“Vivimos una vulneración en mayúsculas del derecho fundamental a la libertad de circulación”. Loueila Mint El Mamy,  abogada de extranjería, hace esta afirmación para intentar explicar las sensaciones que se viven cuando acompañas a una persona migrante en un aeropuerto. No se le puede escapar de la mente las manos temblorosas de quienes sostienen sus pasaportes verdes y la mirada temerosa al ver a la policía. “Tú no has hecho nada malo, tú no has cometido ningún delito, tú no debes temblar por ver a la policía”, les tranquiliza Louelia. Esa sensación indescriptible de Louleia viene a confirmarle de repente de lo injusto que es el sistema. De lo injusto que es ser testigo de que unas vidas y unos pasaportes valgan menos que otros y que haya personas que se sientan delincuentes por el simple hecho de ejercer su derecho a migrar.

Este es el contexto al que personas como Louelia se enfrentan cada día. Una realidad donde las rutas son cada vez más peligrosas, las fronteras están cerradas y la seguridad invertida impone un obstáculo tras otro. Y sin embargo, frente a ello existen muchísimas personas que están construyendo solidaridad y tejiendo red. Porque según Louelia son más los que “ aman y hacen , que los que odian y critican”.

Pregunta. La noticia hoy es Ceuta, pero hace unos meses Canarias se veía inmersa en un contexto similar ¿Cómo está la situación ahora?

Respuesta. Canarias al igual que Ceuta forma parte de la ruta de frontera Sur. Pero  los contextos son totalmente diferentes. Según el informe de Frontera Sur elaborado por la APDH de Andalucía en el año 2021, un total de 41.000 personas entraron por frontera Sur. De ellas, 23.023 personas migrantes del continente africano escogieron la ruta canaria. Por lo tanto, Canarias se  sitúa  en un contexto de llegada y acogida totalmente diferente al resto de comunidades autónomas.

Marruecos es un país que juega con la desesperación, con los derechos humanos y con su autoridad como forma de soborno a la UE.

El empleo de menores extranjeros no acompañados, de mujeres, y principalmente de la población más vulnerable de Marruecos por parte de las autoridades marroquíes para cruzar la frontera, demuestra que Marruecos es un país que juega con la desesperación, con los derechos humanos y con su autoridad como forma de soborno a la UE. Lo hemos visto en Ceuta, pero también en las historias que nos cuentan las personas que llegan a Canarias. Personas que sufren las consecuencias de que Marruecos les devuelva forzosamente y a su vez que sean los propios militares marroquíes los que empujan  las embarcaciones que salen hacia Canarias.

No obstante, si vemos que ha  existido una distinción a la hora de darle importancia a Ceuta más que a Canarias.  El presidente del Gobierno visitó Ceuta porque entendía que debía apoyar, pero no lo hizo con Canarias. ¿Por qué? Quizás por el papel de los medios, y los partidos políticos de la ultraderecha, que jugaron un rol estratégico para que su propio discurso tuviera más auge.

El negocio de las fronteras frena la vida de miles de personas; les empuja a morir, cuando tienen mucho que vivir.

En la actualidad en Canarias, de las 23.023 personas que entraron en 2020, a las que quedan, dista mucho. Ahora mismo hay aproximadamente menos de 2.000 personas. Afortunamdamente, gracias a los esfuerzos, a los billetes y a las derivaciones, muchas personas migrantes han podido seguir su tránsito. Sin embargo, seguimos teniendo macrocampamentos, CIEs, CATE, CAI, y otros espacios como “acogida”.

P. En la actualidad, Las Raíces situado en la Laguna, Tenerife, acoge a cientos de personas que esperan una respuesta a su futuro ¿Estamos ante un nuevo Lesbos?

R. Las limitaciones a la hora de solicitar visados en sus países de origen tras la crisis sanitaria derivada por el COVID19, el negocio de “las organizaciones criminales” que se lucran con las vidas humanas y las fronteras cada vez más cerradas y externalizadas, provocan que miles de personas africanas que no pueden salir de una manera digna, legal y segura, lo intenten a través de una de las rutas más peligrosas del mundo, la ruta canaria. Según datos del informe Frontera Sur 2021,  1.751 personas murieron en el año 2020 tratando de llegar a Canarias.  A aquellas que  llegan,  les privamos de libertad, les recogemos, porque la gestión ha sido de recogida, y no de acogida. ¿A qué me refiero con esto? A que el negocio de las fronteras, los dispositivos creados para garantizarlas y un largo etc. se hacen para  evitar lo natural, que es migrar. Frenan la vida de miles de migrantes y les empuja a morir, cuando tienen mucho que vivir.

Y una vez que llegan a Canarias, les señalamos que no hay espacio, que no hay infraestructuras, que deben dormir en un muelle hacinadas, en una nave improvisada, o incluso en la calle. Canarias como punto de geolocalización entre África y Europa no es nueva en acogida y llegada de personas africanas.  De hecho, la primera embarcación que entró en Canarias fue en el año 1994 a la isla de Fuerteventura.  Con las fronteras cerradas por Covid, ¿qué esperaban?;  ¿qué no se iba a reactivar la ruta Canaria? La gente va a seguir migrando, porque es un derecho, y como tal, tienen que reivindicarlo.

Se les olvidó  mirarles a los ojos y ver que tenían una historia y una vida atrás, y se comenzó a tratarlos como números y no como personas.

Hemos visto, que pese a que Canarias es una comunidad que convive con las llegadas de migrantes, se quedó “corta” e insuficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues a que el Gobierno central abandonó a Canarias con el objetivo de hacinar y privar de libertad a las personas migrantes en Canarias, un archipiélago rodeado de agua, donde solo se puede salir por avión o barco. Y se controlaron los aeropuertos y puertos de Canarias por parte del Ministerio del Interior para que ningún migrante pudiera trasladarse a la península. Y aunque las competencias son del Ministerio del Interior, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Gobierno canario debía estar a la altura, a pesar de las circunstancias, y responder de la mejor manera garantizando derechos básicos y fundamentales. Pero no se hizo, y se creó el Plan Canarias: hacinaron a miles de personas en macrocampamentos como método de acogida. Y estos espacios, gestionados por ONGs eran imposibles.  Poner a  1.200 personas en unas carpas militares es no respetar la vida de las personas.  Se les olvidó que eran personas y empezaron a no darles voz a través de intérpretes y a no darles abogados/as del turno de oficio de calidad porque se recortó económicamente esa asistencia. Se les olvidó  mirarles a los ojos y ver que tenían una historia y una vida atrás y se comenzó a tratarlos como números y no como personas.

Canarias se  ha convertido en una prisión, en una jaula para miles de personas migrantes sin amparo jurídico.

Está claro que el objetivo de la UE es cerrar la ruta de Canarias, y una de las formas es hacinar, atropellar, y vulnerar sus derechos humanos. No se les deja salir con sus pasaportes y su billete comprado y tampoco se hacen derivaciones a la península por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Canarias se  ha convertido en una prisión, en una jaula para miles de personas migrantes sin amparo jurídico, únicamente porque se ha emitido una instrucción desde Madrid para hacerlo, y se hizo.

En los diversos acompañamientos que he hecho en los puertos y aeropuertos de Canarias me he sentido impotente como abogada que debía velar por sus derechos. Y la lucha jurídica no ha sido nada fácil. Primero comenzaron las redadas policiales a personas migrantes racializadas delante de mis ojos. Unos días nos señalaban desde Policía Nacional que las personas migrantes no podían volar por la crisis sanitaria, cuando tenían PCR o test de antígenos hecho, y cuando salían miles de turistas. Otras veces era porque no eran solicitantes de protección internacional, otras porque eran las compañías las que por miedo llamaban a la policía.

Vivimos una vulneración en mayúsculas del derecho fundamental a la libertad de circulación. Un derecho consagrado en la Constitución Española para todos/as, pero no para las personas migrantes. Y esa sensación no se puede describir. No puedo describir cómo la he vivido con ellos. En el aeropuerto de Gran Canaria en diciembre, me di cuenta que: “ Uno/a no sabe el privilegio que tiene, hasta que ve personas con pasaportes rojos salir sin pensar en ello, y personas con pasaportes verdes temblando al ver a la Policía Nacional”. Y Ahmed (nombre ficticio) me mira mientras estamos en la cola de facturación con su pasaporte en mano y me dice: la policía. Y yo: No pasa nada, tú no has hecho nada malo, tú no has cometido ningún delito, tú no debes temblar por ver a la policía. Y en ese momento, cuando alguien que no ha hecho nada malo (solo migrar), te mira triste temblando porque le da miedo la policía y que no le dejen ver a su familia en Almería es cuando te das cuenta que este sistema es injusto.  Es injusto desde el momento en que unas vidas valen menos, unos pasaportes verdes valen menos y en el que Ahmed por migrar se siente un delincuente.

P.  Seis años después de las Leyes Mordaza, se están planteando su reforma, pero en ningún caso contemplan acabar con las deportaciones. Las devoluciones ilegales son contrarias al derecho internacional. Así lo han confirmado las sentencias tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y del Tribunal Constitucional español que exigen que las devoluciones en frontera deberán llevarse a cabo con garantías y de forma individualizada. Sin embargo, en Ceuta, las autoridades gubernamentales han anunciado como un éxito las rápidas deportaciones que se han realizado ¿Cómo se puede evitar estas devoluciones si el propio Gobierno es el que las permite?

En este punto habría que distinguir lo que es un rechazo en frontera, establecido en la DA 10.a de la LOEx, de lo que es un procedimiento de devolución del art 58 de la LOEx. En cualquier caso, la decepción jurídica ya no solo es con el legislador español que quiere garantizar sus fronteras. La decepción ha sido con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con su sentencia del 13 de febrero de 2020 donde declaraba que no se había producido vulneración del artículo 4 del Protocolo número 4 del Convenio, y que no se había violado el art 13 Convenio Europeo de Derechos Humanos,  argumentando: «Los dos recurrentes se pusieron a sí mismos en una situación de infracción de la legalidad española, lo que justifica una medida de este tipo; los recurrentes no utilizaron para entrar en España otros medios legales existentes y plenamente disponibles».

Mientras tengamos a magistrados que deben pronunciarse sobre estos aspectos, pero que están alejados de la realidad migratoria, no podremos avanzar en materia de derechos humanos.

Un tribunal encargado de velar por los derechos humanos y por el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos, señalaba que las personas que querían entrar debían hacerlo de manera legal y por los cauces existentes. Y esto supuso un atropello a los derechos humanos, a la vida, y a los que venían a pedir refugio a la UE. Vino a señalar que los magistrados que están sentados en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no han ido a Ceuta, no han visto cómo las personas no pueden acceder a un visado porque están privatizados, cómo tampoco pueden acceder al puesto fronterizo porque las fronteras están externalizadas y Marruecos no les deja acceder, aunque sean personas refugiadas.

Y esperamos impacientes a que el Constitucional se pronunciara y no fuera en la misma línea, pero ¿qué iba a decir el Tribunal Constitucional? Pues lo mismo. Que todo está bien, y que hay que proteger las fronteras, y que el ‘rechazo en frontera’ que introduce la Ley de Seguridad Ciudadana configura en efecto «un nuevo régimen», si bien lo justificó igualmente por la «situación particular» de las ciudades autónomas. Mientras tengamos a magistrados que deben pronunciarse sobre estos aspectos, pero que están alejados de la realidad migratoria, de las posibilidades de salir de manera legal, de las fronteras, y de las barreras creadas que no garantizan que sean respetados los derechos fundamentales y humanos, pues no podremos avanzar en materia de derechos humanos.

P. Según la legislación de extranjería entrar en un país “sin los papeles correspondientes” es una falta administrativa y como tal no se puede criminalizar a todas las personas que están llegando a las costas de Canarias. ¿Qué está sucediendo con las miles de personas que están siendo bloqueadas en Canarias o aquellas que están encerradas en los CIEs en la península?

 R. La realidad es que conforme a la normativa de extranjería, las personas que sean interceptadas tratando de entrar de manera irregular, se les debe iniciar un procedimiento de devolución y si en 72 horas no se consigue ejecutar, pues solicitar su internamiento en CIE por un plazo no superior a 60 días a un juez, o ponerlos en libertad quedando alojados en el programa de atención humanitaria. Lo que está sucediendo es que  por una mera infracción administrativa, que es la entrada irregular (como puede ser quitarse la mascarilla y no respetar las medidas COVID) las personas migrantes son detenidas en comisaría, y privadas de libertad en los CIEs para ser devueltas.

En Canarias, tras la crisis sanitaria el tema ha sido mucho más complejo, porque hemos tenido a personas que han estado más de 72 horas bajo custodia policial y eso es una detención ilegal. Hemos tenido diversas detenciones por el mismo hecho (acuerdo de devolución). Hemos tenido menores extranjeros no acompañados a los que no se les ha aplicado el principio de interés superior del menor por su condición de migrante. Hemos tenido a personas en un limbo entre la detención y la libertad, cuando debían estar en libertad. Hemos tenido a mujeres separadas de sus hijos en espera de pruebas de ADN, cuando se podía haber hecho de miles maneras y sin que doliera. Pero lo más terrible de todo es que no le hemos dado información, no le hemos explicado por qué se encontraban en esa situación y les hemos invisibilizado y silenciado. Y en un país democrático y de derecho, se debe velar por los derechos fundamentales. Y esto no puede suceder, ni en España ni en ningún lugar del mundo.

No os podéis imaginar la de personas que están haciendo, construyendo y tejiendo red y solidaridad en Canarias, son más quienes aman y hacen, que quienes odian y critican.

P.¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos occidentales en la gestión de los movimientos migratorios antes del viaje, durante y después?

R. En esta gestión de los movimientos migratorios, siempre señalamos al Ministerio del Interior y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero hay un tercero que es responsable desde el origen:  el Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Por qué digo que es importante? Porque es quien tiene que velar porque las personas puedan salir de manera digna, legal y segura con los correspondientes visados. Visados que cada vez están más limitados en los países africanos. ¿Y esto a qué obliga? A que las personas tengan que jugarse la vida e integridad física embarcando su vida en una patera o cayuco. Entre 3000, 2000 o 1500 euros sale un viaje en una patera. Es mucho  menos  que un avión, con visado y algo más importante todavía: sin empujar a personas a morir.

P. El Mediterráneo se ha convertido en la ruta más mortífera del planeta y a Canarias llegan por mar desde sitios cada vez más lejanos. Las rutas son más peligrosas. Mientras Europa no garantiza vías seguras y externaliza y militariza las fronteras ¿Hay posibilidad de que Europa cambie de rumbo y garantice los derechos humanos?

R. Claro que hay posibilidad, pero lo más importante: hay una obligación de los Estados miembros de la UE, de cumplir y verlas por sus tratados internacionales.

P. ¿Qué ha sucedido para que los discursos del odio tengan cada vez más fuerza, se permitan y estén más presentes en la sociedad?

R. La narrativa de los medios hace mucho daño, pero más todavía que no se dé información acerca de la realidad migratoria. Datos, hace falta muchos datos, y no poner el foco sobre una inmigracion irregular, que supone solo el 4% de la total. No obstante, creo que las personas que extienden estos discursos de odio  son una minoría. No os podéis imaginar la de personas que están haciendo, construyendo y tejiendo red y solidaridad en Canarias, mientras que unos pocos critican y se desahogan en las redes. Lo he vivido: el pueblo canario tocándome en la puerta del despacho para ayudar a la comunidad migrante. Pueblo con pueblo, hombro con hombro. Me quedo con eso, que son más quienes aman y hacen, que quienes odian y critican.

P. ¿Cómo podemos hacer frente a los discursos del odio?

R. Como dice un compañero: justicia y educación. No nos queda otra que educar para evitar el odio, no solo hacia las personas migrantes, sino a todo. Hay que dar información, para evitar una sociedad que discrimina y que entienda que un mundo diverso, es un mundo mejor.

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