La cooperación internacional que se realiza desde nuestras autonomías y ayuntamientos es determinante en un momento de crisis global como el actual. Es, además, expresión del compromiso de una ciudadanía que se encuentra a la cabeza de la solidaridad en Europa. Si algo ha dejado claro la pandemia es que somos interdependientes y que lo que ocurre en un lugar lejano tiene mucho que ver con lo que ocurre en nuestros barrios y ciudades. Por eso, es crucial fomentar políticas públicas como la cooperación que fomentan la garantía de los derechos humanos y promueven la protección de nuestros entornos. Estas y otras cuestiones han sido señaladas en el encuentro de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG para el Desarrollo, una cita en la que han estado representadas más de 500 organizaciones que trabajan en más de 110 países.
Una política debilitada cuando más se necesita
El encuentro ha coincidido con la publicación de un informe sobre el estado de la Ayuda Oficial al Desarrollo descentralizada. La fotografía arroja una imagen muy debilitada de una política esencial en estos momentos. El informe analiza la evolución de los presupuestos de 2020 a 2021. En este periodo, se observa un crecimiento de un 0,2%, una subida claramente insuficiente teniendo en cuenta que venimos de cifras muy bajas. Las comunidades autónomas dedican de media un 0,12% a cooperación, un porcentaje muy lejano del compromiso del 0,7%.
Un caso preocupante que presenta una caída en picado es Andalucía, donde el acuerdo de Gobierno ha llevado esta política pública del 0,11% al 0,09%. Esta situación contrasta con comunidades como Euskadi, Navarra o La Rioja, con más de 0,20%. Valencia también demuestra que otra cooperación es posible: el Gobierno se ha comprometido a aumentar los fondos del 0,1% al 0,2%.
A la cola, con menos de un 0,09% se encuentran Aragón, Castilla y León, Galicia, Canarias, Castilla La Macha, Madrid y Murcia (con tan solo un 0,008%).
Recomendaciones
La Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG de Desarrollo ha elaborado una declaración en la que demanda una cooperación que sea coherente con los principios de la Agenda 2030 y que, por tanto, garantice los derechos humanos, sea feminista y ecologista. Urge también mantener un compromiso firme y un calendario creíble para alcanzar el 0,7%. La cooperación debe garantizar la educación para la ciudadanía global, es decir, todas aquellas propuestas que nos ayudan a ser ciudadanos y ciudadanas conscientes y comprometidas con nuestros entornos y con el planeta. Es necesario contar con la sociedad civil y mejorar los mecanismos de gestión.
El encuentro ha dejado claro que es hora de cooperar. En el ámbito estatal, asistimos a la reforma de la cooperación; este momento debería ser aprovechado por todas las administraciones públicas para construir propuestas que respondan con rigor, recursos, capacidades y propuestas a los enormes desafíos que enfrentamos como humanidad.