Estamos al borde de un abismo y avanzamos en la dirección equivocada”; António Guterres fue muy claro en la pasada asamblea general de Naciones Unidas: las consecuencias de la crisis global son y serán muy graves. La celeridad con la que se suceden las crisis climáticas, sanitarias, bélicas, financieras, alimentarias… nos pone frente a un espejo nítido: vivimos en un mundo interdependiente con desafíos complejos que solo pueden abordarse desde la cooperación y la solidaridad. La guerra de Ucrania y sus consecuencias han enmarañado aún más del ovillo. No es tiempo de medias tintas; urgen países y sociedades responsables y con altura de miras. Es sorprendente comprobar que, a pesar de la urgencia, vivimos una parálisis del espacio multilateral y un incumplimiento exasperante de los compromisos asumidos.
En este contexto, asistimos a la reforma del sistema de cooperación; una oportunidad única para dar un paso al frente y apostar por una propuesta audaz, transformadora, democrática, feminista y ecologista que responda a los retos globales que afrontamos. El Proyecto de la Ley de Cooperación llega al Consejo de Ministros y Ministras, y de ahí pasará al Parlamento. Es en ese trámite en el que nos jugamos consolidar los aciertos de este proyecto; pero también nos jugamos la posibilidad de incorporar elementos que garanticen que la implementación y el desarrollo reglamentario de la Ley son coherentes con la promoción de la justicia global y los derechos humanos. Necesitamos garantizar también medios y capacidades adecuados.
Vivimos un momento en el que la libre interpretación o los desarrollos legislativos inciertos no tienen cabida
Proyecto de Ley: aciertos y desafíos
La Ley menciona las piezas de la crisis sistémica que vivimos: los límites del actual modelo de producción y consumo, la extrema desigualdad o el ascenso autocrático. A pesar de ello, su articulado es bastante tibio en lo que se refiere a una apuesta clara por el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la protección del planeta.
Vivimos un momento en el que la libre interpretación o los desarrollos legislativos inciertos no tienen cabida. Una cooperación que quiera ser vanguardia tiene que liderar el cambio e incorporar con determinación la coherencia de políticas, la mirada ecologista y feminista, la participación democrática, la cultura de paz y el fomento de una ciudanía comprometida con sus barrios y con el planeta. No hacerlo supondrá abrir la puerta a la continuidad más que a la transformación que tanta falta nos hace.
Está bien que el 0,7% sea reconocido por ley, aunque sin una hoja de ruta que lo haga realidad puede quedarse en otra mera declaración de intenciones
Veamos un ejemplo de la tibieza del Proyecto de Ley. La incorporación de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en la acción exterior del Estado, y también su integración en los mecanismos de implementación de la Agenda 2030, es positiva. Ahora bien, es imposible llevarla a cabo si no se analiza el impacto que tienen las políticas públicas a nivel global. Está ampliamente documentado cómo las contradicciones de las políticas empobrecen sus resultados y eso cuesta dinero y legitimidad. Por eso, es necesario que la Oficina de Evaluación de la Cooperación Española cuente con un mandado y recursos que den cuenta de tal desafío.
0,7% y más
La Ley contempla el objetivo de alcanzar el histórico 0,7% de la Renta Nacional Bruta para cooperación, y el 10% de esos fondos a acción humanitaria. Después de décadas con ese compromiso en la mochila, está bien que sea reconocido por ley, aunque sin una hoja de ruta que lo haga realidad puede quedarse en otra mera declaración de intenciones. Y no estamos para lanzar brindis al sol: la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) española se sitúa en un 0,25%, la mitad de la media europea.
Por otra parte, allanar el camino hacia esa necesaria transformación exige contar con la ciudadanía como motor de cambio y parte esencial de la política de cooperación. Para ello, debe destinarse el 3% de los recursos de AOD a la educación para la ciudadanía. Una pieza esencial en un contexto en el que no paran de crecer los discursos belicistas y de odio.
En ese camino, las ONG de Desarrollo juegan un rol determinante. Así lo reconocía recientemente el CAD. En ese reconocimiento destaca la diversidad de roles que juegan y que van más allá de la ejecución de proyectos y la atención en crisis humanitarias. El CAD reconoce el papel de las ONG de Desarrollo en la movilización ciudadana, en la vigilancia sobre las políticas públicas o en la defensa de los derechos humanos. La reforma de la Ley es una oportunidad para fomentar entornos que faciliten la promoción de ese rol. El Marco de Relación Gobierno-ONGD, firmado el pasado mes de marzo, es un gran avance en este sentido.
El Proyecto de Ley acierta al reconocer el papel de la sociedad civil, pero debe incluir una definición que explique bien qué se entiende por ello y cuál es su aporte específico al conjunto del sistema. También es necesario que la Ley reconozca la necesidad de promover instrumentos fiscales que incentiven las donaciones privadas a la cooperación internacional.
En todo este puzle hay una pieza que es seña de identidad de nuestro país: la cooperación descentralizada. Es importante que sea reconocida como merece y que se articule de manera estratégica en el conjunto de sistema de forma que pasemos de un enfoque de coordinación a uno de corresponsabilidad.
Reglamentos, burocracia y oportunidades
Existen reglamentos de crucial relevancia que no cuentan con la atención que merecen. El Proyecto de Ley evita desarrollar las directrices -así sean mínimas- en relación a cuestiones como la reforma del estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), la cooperación financiera, el estatuto de las personas cooperantes o la normativa de subvenciones. El texto debería incluir, como mínimo, criterios que aseguren la participación social en los diferentes órganos (AECID, Consejo Superior) y también en los instrumentos (cooperación financiera). Además, debería asegurarse la inclusión de la sociedad civil en el diálogo previo a la aprobación de los respectivos reglamentos.
Es el momento de estar a su altura y girar el timón hacia un cambio que frene las múltiples y complejas crisis que golpean la vida de millones de personas en todo el mundo.
Por último, es urgente abordar la reforma de la Ley General de Subvenciones -de la que depende la normativa de cooperación internacional-. La burocracia debe dar paso a la efectividad porque, como dice un compañero, “es crucial que dejemos de montar expediciones para buscar facturas en medio de la selva y pasemos a hacerlas para evaluar el impacto de nuestras acciones”.
El momento es ahora y así se lo hemos dicho de manera reiterada al Gobierno, a los partidos políticos y a la ciudadanía. No caben las medias tintas, nos jugamos mucho en las próximas décadas. La sociedad española lo tiene claro: es una de las que más apoya la cooperación y la solidaridad en Europa. Es el momento de estar a su altura y girar el timón hacia un cambio que frene las múltiples y complejas crisis que golpean la vida de millones de personas en todo el mundo; que nos aleje de abismo del que hablaba Guterres. En ese giro ganamos todas y todos porque si algo deja claro el momento complejo que vivimos como humanidad es que el momento de la solidaridad y la responsabilidad.