Imagina a una mujer embarazada andando por lo pasillos de un hospital. Mira a su alrededor asustada e inquieta. No por las contracciones, o por la llegada de su criatura, sino porque en ese mismo momento puede ser arrestada y deportada a su país de origen. Ahora deja de imaginar porque todo lo que acabas de leer es real como la vida misma. En septiembre de 2021, el Gobierno dominicano decidió implementar medidas restrictivas contra mujeres migrantes limitando, incluso, su asistencia en casos de emergencia.  “Mujeres recién paridas, casi sacadas de la sala de cirugía; mujeres en plenos dolores de parto y a punto de concluir el embarazo fueron parte de los informes que llegaron sobre el perfil de las mujeres que estaba siendo sustraídas de los centros de salud”. Quien lo denuncia es Jenny Morón, coordinadora del departamento de derechos humanos del Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA).

Con motivo del 8 de marzo, conversamos con Jenny Morón sobre las medidas que el Movimiento ha puesto en marcha para apoyar a las mujeres migrantes embarazadas que están  siendo perseguidas, así como sobre la situación de ápatridas en las que miles de personas viven en el país que les vio nacer. Un contexto que tiene un impacto especialmente negativo sobre las mujeres.

P. Hace unas semanas medios de comunicación de Haití criticaron al Gobierno dominicano por el supuesto maltrato del que son víctimas mujeres haitianas embarazadas, y aseguran que desde el mes de noviembre han sido deportadas entre 200 y 300 mujeres bajo esa condición. ¿Qué está sucediendo con estas mujeres? ¿Cómo está siendo esta persecución que incluso fue denunciada a finales del año pasado por Naciones Unidas?

R. A finales de septiembre de 2021, el Ministerio de Interior y Policía de República Dominicana anunció la implementación de medidas restrictivas contra mujeres migrantes limitando su acceso al sistema de salud pública en casos de emergencia, así como la prohibición especifica de la entrada al país de extranjeras en situación migratoria irregular a partir del sexto mes de gestación. A partir de ese momento, se han realizado decenas de operativos de captura de mujeres en centros de salud con el objetivo de deportarlas.

La propia Dirección General de  Migración ha dado cuenta en medios de prensa que se han deportado cientos de mujeres, y aunque la visibilidad mediática ha disminuido, las organizaciones de la sociedad civil siguen recibiendo todos los días denuncias  de deportaciones de mujeres embarazadas, situación que se agrava con el hecho de que se incluyen en las deportaciones a niños, niñas y adolescentes. Mujeres recién paridas, casi sacadas de la sala de cirugía; mujeres en plenos dolores de parto y a punto de concluir el embarazo fueron parte de los informes que llegaron sobre el perfil de las mujeres que estaba siendo sustraídas de los centros de salud. La gran mayoría dejan en casa a los hijos e hijas menores quienes quedan totalmente desprotegidas; solo reciben el auxilio de vecinos y personas de la comunidad, sin una ubicación exacta de donde está la madre y si podrá regresar al país para reencontrarse con su familia.

Se han deportado cientos de mujeres. Denunciaremos esta situación en Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

P. ¿Qué mecanismos ponéis en marcha desde el Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas para asistir y ayudar a estas mujeres que están siendo perseguidas?

R. En la actualidad, el Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas, como organización feminista y liderada por mujeres, es la única dentro de la plataforma que trabaja este tema y hemos puesto en marcha medidas para minimizar el impacto. En primer lugar hacemos incidencia mediática para visibilizar los abusos cometidos por la autoridades hacia la mujer y de manera específica hacia la mujer migrante. Nos coordinamos con organizaciones aliadas en Haití como GAAR para establecer un puesto de información en zonas fronterizas para que las mujeres, así como las familias,  puedan conocer el estado de la mujer y las condiciones para así trabajar hacia su retorno y reunificación familiar.

Además, hemos iniciado acciones de incidencia desde los espacios sociales para que organizaciones, redes y plataformas que trabajan los temas de género e igualdad comprendan que estas acciones de persecución son un ataque directo hacia la mujer y hacia sus derechos. Para ello, presentamos esta realidad al Comité de la CEDAW denunciado las acciones discriminatoria y xenofóbica del Estado dominicanos y estaremos presentándola ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la próxima audiencia temática. En todas estas iniciativas impulsamos también procesos de sensibilización social y comunitaria orientando a las mujeres y futuras madres sobre sus derechos, la necesidad de portar documento y los contactos de la organización para tener una asistencia legal

P. En el año 2013, la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana despojó retroactivamente de la nacionalidad dominicana a cientos de miles de hijos/as de migrantes haitianos nacidos entre 1929 y 2010. Esta situación provocó que miles de personas se convirtieran en apátridas en la misma tierra que les había visto nacer. ¿Cómo está la situación después de 9 años de la aprobación de esta sentencia?

R. Recordamos que la sentencia TC168-13 aún sigue vigente. Es por ello que a diario personas de ascendencia haitiana se les siguen negando la emisión de sus documentos o se les exige que presenten pruebas del estatus legal de sus padres o descendientes;  se les indica hacer el procedimiento para ser auditados y transcribir su acta de nacimiento, aplicándoles de manera indirecta e inexplicable la sentencia ya mencionada, así como la ley 169-14,  la cual desde su diseño presenta un conjunto de debilidades. En la actualidad está en estado de causa ante el Tribunal Constitucional para su nulidad lo que pone en riesgo quedarse sin registro civil y sin identidad.

Tras nueve años podemos decir que la sentencia sigue vigente, aunque el Estado pretendió buscar una solución a través de la Ley 169-14 al impacto de la decisión del Tribunal Constitucional, los hijos e hijas de las personas haitianas nacidos en el país viven bajo la amenaza del impacto de esta decisión. Insistimos: la ley 169-14 no ha sido la mejor solución al impacto provocado por la sentencia 168-13. El solo hecho de que en su enunciado principal se utilice los términos irregular y naturalización suponen un fraude y extranjerización, lo que genera estigmatización para las personas beneficiarias. En nuestra respuesta ampliada explicamos claramente como esta solución se ha convertido en un sistema de segregación donde hay grupos y sub grupos con distintos contextos y distintas situaciones.

El hecho que exista una decisión firme y fuerte dictada por un tribunal de manera específica que ordena la desnacionalización de un grupo determinado por cuestiones de raza, etnia e historia es un reflejo de la discriminación estructural que existe en el país.

 

P. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que la apatridia tiene lugar dentro de un “contexto de discriminación histórica”. ¿Cómo ha afectado la sentencia 168-13  a la población y en especial a las mujeres y a las niñas?

R. La amenaza constate que provoca el hecho que exista una decisión firme y fuerte dictada por un tribunal de manera específica que ordena la desnacionalización de un grupo determinado por cuestiones de raza, etnia e historia es un reflejo de la discriminación estructural que existe en el país y así lo ha identificado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esta sentencia tiene un impacto en toda la población de ascendencia haitiana, pero en el caso de las mujeres el impacto es proporcional a la realidad legislativa que enfrentamos las mujeres dominicanas. Nosotras de acuerdo a la ley somos las responsables de la identidad de nuestros hijas e hijos. Me explico, es necesario y obligatorio para que un niño y niña tenga un acta de nacimiento que su madre porte una identificación regular en el país. La figura del padre en relación a la documentación solo se avala en el reconocimiento paterno que sucede cuando la identidad ya está establecida. En el sentido práctico podríamos decir que nosotras transmitimos nuestra condición de documentación a nuestra descendencia y por ello cuando nuestros hijos e hijas se ven indocumentados nos culpan e incluso nos violentan. Es por ello que en este caso de manera particular yo manejo el término de que las mujeres dominicanas vivimos una violencia institucionalizada alrededor de esta realidad. Por lo tanto queda claro que las mujeres somos y seremos a partir de esta decisión más vulnerables y que el impacto para nosotras será más severo.

P. ¿Cuáles son las soluciones que las organizaciones de la sociedad civil plantean para acabar con la situación de apatridia en la que miles de personas viven en República Dominicana?

La solución es muy simple. En primer lugar que se respete y reconozca los derechos a la nacionalidad dominicana a todas las personas a quienes que se le fue otorgada. En segundo lugar, que se le otorgue el derecho a la nacionalidad sin restricciones a todos las personas nacidas en República Dominicana antes del 2010 como así lo expresaba la Constitución dominicana. En tercer lugar, que se derogue la sentencia del Tribunal Constitucional por improcedente. Y por último, que se garantice que todas las personas que fueron beneficiadas con la Ley 169-14 no tendrán ningún conflicto con la nacionalidad y documentación.

 

 

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