Avanzando, aunque no con la rapidez exigible. Así podríamos resumir el resultado del análisis sobre los fondos de cooperación para los presupuestos generales del Estado 2022. Si se ejecutan en su totalidad, España destinará un 0,28% de su Renta Nacional Bruta para cooperación. Este porcentaje es insuficiente para acercarse al compromiso de legislatura, situado en el 0,5%, y, por supuesto al 0,7% en el plazo establecido por la Agenda 2030.
Las luces de los presupuestos vienen de la mano de la apuesta por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID). Por primera vez, desde 2011, la AECID cobra un mayor protagonismo: recibe 134 millones más hasta alcanzar los 491. De este modo, gestionará el 12,4% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), frente al 9,2% en 2021. Este es un gesto importante en pleno proceso de reforma del sistema de cooperación y abre las puertas a fortalecer el rol de esta institución que debería gestionar, al menos, el 20% de la AOD.
También es destacable la apuesta por apoyar a terceros países en la compra de vacunas. Para esta línea de trabajo se destinan 293 millones de euros; en coherencia con el Plan de Acceso Universal. Esta decisión es positiva, aunque debe venir acompañada de transparencia en su gestión. Es necesario conocer el contenido del programa y asegurar que los fondos se destinan a fortalecer la salud pública, garantizar la equidad en el acceso y la entrega en plazo.
Se mantiene el esfuerzo multilateral de los presupuestos del año pasado -que está en máximos históricos en 1.780 millones. Se observa un ligero descenso (-1%), vinculado al PIB, en la partida destinada a la UE.
En un contexto mundial de enormes y complejas crisis, la ayuda humanitaria se lleva la peor parte.
Las ONGD, que han llegado a recibir la mitad de fondos que hace diez años, gestionarán 53 millones más a través de la AECID. Esta decisión, cambia la tendencia de los últimos años marcada por partidas insuficientes y financiación que venía principalmente del apoyo ciudadano a través de la declaración de la renta.
Algunas sombras
La ayuda humanitaria recibe la peor parte. En un contexto mundial en el que a pandemia ha causado estragos, en el que 41 millones de personas están al borde de la hambruna, en el que el cambio climático golpea a las comunidades más vulnerables y expulsa a millones de personas de sus hogares, en donde algunos conflictos se recrudecen… la acción humanitaria es esencial para garantizar condiciones básicas de vida. A pesar de este contexto, solamente aumenta en tres millones: pasa de los 24 a los 27. Esta cifra es claramente insuficiente e incumple las recomendaciones del CAD que establece que debería alcanzar un 10% del total de la ayuda. Para ser conscientes de la insuficiencia de estos fondos basta echar la vista atrás: hace diez años, la ayuda humanitaria recibía 350 millones de euros.
Recomendaciones en el marco de la reforma del sistema de cooperación
Es posible mejorar la propuesta de PGE 2022 con cuatro medidas que son cruciales en un contexto de múltiples crisis globales. Y lo son, además, de cara a la reforma del sistema de cooperación. Tenerlas en cuenta, demostrará si el Gobierno asume la responsabilidad que le corresponde.
1. Incrementar los recursos destinados a ayuda humanitaria. La asignación a la Oficina de Acción Humanitaria para paliar los efectos de las crisis actuales debe alcanzar, al menos, los 120 millones de euros.
2. Creación de un fondo en la AECID de apoyo a la participación e la cooperación descentralizada en la cooperación delegada. Ese fondo debe contar con 10 millones de euros y diseñarse con las entidades interesadas. Una medida de este tipo permitiría aprovechar capacidades de las distintas administraciones del Estado y ponerlas al servicio de los objetivos establecidos.
3. Más financiación climática para la adaptación y mitigación, y para las pérdidas y daños que sufren los países del Sur Global a consecuencias del cambio climático. A pesar del reciente anuncio del presidente Sánchez de aportar 30 millones de euros al Fondo de Adaptación, España sigue por debajo de la cantidad que le corresponde, según lo establecido en el Acuerdo de París.
4. Donación de, al menos, la mitad de los 11.000 millones de euros de derechos especiales de giro a países que han sufrido un mayor impacto económico por la pandemia. Cancelación de deudas insostenibles más allá de la iniciativa de suspensión de deuda del G20, que es insuficiente.