Tras una década perdida para la cooperación, el Gobierno y los partidos políticos tienen una oportunidad para construir una propuesta que esté a la altura de los desafíos globales actuales. Tienen la oportunidad de responder a una ciudadanía que demuestra sistemáticamente su compromiso con la cooperación. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán determinantes para contar con una ley que permita que el país esté a la altura del contexto mundial actual. 

La apuesta por cumplir con el 0,7% en 2030 y destinar el 10% a la acción humanitaria es un paso positivo que responde a los compromisos asumidos históricamente. También es muy positivo que los objetivos que contempla estén ligados a la lucha contra la pobreza y la desigualdad desde un enfoque de derechos humanos y medioambiental. 

El fortalecimiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), con un estatuto propio y con un refuerzo de los recursos humanos es una cuestión que veníamos demandando desde hace tiempo. El refuerzo de la AECID es una buena noticia para el buen funcionamiento del sistema de cooperación.

Cuestiones clave que deben ser incluidas en la Ley

La tramitación de la Ley inicia un camino que exige concretar algunas cuestiones esenciales para garantizar que está a la altura de la situación mundial actual, que contribuye a la garantía de los derechos humanos y a la protección del planeta, y que demuestra la responsabilidad de España en el mundo. 

  • La Ley debe recoger con más claridad la necesidad de un cambio de enfoque a la hora de enfrentar los retos globales. Debe ser una ley realmente transformadora y eso pasa necesariamente por un enfoque feminista y ecologista y por la protección del espacio cívico (el derecho ciudadano a organizarse colectivamente para participar en los asuntos públicos).
  • La cooperación debe ser el centro de la acción exterior y guiar el resto de políticas; la Ley debe promover la coherencia de todas las políticas con la garantía de los derechos humanos y la protección del planeta. 
  • El papel de la sociedad civil (diversa y plural), tanto española como del Sur global, debe ser reconocido de manera específica. El texto no reconoce el papel de la ciudadanía y de las ONGD en la construcción histórica del sistema.

En un contexto mundial de regresión democrática, crecimiento de las desigualdades, el hambre o los conflictos, reiteramos nuestra disposición para construir, junto al Gobierno y los partidos políticos, una política de Estado que responda con rigor y eficacia a tales desafíos.

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