administración General del Estado.

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