La cooperación entre los pueblos, entre los países, no es solo una cuestión de solidaridad, es ante todo una cuestión de responsabilidad. A finales de junio, tres cooperantes de Médicos sin Fronteras fueron asesinados en Tigray, Etiopía. María, Tedros y Yohannes trabajaban en una de las zonas del planeta en la que los derechos humanos son violados de manera constante, donde las personas se acuestan en vela, donde las violaciones a mujeres son sistemáticas, donde la violencia, los asesinatos, el hambre y la ausencia de futuro son el pan de cada día.

Tigray es uno de tantos conflictos enquistados por los que millones de personas se ven obligadas a partir de sus hogares, a iniciar trayectos a ciegas en mares inundados de muerte. En el primer semestre del año, según datos de Caminando Fronteras, más de 2.000 personas perdieron la vida en las rutas de acceso a España. La pandemia ha golpeado a quienes ya vivían en la cuerda floja. Naciones Unidas ha dado voz de alerta: por primera vez en 30 años se pronostica un retroceso en el desarrollo humano mundial con impactos severos en un tercio de la humanidad. Al menos, 331 personas fueron asesinadas en 2020 en todo el mundo por defender los derechos humanos y el medioambiente. Nuestro planeta arde con casi 50º en Canadá y falta de aliento en bosques y mares; el cambio climático es la mayor injusticia global del momento, sus consecuencias comienzan a ser irreparables.

Estar a la altura de estos retos exige responsabilidad y altura de miras. El Gobierno español tiene la oportunidad de pasar de las palabras a los hechos, de ocupar un espacio relevante en un mundo complejo e interdependiente. Asistimos a la reforma del sistema de cooperación en un contexto en el que contar con una cooperación realmente transformadora es determinante para participar en la solución de los problemas globales.

Una reforma más allá de buenas declaraciones

La semana pasada, el Congreso dio luz verde al Gobierno por amplia mayoría a la reforma del sistema de cooperación, la primera de la democracia. El momento es ahora y las medias tintas no son una opción. Está en la mano del Gobierno impulsar una reforma ambiciosa y de largo recorrido que responda a los compromisos asumidos nacional e internacionalmente. Hacerlo sería responder a una ciudadanía que es una de las más solidarias de Europa; tal como muestra el Eurobarómetro, el 95% de la población española apoya a la cooperación para el desarrollo.

¿Cómo dar ese gran salto después de años en los que la política de cooperación ha sido abandonada? Serán necesarios pasos firmes y enfocados hacia la dirección que marcan los desafíos mundiales de desarrollo sostenible. Contamos para ello con elementos que allanarán el camino: participación ciudadana, instituciones en los distintos espacios del Estado y actores sociales comprometidos en el proceso. Es el momento de ponernos manos a la obra y resolver con visión de Estado lo que no funciona.

¿Cuáles son las claves para este proceso? En primer lugar, la nueva cooperación deberá orientarse y contribuir al paradigma de desarrollo sostenible, para que esos millones de personas de quienes hablábamos al inicio de este artículo y otras muchas que han visto sus derechos recortados no queden atrás. Los derechos humanos y la protección del planeta deben estar en el centro, como también debe estar la garantía de los derechos de las personas más golpeadas por el sistema: mujeres, niñas y niños, personas racializadas, con identidades diversas, poblaciones indígenas…

El engranaje de la maquinaria ha de estar bien conectado y tener potencialidad para alcanzar sus fines. En el caso del sistema de cooperación actual es necesario acabar con su fragmentación y su falta de peso político. El esquema de hoy no sirve; aprendamos del pasado. Debe promoverse un centro político con capacidad estratégica que refuerce un Ministerio de Exteriores que lidere en la práctica al resto de ministerios implicados ―Economía, Comercio, Transición Ecológica, Salud― para que contribuyan a una misma visión de desarrollo sostenible. Para ello será necesario que cuente con los instrumentos, no solo de coordinación con el resto de ministerios, sino de jerarquía y liderazgo político, y por supuesto, de recursos suficientes. En este sentido, es necesario apostar por una nueva Agencia de Desarrollo Sostenible y Cooperación Internacional que cuente con un estatuto jurídico propio, autonomía, estabilidad, instrumentos, capacidades financieras y excelencia profesional. No es posible que los recursos que actualmente gestiona la AECID sean tres veces menores que hace diez años, siendo como es el principal órgano gestor de la cooperación.

Desde la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, queremos poner el foco en otro ámbito de la cooperación que va a reformarse de modo profundo y donde la sociedad civil tiene mucho que aportar. Es urgente una cooperación financiera integrada en el sistema, transparente y con un carácter eminentemente público, para que contribuya inequívocamente a los objetivos de desarrollo sostenible. Y su foco debe estar en la promoción de soluciones sostenibles e innovadoras de la mano de actores locales de los países con los que se trabaja desde el respeto a los derechos humanos y el cuidado del medioambiente.

Sin pilares no hay sistema que se sostenga

Vivimos un momento de clara regresión democrática y restricción de la participación ciudadana en todo el mundo. Garantizar y reforzar mecanismos para revertir esta situación es determinante. La colaboración de la sociedad civil, por tanto, es una de las piezas que tiene que estar presente en todos los espacios del sistema de cooperación. Y esta es una cuestión que no solo demandamos desde la sociedad civil, sino que la propia OCDE acaba de dejarlo bien claro.

Si algo ha demostrado la pandemia es que la solidaridad es más necesaria que nunca. Personas de todo el mundo han apoyado a sus vecinos y vecinas, a las gentes que viven en otros países. Gente que ha sostenido la vida. La cooperación para el desarrollo no es muy diferente: personas como María, Tedros y Yohannes no solo aportan solidaridad y responsabilidad a su trabajo, sino que además cuentan con una enorme profesionalización y talento que deben ser reconocidos. La mejora de las condiciones laborales, la revisión del estatuto del cooperante o el rol del voluntariado deben ser líneas esenciales en este camino.

Y, por supuesto, contar con recursos suficientes para que las buenas palabras puedan llevarse a la práctica. Poco puede hacerse ante tales retos si no se cuenta con fondos que estén a la altura. Actualmente solo alcanzamos el 0,24% de la Renta Nacional Bruta para cooperación, la mitad que hace 10 años y estancados a la cola de Europa. Alcanzar el 0,7% no es una opción, es una obligación y como camino hacia ello, el 0,5% en esta legislatura es irrenunciable.

El Gobierno tiene una oportunidad única para demostrar que su compromiso con el desarrollo sostenible es real, responsable y sostenido en el tiempo. Es el momento de establecer una hoja de ruta clara, transparente y participada. Es el momento de aprobar presupuestos que hagan creíbles los cambios legales e institucionales. La nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible, que debería aprobarse a finales de este año, debe inaugurar un tiempo de cambios ilusionantes en los que la solidaridad y la responsabilidad global sean la norma. Se lo debemos a todas las personas con quienes cooperamos y nos lo debemos a nosotras como sociedad. El momento es ahora.

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