Al igual que en un castillo de naipes donde el peso de cada carta importa, la pandemia actual llegó para desestabilizar por completo a países donde su construcción pendía de un hilo. Este es el caso del Líbano. Situada geográficamente en el centro de los conflictos de Oriente Medio,  padece en la actualidad una de las peores crisis económica que ha vivido el país desde el fin de su guerra civil en 1990. Este contexto ha llevado al Líbano a entrar en una “ espiral de deterioro económico, político y social que ha dejado al país irreconocible”. Los datos corroboran esta caída libre en un futuro postcovid. Miguel Santiuste Hernando, técnico expatriado en Líbano de Entreculturas, afirma que «se estima que el porcentaje de población viviendo en condiciones de pobreza pasará de un 28% en 2019 a un 55% en 2020. En el caso de la pobreza extrema el porcentaje podría subir de un 8% a un 23%».

Testigo del contexto actual en Líbano, hace un recorrido sobre la situación de la población refugiada en un país con la mayor concentración per cápita de refugiados en el mundo y llama la atención sobre la importancia de la educación en las intervenciones humanitarias: “No se puede concebir una respuesta verdaderamente sostenible a ninguna emergencia si no se garantiza una educación de calidad a las personas que la están sufriendo”.

P. ¿Cómo ha afectado la pandemia en Líbano más allá del impacto en la salud de la población? ¿Cuáles han sido las consecuencias económicas y políticas?

R. Antes de la llegada de la pandemia, Líbano ya se encontraba atravesando la que seguramente sea la peor crisis económica que ha vivido el país desde la guerra civil (1975-1990). Las revueltas populares de octubre 2019 llevaron a cientos de miles de personas a las calles a protestar contra el Gobierno por más de una década de empeoramiento de las condiciones de vida, corrupción y deficiencia en los servicios públicos.

Hoy en día, las principales preocupaciones son cuestiones tan básicas como tener acceso a comida o poder pagar el alquiler de la vivienda

Desde entonces, Líbano ha entrado en una espiral de deterioro económico, político y social que ha dejado al país irreconocible. Como en otros muchos países, para evitar la propagación del COVID19, el Gobierno libanés ha adoptado diversas medidas restrictivas que han exacerbado la crisis multifactorial que ahoga al país. Se estima que el porcentaje de población viviendo en condiciones de pobreza pasará de un 28% en 2019 a un 55% en 2020. En el caso de la pobreza extrema el porcentaje podría subir de un 8% a un 23%. La devaluación de la moneda local, la inflación descontrolada, el cierre continuo de negocios y la multitud de despidos está conduciendo a muchas familias a la desesperación. Hoy en día, las principales preocupaciones son cuestiones tan básicas como tener acceso a comida o poder pagar el alquiler de la vivienda. En Líbano, muchas personas le tienen más miedo a la pobreza que al COVID19. A esta situación hay que añadirle la devastadora explosión que ocurrió el 4 de agosto en el puerto de Beirut, dejando cerca de 200 víctimas mortales y más de 6.000 heridos y daños materiales y psicológicos incalculables; y la desesperante inestabilidad política del país, que ha tratado de formar cuatro Gobiernos diferentes en apenas un año. La desconfianza, frustración y desesperación de la población de Líbano están en niveles realmente preocupantes.

P. Según la ONU, el Líbano alberga alrededor de 926.717 personas refugiadas sirias y tiene la mayor concentración per cápita de refugiados en el mundo. En 2019 docenas de ONG internacionales y locales denunciaron el endurecimiento de medidas impuestas por el Gobierno libanés. En el contexto actual de pandemia, ¿cuál es la situación de esta población y de las organizaciones?

R. Si bien es cierto que Líbano ha hecho un gran esfuerzo acogiendo a las más de 1,5 millones de personas refugiadas sirias que se estima viven en el país, Líbano no es firmante de la Convención de Ginebra y la vulneración de derechos a la que se ven sometidas estas personas es múltiple y sistemática. Durante 2019 el Gobierno emprendió varias acciones como parte de una campaña para presionarles a retornar a su país. Una de las más significativas fue la de regulación del empleo informal, que trajo como consecuencia que muchas personas sirias perdieran su trabajo o que cerraran sus negocios. Hoy en día es la crisis económica la que ejerce esa presión. Aproximadamente un 95% de las personas sirias que tienen un empleo en Líbano trabajan de manera informal sin permiso de trabajo ni seguro médico. La mayoría trabaja en sectores muy irregulares y volátiles como la construcción o la agricultura. Las medidas de restricción del COVID19 han supuesto un varapalo para estas personas que han perdido el empleo de manera temporal o en algunos casos definitiva, sin recibir ninguna compensación por parte del gobierno. Durante este año también se ha ralentizado el ya de por sí complicado proceso para conseguir la residencia legal en el país. Cerca del 80% de la población refugiada adulta carece de él, exponiéndose al riesgo de detención y deportación, dificultando el acceso a servicios básicos de salud o el registro de matrimonios y nacimientos, entre otros. El acceso a la educación es otro grave problema. Más de la mitad de las personas desplazadas sirias son menores edad y el porcentaje de quienes no están escolarizados ha escalado hasta casi el 60%. Muchos no han podido ir nunca a una escuela, otros han visto su educación interrumpida desde hace años.

Líbano no es firmante de la Convención de Ginebra y la vulneración de derechos a la que se ven sometidas la población  refugiada es múltiple y sistemática. Durante 2019 el Gobierno emprendió varias acciones como parte de una campaña para presionarles a retornar a su país.

El confinamiento y la crisis económica, está trayendo como consecuencia también un grave deterioro de la salud mental de estas personas. Las organizaciones nos hemos tenido que adaptar al contexto. Nuestro apoyo ahora es más importante que nunca. En Entreculturas, junto con nuestra socia el Servicio Jesuita para Refugiados, nuestro afán ha sido que la educación no se detuviera y estar más cerca de las familias. Hemos transitado a una educación en remoto, ampliado nuestro apoyo en bienes de primera necesidad e higiene, reforzado el trabajo de apoyo psicológico y redoblado nuestros esfuerzos en facilitar información veraz y útil de prevención y respuesta al COVID19. Así mismo, hemos puesto mucha atención en el cuidado del personal de las organizaciones.

Educación como herramienta clave

P. Un reciente comunicado de Entreculturas señala que la mitad de los 70 millones de personas refugiadas en el mundo son menores de edad y casi cuatro millones de niños y niñas refugiados en edad escolar no reciben ningún tipo de educación. ¿Cuáles son las medidas que se han puesto (o se deberían de poner) en marcha para paliar esta situación?

R. Lo más importante es transmitir que una educación de calidad no es un privilegio, es un derecho humano universal que no se pierde en situaciones de emergencia o desplazamiento y cuyo cumplimiento es la llave para garantizar otros derechos fundamentales. Tenemos que poner a la educación en el centro de las intervenciones humanitarias. No se puede concebir una respuesta verdaderamente sostenible a ninguna emergencia si no se garantiza una educación de calidad a las personas que la están sufriendo. En primer lugar, porque durante la etapa de emergencia las escuelas proporcionan espacios seguros de protección y prevención contra la violencia, pueden ser clave para proporcionar servicios de apoyo psicológico y suelen ser el centro de reparto de comida y de sensibilización sobre seguridad, derechos, higiene y salud. En segundo lugar, porque una educación de calidad será el cimiento sobre el que estas comunidades transiten hacia un desarrollo sostenible.

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad está íntimamente ligada con el fin de la pobreza, con el trabajo digno y el crecimiento económico, con la equidad de género, la salud o con la creación de una ciudadanía responsable y comprometida, entre otros

Numerosos estudios defienden que si no se cumple el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (relacionado con la educación de calidad), el resto tampoco se cumplirán. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad está íntimamente ligada con el fin de la pobreza, con el trabajo digno y el crecimiento económico, con la equidad de género, la salud o con la creación de una ciudadanía responsable y comprometida, entre otros. La educación salva vidas, pero también las transforma, concediendo a las personas dignidad, esperanza y voz propia.

Tenemos que seguir reclamando a los Estados que prioricen la educación, que acaben con las barreras que impiden el acceso a una educación de calidad a menores de edad. En Líbano en concreto, se estima que hay cerca de 300.000 niños y niñas refugiados fuera del sistema educativo. Se debe contar con un número suficiente de instituciones educativas y éstas deben ser accesibles a todas las personas sin discriminación de ningún tipo.

Los contenidos deben ser relevantes, culturalmente apropiados y de buena calidad, así como flexibles a las necesidades cambiantes del alumnado. Por último, se debe apoyar a las familias con menos recursos para que la asistencia al colegio de sus hijos/as no suponga un impedimento económico.

Retos para el 2021

P. La población libanesa lleva saliendo a las calles y exigiendo un cambio político desde octubre de 2019 en este contexto, se produce la explosión en el puerto de Beirut que viene a demostrar de manera trágica las denuncias de la sociedad civil. A partir de aquí, se han denunciado detenciones arbitrarias y persecución a personas que defienden los derechos humanos. ¿En qué punto se encuentran estas detenciones? ¿Se están produciendo persecuciones a ONG locales e internacionales que trabajan por la defensa de los DDHH?

R. Desde las revueltas populares de octubre de 2019 el clima político y social está muy tenso. La opinión general de la población sobre los políticos del país está en sus horas más bajas y no son pocos los que piensan que el Gobierno no ha logrado satisfacer las necesidades más básicas de la ciudadanía y que el sistema entero está corrupto y necesita una reforma de raíz. En nuestras organizaciones aliadas, desconocemos que se haya producido ningún tipo de persecución o detección, pero conocemos que organizaciones como Human Rights Watch vienen denunciado un incremento en los ataques a la libertad de expresión en el último año. A mediados de 2020 crearon, junto con otras organizaciones, la «Coalición para defender la libertad de expresión en el Líbano» para documentar y denunciar los intentos de las autoridades libanesas de reprimir la libertad de expresión y opinión en el país.

Organizaciones como Human Rights Watch vienen denunciado un incremento en los ataques a la libertad de expresión en el último año

P. Desde una mirada amplia, ¿cuáles son las prioridades y los retos que se tienen que atender en 2021 en la región? 

R. Durante la última década, las deficientes condiciones económicas y políticas que desencadenaron la Primavera Árabe no sólo han continuado, sino que han empeorado, lo que ha impulsado el reciente regreso de protestas a gran escala en la región, incluso en países que anteriormente no se habían visto afectados. Este descontento generalizado, junto con la respuesta a la pandemia COVID19, será uno de los grandes desafíos para la estabilidad de Oriente Medio. La región es particularmente compleja y variada y sin querer obviar las particularidades de cada país o comunidad, la crisis de la guerra en Siria es sin duda alguna uno de los retos más prioritarios de la región ya que hace años que pasó de ser un conflicto nacional a un problema regional -o incluso internacional- con un fuerte impacto sobre millones de personas en Oriente Medio. La prioridad más acuciante es el cese total de las hostilidades y de conseguir una solución política sostenible al conflicto que respete a la totalidad de la ciudadanía siria. Los múltiples intereses envueltos en el conflicto han enquistado un posible acuerdo que no parece que vaya a llegar en el corto plazo. En el mismo nivel, se debe garantizar la asistencia humanitaria a los casi 12 millones de personas sirias (casi la mitad menores de Eda) que la requieren, con las dificultades añadidas provocadas por la pandemia COVID19. En lo que respecta al mundo educativo, el acceso de los niños y niñas sirios a la educación se ha deteriorado significativamente en los últimos 12 meses, en gran parte debido a la pandemia COVID-19 que ha ocasionado el cierre de las escuelas en toda la región. Actualmente, los niños y niñas sirios corren un mayor riesgo de trabajo infantil, de matrimonio precoz y otros asuntos relativos a su protección como el abuso de drogas, la delincuencia juvenil y la explotación por parte de bandas criminales. La prioridad sigue siendo dar soluciones de largo plazo para los niños y niñas afectados por el conflicto, garantizando su acceso a educación de calidad, incluyendo el apoyo psicosocial y su protección integral.

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