Más de 20 plataformas y redes nacionales y regionales –que representan a más de 2.500 organizaciones sociales- participamos en este encuentro. Un espacio en el que una parte destacada de la sociedad civil iberoamericana nos encontramos para debatir los temas que se planteamos como agenda del último Encuentro Cívico (2020). La ocasión sirvió también para evaluar el estado en el que se encuentran las decisiones que entonces se tomaron y reflexionar sobre los temas de la próxima Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado.

Participamos entidades de ambos lados del Atlántico: desde El Salvador a Argentina, pasando por Guatemala, Ecuador, Chile, Uruguay, España o Portugal, entre otros. Cada una de nosotras aportó su visión desde su ámbito de especialización: la cooperación para el desarrollo, la infancia, la igualdad de género o las cuestiones relativas a las personas afrodescendientes. Todas contribuyeron desde el compromiso colectivo con la construcción de sociedades más justas y solidarias.

 

Las crisis derivadas de la pandemia han afectado con mayor dureza a las capas más vulnerables de las sociedades.

 

Pese a esa diversidad de procedencias geográficas y temáticas, coincidimos en tres claves interconectadas e imprescindibles para entender la situación actual de Iberoamérica: por una parte, las consecuencias de la COVID-19; por otra, los escasos avances (o incluso retrocesos) que se han producido respecto a las demandas que se plantearon en el Encuentro Cívico de 2020; y, por último, las cada vez más importantes restricciones a la participación ciudadana y las violaciones de derechos humanos que se producen, en mayor o menor medida, en casi todos los países iberoamericanos.

El impacto de la pandemia

La desigualdad se ha convertido en una característica estructural de la región, tal como apuntó Marcos Pinta Gama, secretario general de la SEGIB, en la apertura del encuentro. La COVID-19 no ha hecho más que ampliar las brechas sociales. Las crisis derivadas de la pandemia han afectado con mayor dureza a las capas más vulnerables de las sociedades.

Se viene detectando un deterioro de la educación especialmente en familias con menos recursos e importantes impactos en las personas con discapacidad. A ello hay que añadir los importantes incrementos en los precios de las canastas básicas que no se han visto compensados con incrementos del poder adquisitivo de las personas. Esta situación incide especialmente en quienes ya vivían en situación de vulnerabilidad antes de la crisis. Por otra parte, los sistemas de salud (en muchos casos débiles) se han centrado en el coronavirus, descuidando otras enfermedades y patologías, especialmente aquellas más invisibilizadas como es el caso de las enfermedades mentales. La desigual distribución de vacunas entre países y en el interior de los territorios es otro de los problemas que deben ser tenidos en cuenta.

Ninguno de los Estados de la región parece librarse de violaciones de derechos humanos y restricciones del espacio cívico.

El debate hizo especial referencia a los efectos de la pandemia sobre las mujeres; efectos que se han traducido en un incremento de la carga de cuidados y en mayores casos de violencia de género, sobre todo en los momentos de confinamientos.

Demandas que no se han cumplido

El segundo de los ejes sobre los que giró el debate fueron las demandas realizadas en 2020. La conclusión general es que nos encontramos en una situación de estancamiento o incluso de retroceso y que queda muchísimo camino por recorrer en la totalidad de lo que como sociedad civil pedimos a los jefes y jefas de Estado. Nuestras demandas exigen el fortalecimiento de los Estados, la transformación de la cooperación internacional, la reforma de la arquitectura financiera global, la universalización de los sistemas de protección social y salud, la generación de un nuevo pacto social educativo, ecologista y feminista, y la consolidación de la libertad de información.

El tercer pilar de las discusiones fue el relativo a las violaciones de los derechos humanos y las restricciones al espacio cívico. Se trata un problema creciente que toma dimensiones especialmente peligrosas en algunos países. Ninguno de los Estados de la región parece librarse de alguna o varias de estas violaciones: encarcelamiento de activistas, restricciones a periodistas y medios de comunicación, persecución a organizaciones de la sociedad civil o establecimiento de límites a la participación ciudadana y a la libertad de expresión. Inés Pousaleda, miembro de CIVICUS, expuso que los grupos que más están sufriendo las restricciones del espacio cívico son las mujeres, las y los activistas medioambientales, los sindicatos, la juventud y las personas LGTBIQ+.

La reunión concluyó con la certeza de que la solución a todos estos problemas pasa por la ciudadanía, el trabajo conjunto, la cooperación y la construcción colectiva. El debate dejó claro que debemos seguir promoviendo alianzas de la sociedad civil de distintos países y regiones para tejer estrategias conjuntas que impulsen los cambios que deseamos. Alejandra Solla, directora ejecutiva de La Liga Iberoamericana, hizo un llamamiento a todas las organizaciones para incrementar la presencia pública, mejorar nuestra capacidad de hacer llegar demandas a los gobiernos y a dar mayor continuidad al trabajo entre Encuentros Cívicos. En ello estamos desde hoy.

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