Décadas de trabajo a nuestras espaldas, de la mano de la sociedad civil de más de 100 países, nos demuestran que algunas de las actuaciones de las empresas españolas más allá de nuestras fronteras tienen graves consecuencias sobre la vida de miles de personas. Actualmente, en un contexto de declive democrático mundial, la impunidad corporativa es fuente de violación de derechos humanos en forma de asesinatos, hostigamientos, extorsiones y amenazas.

El mes pasado, un derrame de Repsol en las costas de Lima causaba el mayor desastre ecológico de la historia de Perú; 3.000 familias que se dedicaban a la pesca se han quedado sin recursos y sin reconocimiento económico por enorme daño causado. Si existiera una ley que regulara las actuaciones de las empresas españolas en otros lugares del planeta, este tipo de situaciones podrían evitarse o gestionarse de otro modo.

Consulta pública: un paso positivo en (esperamos) la dirección adecuada

Que el Gobierno esté trabajando en un anteproyecto de ley para regular la acción de las empresas, es una buena noticia. Que haya abierto una consulta pública también. Confiamos en que la ley se apruebe antes del final de la legislatura y que contemple con medidas concretas de obligado cumplimiento que garanticen la responsabilidad de los actores empresariales y el derecho a la justicia de las víctimas.

Respondemos a esta consulta desde nuestra experiencia construida de la mano de la sociedad civil del Sur global, en el ámbito de la cooperación internacional y los derechos humanos. Y lo hacemos de la mano de una amplia representación de organizaciones sociales que forman parte de la Plataforma de Empresas Responsables, Futuro en Común y otros espacios de incidencia y denuncia sobre los impactos negativos de los actores empresariales en las poblaciones y entornos de otros lugares del planeta.

España no puede quedarse de brazos cruzados frente a la impunidad corporativa que mina los derechos humanos, especialmente de las mujeres y de la infancia, atenta contra la naturaleza y el cambio climático y es fuente constante de riesgo reputacional para el país poniendo en tela de juicio su liderazgo en la Agenda 2030 . El Gobierno debe asumir un mayor liderazgo en lo que queda de legislatura con una ley que sitúe el país a la vanguardia europea en la materia. Debe abandonar la pasividad de los últimos años. Las víctimas de los abusos corporativos, la sociedad civil española e internacional y las empresas responsables demandan esta norma con urgencia. 

Consulta nuestras propuestas aquí.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.