Desde inicios de este año 2021, asistimos a un nuevo episodio de intensificación de las acciones de acoso, desprestigio y criminalización de las organizaciones de la sociedad civil palestina por parte del estado de Israel.

La orden emitida por el Ministerio de Defensa de Israel el pasado 19 de octubre, por la cual se designa a seis ONG palestinas de derechos humanos como “organizaciones terroristas”, supone un ataque sin precedentes, sin evidencias ni fundamento legal, contra toda la comunidad internacional que trabaja por el cumplimiento de los Derechos Humanos en Palestina. Asistimos a un nuevo intento de silenciar y acabar con el trabajo de la sociedad civil comprometida con la defensa de los derechos de la población palestina, que son sistemáticamente violados. Estas organizaciones son  quienes, en primera instancia, denuncian las prácticas de ocupación y apartheid israelíes también evidenciadas por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Las ONGD del Estado Español que trabajamos en Palestina expresamos una vez más y a través de este comunicado nuestra total repulsa y condena a la campaña de desprestigio, criminalización y judicialización de las organizaciones de la sociedad civil palestina y, por extensión, a la cooperación internacional y a la acción humanitaria en el Territorio Ocupado Palestino por parte de la potencia ocupante, quien ante la pasividad y/o permisividad de la comunidad internacional sigue incumpliendo con total impunidad su obligación de garantizar los derechos de la población ocupada.

Una vez más, llamamos la atención sobre la represión del Estado de Israel, que forma parte de una estrategia global y sostenida dirigida no solo a las organizaciones palestinas que están siendo directamente criminalizadas, sino también a las organizaciones internacionales de cooperación para el desarrollo y de acción humanitaria que trabajamos con ellas en Palestina, así como al movimiento internacional de solidaridad con Palestina. Es por ello que nos hacemos eco del comunicado conjunto emitido por las principales redes de ONGDS palestinas, PNGO (142 organizaciones) y  PHROC (11 organizaciones), y condenamos la designación del Ministerio de Defensa israelí contra las organizaciones palestinas, haciendo nuestras las demandas de la sociedad civil palestina.

Por todo ello, pedimos a las administraciones públicas del Estado Español (estatales, autonómicas y locales), como titulares de obligaciones de acuerdo a la legislación internacional, lo siguiente:

  • Hacer un pronunciamiento público y urgente de condena, rechazo y denuncia de la criminalización de las organizaciones palestinas por parte del estado de Israel.
  • Exigir a las diferentes agencias de la cooperación descentralizada, y a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el mantenimiento de su compromiso y apoyo efectivo a la defensa de los derechos de la población palestina, sistemáticamente violados por la potencia ocupante en claro incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, en línea con sus valores, planes estratégicos y prioridades de trabajo.
  • Garantizar en todo momento la seguridad del personal de entidades del Estado Español en el Territorio Ocupado Palestino para el ejercicio de su trabajo de cooperación y acción humanitaria.
  • Exigir una respuesta clara y pública por parte de la Unión Europea contra la criminalización del sector de la cooperación y de la acción humanitaria en el Territorio Ocupado Palestino a través del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea, Sr. Josep Borrell.

 

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