La ruptura de la presa de Brumadinho, en enero de 2019, un dique minero con aguas residuales de la mina Córrego de Feijão, Minas Gerais-Brasil, derramó miles de metros cúbicos de agua y barro tóxico sobre la región. El desastre ambiental enterró a 272 personas y parte del río Paraopeba. Unido a este grave accidente, la mina sigue cobrándose vidas y la culpable de todo esto es la compañía minera Vale.

«Imagina, por un momento, que alrededor de tu casa hay cinco empresas de fundición de minerales que se ponen a trabajar con sus hornos de altísima temperatura y arrojan gases tóxicos, humos y cenizas. Tu casa se llena de polvo, el aire se vuelve irrespirable, las aguas se contaminan, tus plantas mueren, tus mascotas languidecen, tu familia enferma…». Esta es la realidad que la comunidad de Piquiá de Baixo, en el estado de Maranhao de Brasil, lleva viviendo desde hace más de 30 años.

Los pueblos del suroeste antioqueño de Colombia no se entienden separados de la naturaleza. La evidencia del territorio de las zonas mineras en este país habla de generación de economías ilegales e informales y de grupos armados, que ponen en riesgo la calidad de vida comunitaria. Prefieren un desarrollo regenerativo, en armonía con la vida, y valoran la riqueza de la biodiversidad, también amenazada en el departamento de Putumayo donde hay concesiones mineras para la extracción de cobre, oro, molibdeno y otros minerales.

El 9 de enero de este año fue asesinado Pablo Isabel Hernández, reconocido líder comunitario y comunicador social lenca, por defender los derechos de su pueblo hondureño y de la madre naturaleza, constituyendo un ataque contra la democracia y los derechos de las comunidades.

Los testimonios de esta caravana encarnan la necesidad de elaborar leyes que obliguen a las empresas a respetar los derechos humanos y el planeta.

Un impulso a los procesos legislativos de diligencia debida en derechos humanos y empresas

Es necesaria una mayor implicación de los tres agentes que garantizan la reparación de los impactos producidos en este ámbito: empresas, que trabajen para minimizar sus riesgos; Estados que exijan la protección y reparación de los derechos vulnerados, y una sociedad civil, que haga un seguimiento de las situaciones y se comprometa a través de un consumo responsable y una inversión transparente.

Actualmente existen procesos legislativos abiertos en varios ámbitos geográficos. La UE ha lanzado una propuesta de directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Se les exigirá que determinen y, en caso necesario, prevengan, atajen o mitiguen los efectos adversos de sus actividades en los derechos humanos -trabajo infantil, explotación laboral, conflictos, violencia- y en el medioambiente. España está preparando su propia ley, recogiendo los avances de otros Estados que ya cuentan con una, y las propuestas del Tratado vinculante de Empresas y Derechos Humanos de la ONU.

Una agenda de encuentro, diálogo y trabajo común

La comitiva de América Latina llegará a España el 3 de abril y mantendrá una agenda de encuentros con la sociedad civil que incluye sesiones cerradas con la plataforma Enlázate por la Justicia y el Observatorio de las Multinacionales en América Latina y dos sesiones abiertas:

Salamanca, Plataforma para las Empresas Responsables/Enlázate por la Justicia, lunes 4 de abril en la Universidad de Salamanca.

Madrid, Ecologistas en Acción , martes 5 de abril, a las 19h en el Ateneo La Maliciosa.

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