La situación generada con la llegada de más de 8.000 personas a la costa ceutí vuelve a dejar clara evidencia de que la gestión fronteriza española y europea está muy lejos de la protección de los derechos humanos. Las organizaciones que trabajan con personas migrantes han dado la voz de alerta y exigen “un cambio radical en la política migratoria española y europea facilitando vías regulares y seguras con un enfoque de derechos”.
Según el ministro del Interior, Grande Marlaska, se ha expulsado a 5.600 personas. Nos sumamos a estas organizaciones y recordamos que “las expulsiones colectivas en caliente no están permitidas por ley y que debe individualizarse cualquier tipo de medida”, como establecieron las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 13 de febrero de 2020 y el Tribunal Constitucional el 19 de noviembre de 2020. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes, Felipe González Morales, ha declarado que es “indispensable que se informe sobre el procedimiento empleado para la devolución de personas por España a Marruecos”.
El número de menores de edad que han llegado a Ceuta es muy elevado; algunas cifras hablan de más de 1.000. Las organizaciones de infancia exigen una correcta identificación de menores de edad y su protección inmediata. El interés de niños y niñas debe garantizarse por encima de cualquier otra cosa.
El despliegue del ejército y la militarización de la frontera también han sido denunciados por ONG especializadas en derechos humanos. El Centre Deles ha manifestado su “absoluto rechazo al despliegue militarista en la frontera ante cuestiones que se deberían abordar con recursos sociales y de acogida digna, como es el caso de las migraciones”.
Los problemas en origen
La llegada de tal número de personas en un tiempo tan escaso no responde solamente a las decisiones políticas de instrumentalizar sus vidas. Responde también a la degradación de la vida a la que se ven sometidas a consecuencia de la miseria, los conflictos y la falta de salidas. Una situación en la que Europa, sus empresas, su industria de la guerra y sus decisiones políticas tienen mucho que ver. El expolio de los recursos por empresas internacionales está obligando a muchas personas a abandonar sus hogares. La complicidad con regímenes dictatoriales agrava la violación de derechos humanos. El cambio climático, al que contribuyen principalmente los países ricos, expulsa a comunidades enteras de sus tierras. Para muchas personas, vivir era un difícil equilibrio antes de la pandemia; tras su impacto, se encuentran en el mero abismo.
Frente a los discursos de odio, derechos humanos
La mejor garantía frente al auge del racismo y los discursos de odio es asegurar que la gestión de esta situación se realiza desde la garantía de los derechos humanos, el cumplimiento de las leyes que amparan esos derechos y la cultura democrática y de paz.
El enfoque se tiene que poner en la causa-origen, no en las terribles consecuencias que se derivan. La situación socio-económica del «otro lado de la valla» se ha deteriorado por la situación de la pandemia . Todo el dinero que invierte la UE y otros donantes en la zona con un objetivo final de contención, no sirven para mejorar la situación. Lejos de esto, legitima y enriquece todavía más a las élites locales que actuan en beneficio de los intereses capitalistas.