En 1986 nacía la CONAIE. Formada por 53 organizaciones de base, representa a los 18 pueblos y 14 nacionalidades de Ecuador. Desde entonces, ha defendido los derechos de los pueblos indígenas y de los sectores populares del país. En los últimos tiempos, ha denunciado al Gobierno nacional y a “su política neoliberal que se realiza a favor de grandes grupos económicos que acumulan riquezas y hacen más amplia la brecha de la desigualdad social”.

En 2019, se produjo un importante levantamiento de los pueblos indígenas de Ecuador. Tres años después, ¿qué queda de aquellas propuestas?

El estallido social de 2019 se produjo tras una acumulación de luchas. Las seis demandas que venía proponiendo el movimiento indígena no fueron escuchadas. Todo lo contrario: una parte del Gobierno nacional decidió adoptar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional; como consecuencia, se aprobó el decreto 883, que subió el precio de los combustibles y, con ello, prendió la mecha del estallido social. Tres años después, tampoco se ha dado respuesta a ninguna de las demandas del movimiento indígena y los sectores populares. No se han resuelto cuestiones como la lucha contra el extractivismo, la aplicación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como la consulta previa, libre e informada, el respeto a la aplicación de la justicia indígena, los problemas de los pequeños productores, el tema de la tierra, el agua el transporte comunitario…

La minería ilegal ha desbaratado los territorios; pero también la legal que, aun cumpliendo los requisitos del Estado, actúa de una forma muy parecida a la minería ilegal.

 

Dos años después del levantamiento, en 2021, se celebraron las elecciones que llevaron al poder al conservador Guillermo Laso. ¿El Gobierno de Lasso tiene alguna responsabilidad en esas movilizaciones que se anuncia para las próximas semanas?

El Gobierno impulsó diálogos con los sectores populares, pero las cuestiones no se resuelven. Por tanto, el problema no es el diálogo, sino cuándo se resolverán nuestras demandas. Ya el año pasado se realizaron movilizaciones para que se respete y fomente la producción nacional. Sin embargo, el Gobierno pretende firmar los tratados de libre comercio que, aunque garantizan ingresos de las exportaciones, dañan la matriz productiva del Ecuador. En relación a la ley del aborto, por ejemplo, pedimos la garantía del aborto por violación; sin embargo, el Gobierno ha llevado al Ministerio una ley muy conservadora. Tenemos también el tema de la ley de educación intercultural bilingüe, en la que se reconocía al profesorado una elevación de su salario, igualmente, ha sido vetado por el presidente. Hay otros temas que tienen que ver con la privatización de sectores estratégicos que son de los ecuatorianos y ecuatorianas. Toda la agenda legislativa está muy pegada a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Todos estos temas están aún pendientes y, por eso, de a poco, los trabajadores, los indígenas, los ecuatorianos hemos estado saliendo a las manifestaciones.

La población indígena represente el 7,03% de la población en Ecuador; esto supone un millón 53.000 de personas. En el censo de 1963, ascendía al 60%; tal disminución se hace difícil de entender. Leónidas Iza considera que puede deberse en gran medida al desprecio y la discriminación que históricamente han sufrido, tanto que la propia gente indígena prefiere no reconocerse como tal, sino como mestiza.

Una de las cuestiones que ustedes denuncian de manera constante es el extractivismo. ¿Qué consecuencias tienen estas prácticas de las empresas transnacionales sobre los territorios y la vida de las personas? ¿Existen mecanismos legales en Ecuador que frenen este tipo de actuaciones?

En los últimos 20 años, la minería ha aumentado ente el 80 y el 90%. Y el plan es salir de la dependencia del petróleo y de la economía extractivista. Nosotros hemos puesto de manifiesto lo que significó el petróleo y lo que va a significar la minería en cuanto al enorme impacto que causa. Realmente, el país se desarrolló con el petróleo, pero las zonas de explotación, después de 50 años, están devastadas, con enfermedades, los territorios de los pueblos indígenas están dañados, su identidad está desapareciendo. En los últimos 20 años se ha profundizado la dependencia de la minería. En este momento, este sector aporta el 11,5% del PIB que no es mucho, pero sus impactos en la naturaleza y pueblos indígenas son irreversibles, y, al ser una experiencia muy dolorosa en otros países hermanos como el Perú, hay un temor en los territorios indígenas. Enfrentamos dos cuestiones: por un lado, la minería ilegal que ha desbaratado los territorios; pero también la legal que, aun cumpliendo los requisitos del Estado, actúa de una forma muy parecida a la minería ilegal. El territorio afectado por la minería es de aproximadamente el 8%, cinco millones de hectáreas. El Ecuador es uno de los países más pequeños del mundo, pero es altamente biodiverso; por eso, es necesario cuidar el agua, la naturaleza, la biodiversidad frente a la minería.

Debe garantizarse el el respeto a los derechos, y en el caso de los pueblos indígenas, el respeto a los derechos colectivos: el respeto a su propia justicia, su educación.

 

En otros países de América Latina, los pueblos indígenas están teniendo un papel relevante en la defensa de los territorios y los derechos humanos. ¿En qué momento se encuentran esos movimientos y cuáles son los retos que tenéis por delante?

Como referencia tenemos al pueblo mapuche en Chile, que en este momento está avanzando en la construcción del Estado plurinacional. La situación en el Perú es muy comprometedora en este momento; el presidente Castillo ha tenido un retroceso en relación a la política que le llevó a ser elegido. Allá el tema de la minería es un factor determinante donde ya los gobiernos se volvieron dependientes. Es ahí donde entra en confrontación con los territorios y con los pueblos que viven en ellos. Ahora, hay que recordar que, en términos de normativa internacional, todos los pueblos indígenas del mundo estamos reconocidos como actores clave por la OIT, la ONU, la UE… y sin embargo, los Estados que se suman a ese reconocimiento no lo han respetado. Ante esta situación, nosotros hemos denunciado que no se aplica la garantía de consulta previa, libre e informada. También hemos llevado estas denuncias a las cortes constitucionales de los Estados. En la Corte Constitucional, estamos ganando en algunos casos; por ejemplo, el caso Piatúa o el caso de Sápara, caso Sinangoe. A pesar de ello, el Ejecutivo no lo respeta.

¿Qué pediréis al Gobierno en las próximas movilizaciones?

Primero, en relación al extractivismo: debe respetarse el derecho a la consulta previa, libre e informada con consentimiento vinculante; y debe haber una clasificación de los territorios en los que ya está presente la minería. Debe establecerse la política de compensación ambiental y la política de reparación después de la minería -porque no puede venir, explotar y dejar únicamente la contaminación-, buscamos que el país se declare libre de minería a cielo abierto. La segunda cuestión es el tema de la producción. Hemos pedido al Gobierno nacional que privilegie la matriz productiva nacional. Actualmente, tenemos un problema en las exportaciones por el efecto de la guerra en Ucrania; todas las exportaciones que tenemos de banano, de flores, de brócoli, papas, arroz… están paralizadas. Tiene que haber una política que resuelva esta situación. Y un tercer tema tiene que ver con el respeto a los derechos, y en el caso de los pueblos indígenas, el respeto a los derechos colectivos: el respeto a su propia justicia, su educación. Y también la lucha contra las privatizaciones; un asunto que no solo preocupa a movimiento indígena, sino a otros muchos actores del país.

Leónidas Iza nos pide no acabar la entrevista sin referirse a “un tema central para el movimiento indígena”: los derechos de las mujeres. “Las últimas estadísticas son muy preocupantes: ocho de cada diez mujeres indígenas son violentadas; de esas ocho, seis lo son sexualmente. Esta situación, que se debe al problema estructural del machismo, una sociedad patriarcal que está escondida. Por eso, estamos en lucha de manera permanente, hay una responsabilidad por ir resolviendo este tema desde el feminismo comunitario”. Además, recuerda que, en 2019, la mayoría de las personas que salieron a las calles fueron jóvenes y mujeres.

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