CONSIDERANDO QUE:

● Nos encontramos en un momento histórico sumamente complejo de emergencia ecosocial en el que se superponen múltiples crisis a las que se suman las consecuencias económicas y sociales de una pandemia global que acrecienta la desigualdad.
● Vivimos los mayores desplazamientos forzosos de la historia tras la Segunda Guerra Mundial. Casi 80 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares (el 1% de la humanidad). Aproximadamente el 48% de las personas desplazadas son mujeres y niñas, según datos de ACNUR; es el doble que en 1990. Un 40% del total son niñas y niños; un tercio se ven obligadas a dejar atrás su tierra por causas asociadas al cambio climático provocado mayoritariamente por grandes corporaciones y el estilo de vida de los países del Norte Global y que sin embargo afecta en mayor medida a las personas de los países en desarrollo. Además, cinco de cada diez personas migrantes que sufren trata de personas son mujeres y dos son niñas. Los países del Sur global acogen al 85,6% de las personas desplazadas, según los datos de ACNUR.
● Vivimos en un contexto de polarización social creciente en el que las personas racializadas, migrantes, solicitantes de asilo o refugio son objeto de mensajes de odio y sufren discriminaciones que se derivan de una visión colonial y racista estructural. Aumentan de manera preocupante este tipo de discursos contra personas en situación de alta vulnerabilidad.
● En esta dirección, la Covid-19 ha tenido un impacto especial en la población migrada y, en p articular, en las mujeres: por un lado, ha sido reconocidas como trabajadoras esenciales en sectores como la agricultura o los cuidados. Por otro, han sido criminalizadas, como portadoras del virus, y por otro, aún más precarizadas social y económica, fruto de las medidas vinculadas a la Covid-19, especialmente las personas en situación irregular. España como único país europeo con frontera terrestre con África, tiene especial responsabilidad en el respeto de los derechos de las personas migrantes, y la necesidad de trabajar desde la sociedad civil para aplicar desde un enfoque de derechos esta cuestión. La Unión Europea anunció en 2020 la adopción de un nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Este pacto no ha acabado con la securitización de las fronteras; al contrario, ha dedicado muchos esfuerzos a establecer trabas al reconocimiento de la condición de refugio y ha condicionado la cooperación al control migratorio en terceros países. Los Estados miembros por su parte, siguen sin cumplir sus compromisos de acogida y reubicación.
● En este contexto, la cooperación internacional interacciona, en ocasiones, de manera poco transparente con políticas de externalización de fronteras y promoviendo mecanismos orientados exclusivamente en frenar la inmigración hacia Europa. Olvidando que el objetivo fundamental de la cooperación no es frenar la migración, sino promover contextos en donde, en todo caso, las personas no se tengan que ver forzadas a hacerlo. Esta práctica supone un riesgo que puede derivar en una alta condicionalidad de la ayuda en el nuevo instrumento de vecindad, desarrollo y cooperación (NDICI).

RECORDANDO QUE:
● La coherencia de políticas para el desarrollo sostenible nos invita a revisar las políticas públicas, domésticas e internacionales, que tienen un impacto en los países con los que trabajamos.
● Los derechos humanos son inalienables al ser humano, universales e indivisibles y que, por ello, son derechos de las personas que emigran por voluntad propia u obligadas por las circunstancias a las que están sometidas.
● La migración es un fenómeno estructural, inherente a la humanidad, pero, sin embargo, la migración con derechos sólo es accesible a una pequeña parte de la población mundial. Por ello es necesario que trabajemos hacia un escenario global en el que todas las personas puedan migrar con todos los derechos y la defensa del derecho a la movilidad

MANIFIESTA:

● La política de cooperación internacional es una herramienta necesaria que colabora con las comunidades locales para generar mecanismos de resiliencia; contribuye también al cumplimiento y garantía de los derechos humanos en los países de origen, tránsito y destino.
● La cooperación para el desarrollo no puede ser utilizada con otros fines que no sean la solidaridad, la erradicación de la pobreza y las desigualdades, así como la defensa de los derechos humanos y la sostenibilidad.
● Las organizaciones para el desarrollo no permanecemos impasibles ante la situación que viven las personas migrantes y solicitantes de asilo o refugio tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas. Tampoco volvemos la vista a un lado ante el aumento de los discursos xenófobos y racistas y denunciamos las políticas de la UE y de los Estados miembro que contribuyen a esta situación.
● Promovemos y defendemos que la educación para el desarrollo y la ciudadanía global, es una estrategia imprescindible de la política de cooperación para abordar con la ciudadanía las causas y consecuencias de la movilidad forzosa, al tiempo que ayuda a construir un discurso de solidaridad internacional, compromiso de la ciudadanía con los derechos de las personas migrantes, y convivencia intercultural en nuestras sociedades.

PEDIMOS al Gobierno español y a los gobiernos autonómicos en los ámbitos de sus competencias:

● Que cumplan con su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas – incluidas aquellas en situación administrativa irregular.
● Que la oportunidad que representa la nueva Agenda Europea de Recuperación, dotada de una importantísima financiación extraordinaria, sea orientada a afrontar la emergencia ecosocial y el impacto de la crisis en los colectivos más vulnerables.
● Que recuerden que todas las políticas públicas deben ser coherentes con los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Este ejercicio de coherencia exige transformar las políticas exteriores de forma que estas contribuyan a erradicar las causas que obligan a personas de terceros países a abandonar sus hogares, así como para que en ningún caso contribuyan, directa o indirectamente, a agudizarlas. Exige también revisar las políticas de ámbito nacional que las excluyen y dejan atrás al no garantizar sus derechos humanos. Teniendo en cuenta las necesidades específicas y/o variables a considerar por género, identidad sexual, etc.
● Que desarrollen programas e iniciativas de educación para el desarrollo y la ciudadanía global, más necesarios ahora que nunca, para contribuir a la comprensión de las causas de la movilidad forzosa y transformar las narrativas de odio y xenofobia por otras de solidaridad internacional y compromiso con los derechos humanos. Estas iniciativas redundarán también en una mayor cohesión social y facilitarán la integración de las personas migrantes y refugiadas.
● Que implanten de manera urgente un enfoque global en materia de migración y asilo que integre el pleno respeto a los derechos humanos; garantice la protección internacional de las personas que acceden a al territorio europeo en frontera, especialmente de aquellas en quienes puedan concurrir circunstancias de especial vulnerabilidad; y fomente el diálogo con los países de origen y tránsito de las personas migrantes (especialmente aquellas que sufren una situación de mayor vulnerabilidad) para facilitar vías legales y seguras.
● Que pongan en marcha, con fondos suficientes, una política pública exterior feminista, de paz y cooperación que contribuyan a erradicar las causas de la pobreza y de las desigualdades y los desplazamientos forzosos -debidos a conflictos armados, a dictaduras o Estados fallidos que violan los derechos humanos, al robo de tierras o la expropiación de riquezas naturales, entre otras causas-.
● Que revisen y reconozcan las responsabilidades de la Unión Europea y los Estados Miembros, así como de sus actores públicos y privados en las causas de la pobreza y desigualdades y trabajen para erradicarlas, en un marco de verdadera coherencia de políticas para los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

La Coordinadora reafirma su compromiso con un mundo libre de injusticias y se compromete a trabajar por los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo:

● Defendiendo la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Este enfoque reduce los impactos negativos de la acción exterior en terceros países, promueve la sostenibilidad y la garantía de los derechos humanos en toda la acción del gobierno (interna y externa).
● Defendiendo el derecho a la movilidad de las personas por vías legales y seguras. Y, por tanto, la necesidad de garantizar políticamente esas vías legales y seguras.
● Impulsando la incorporación de un análisis de género, interseccional y feminista en todos los procesos, que tengan en cuenta los impactos diferenciados y necesidades específicas de las mujeres migrantes, así como las formas de violencia a las que tienen que hacer frente en origen, tránsito y destino, incluyendo la violencia sexual.
● Defendiendo la cooperación y la solidaridad internacional para contribuir a generar mecanismos de resiliencia y reduzcan las migraciones forzadas.
● Incidiendo en la no utilización de la cooperación como medida para frenar la migración o para externalizar las fronteras. Por el contrario, la cooperación debe ir dirigida fundamentalmente a mejorar la vida de las personas en origen y tránsito sin olvidar la erradicación de las causas que las expulsan de sus territorios.
● Impulsando, mediante acciones de educación para la ciudadanía global, un modelo de convivencia intercultural y una conciencia crítica que invite a la ciudadanía a implicarse en la lucha contra las desigualdades y por la justicia global.
● Luchando contra los discursos de odio y acompañando en este proceso las demandas de organizaciones de personas racializadas y también de personas migradas que luchan contra la criminalización de la migración y de las distintas formas existentes de racismo.
● Apoyando a las organizaciones especializadas en migraciones y refugio con las que ya estamos trabajando en la defensa de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo o refugio con un enfoque de género, con capacidad de responder a situaciones específicas; violencia sexual en tránsito, MGF, trata, sexualización.
● Cuidando, en nuestras prácticas y discursos, la coherencia con el respeto de los derechos de las personas migrantes en nuestras relaciones con otros agentes sociales; las imágenes y narrativas que proyectamos sobre sus derechos, desmontando todas las visiones y prácticas eurocéntricas; contando con ellas en los espacios de interlocución y no hablando de ellas sin ellas.

 

 

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