Vivimos un momento crucial para la humanidad. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, lo ha advertido: “Estamos al borde de un abismo y avanzamos en la dirección equivocada”. La crisis que afecta a todo el planeta tiene graves consecuencias en la salud de las personas, el clima, las desigualdades, las violencias contra las mujeres. Mientras esas consecuencias crecen y crecen, los países coleccionan firmas de acuerdos internacionales que no cumplen, como sellos exóticos en una vitrina.

Las crisis son múltiples y complejas: la llegada de una nueva cepa de la covid-19 nos pilla sin la lección aprendida de que la vacuna debe ser accesible para todo el mundo; la Cumbre del Clima ha evidenciado los esfuerzos insuficientes de los países para limitar el calentamiento global 1,5 grados; la cifra de 137 mujeres asesinadas al día en el mundo demuestra que los avances contra las violencias machistas son muy frágiles; la degradación democrática avanza en el mundo, como hemos visto recientemente en Centroamérica; más de 80 millones de personas se ven expulsadas de sus hogares por los conflictos, el cambio climático, la miseria y la violación de derechos humanos; el genocidio de personas indígenas y el racismo aumentan en todo el mundo. Y así podríamos continuar y continuar.

Siete de cada diez personas viven en Estados autocráticos cuyas leyes son contrarias a los valores democráticos

En la próxima década, nos jugamos mucho; necesitamos países comprometidos y responsables. Necesitamos también que la sociedad civil tenga un papel destacado en la construcción de un mundo en el que primen los derechos humanos y la protección del planeta. El llamado “espacio cívico y democrático”, es decir, la capacidad de la ciudadanía para expresarse, organizarse y actuar de forma pacífica en la vida democrática, es una pieza clave en un contexto muy complejo. No asegurar esa participación ciudadana debilita enormemente los derechos más básicos de las poblaciones y la promoción de bienes públicos globales como el clima, la paz o las libertades civiles. Además, pone en riesgo los resultados de la Agenda 2030, con la que se han comprometido los países.

Consecuencias de las restricciones a la ciudadanía

La fotografía mundial sobre la garantía del espacio cívico arroja una imagen preocupante. Siete de cada diez personas viven en Estados autocráticos cuyas leyes son contrarias a los valores democráticos. En muchos lugares, son habituales las detenciones y multas arbitrarias, la censura, los hostigamientos o leyes que restringen derechos humanos. Una realidad que ha empeorado en todo el mundo porque algunos gobiernos han utilizado la pandemia como excusa para restringir o empobrecer la participación de la sociedad civil.

Una de las consecuencias más graves de esta situación son los 331 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en 2020. Pero existen otras muchas cuestiones que deberían preocuparnos: la detención de quienes rescatan a personas en el Mediterráneo; las multas a quienes se congregan en un espacio de manera espontánea o despliegan una pancarta; el hostigamiento a mujeres que defienden sus derechos; la persecución a periodistas. En España, la propuesta para derogar la Ley Mordaza ha sido calificada por colectivos sociales como insuficiente, puesto que los derechos a la libertad de expresión, de reunión, información y a la intimidad seguirán siendo socavados. Este desafío, por tanto, está también en el tejado de los países que más alardean de democracia y compromiso con la Agenda 2030.

Sociedad civil y democracia

La preocupación por las limitaciones a la libertad de expresión, la movilización y la participación ciudadana en los asuntos públicos no es exclusiva de los movimientos sociales y la juventud. En los compromisos clave de la Comisión Europea para los próximos años (Agenda Estratégica de 2019 a 2024) se recoge de manera destacada su responsabilidad en la defensa y garantía de los derechos fundamentales y libertades ciudadanas firmados en sus tratados.

El trabajo que los países realizan en materia de cooperación y asistencia humanitaria no se libra de esa llamada de alerta. El Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE ha sido claro: el pasado mes de julio aprobó una serie de recomendaciones para sus Estados miembro sobre el fortalecimiento de contextos que fortalezcan el espacio cívico y la participación ciudadana en los lugares en los que cooperan. Así lo explicaba recientemente en el Congreso de los y las Diputadas Mayumi Endoh, del Centro de Desarrollo de la OCDE: “La sociedad civil juega un papel central para la Agenda 2030 y la respuesta a la pandemia a través del desarrollo de sus estrategias independientes y en la construcción de alianzas”.

Necesitamos Estados que den ejemplo y fortalezcan la democracia. No hacerlo acrecentará aún más el abismo del que alerta António Guterres

La alarma suena en todo el mundo y en distintos espacios. Ciertos gobiernos están reaccionando con estrategias específicas que garantizan la participación de la sociedad civil en el hacer político. Algunas de las medidas que se están tomando pasan por el refuerzo de las consultas ciudadanas, por una mayor garantía de los derechos humanos, una apuesta por la educación en valores de solidaridad y ciudadanía global. Otras se enfocan en reforzar el acceso a los medios de comunicación o el fomento de la transparencia; otras fortalecen las capacidades de una gran pluralidad de organizaciones para promover soluciones e innovar gracias a su acceso a recursos públicos. Todas estas medidas buscan fortalecer el diálogo con la ciudadanía, una pieza esencial para garantizar sociedades plenamente democráticas. Sin embargo, no son generalizadas; en realidad, predomina la tendencia contraria y eso es muy preocupante.

Vivimos tiempos de enormes retrocesos democráticos en todo el planeta. En plena ola autocrática, necesitamos países que promuevan espacios para la acción ciudadana; que garanticen la libertad de expresión, el derecho de movilización y participación colectiva. Países que fomenten la colaboración con sociedades civiles de otros lugares ―una de las mejores formas de cooperar frente a retos complejos y globales. Necesitamos Estados que den ejemplo y fortalezcan la democracia. No hacerlo acrecentará aún más el abismo del que alertaba António Guterres.

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