Numerosos estudios denuncian el aumento de los niveles de violencia contra las mujeres en el contexto de pandemia. Antes de la COVID-19 la situación ya era escandalosa, actualmente es simplemente insostenible. “La pandemia ha aumentado las violencias contra las mujeres de forma visible e invisible”, afirma Penélope Berlamas, del Grupo de Género de La Coordinadora.
Con motivo del Día Internacional contra las Violencias de Género, hablamos con Penélope Berlamas sobre las consecuencias de la pandemia, las respuestas colectivas de las mujeres y los retos postcovid que tenemos por delante.
“Muchas mujeres se han visto obligadas a confinarse con sus agresores. Esto ha supuesto un aumento de la violencia. Es preocupante que las cifras oficiales no contabilicen todos los casos; particularmente ahora que el estado de emergencia ha dificultado el acceso a los sistemas de protección. La organización SISMA Mujer en Colombia denuncia mayores dificultades para hacer efectiva la separación en casos de violencia. Por otra parte, se produce una pérdida de redes de apoyo debido al encierro; la incertidumbre y la falta de ingresos propios incrementan la vulnerabilidad y dificultan cualquier ruptura con los ciclos de violencia. Además, existen dificultades para aplicar las medidas de desalojo a los agresores; tampoco se les ha brindado alternativas a las mujeres para hacer efectivo su derecho a una vida libre de violencias» -denuncia Penélope Berlanas.
«También se han visto limitados los derechos sexuales y reproductivos con restricciones al acceso a métodos anticonceptivos, a la interrupción voluntaria del embarazo y a recursos de salud y hospitalarios para una atención adecuada y segura del parto. Esto es especialmente grave para el caso de las mujeres rurales y las comunidades y grupos más aislados, como es el caso de las mujeres indígenas o afrodescendientes en muchas zonas de América Latina. Esta realidad todo esto se complica para mujeres que sufren de manera más violenta las discriminaciones estructurales: mujeres refugiadas, migrantes, en situación irregular, que trabajan en la economía informal o en sectores muy precarizados o de cuidados, etc.”
P. ¿Cuál es la situación específica que afrontan esas mujeres?
R. Las medidas de confinamiento han incrementado el trabajo de cuidados de las mujeres en general. Aquellas con menos posibilidad de contratar los cuidados, han asumido tareas educativas, domésticas, de atención a personas dependientes… Algunas, incluso, han tenido que buscar nuevas estrategias para sostenerse económicamente. En este contexto, muchas han mantenido su compromiso con la denuncia de la violación de derechos humanos y la apuesta por el desarrollo comunitario. En muchos contextos, como el colombiano que conozco más de cerca, las defensoras de DDHH han visto dificultada su labor al tener que realizar su trabajo por vía telemática en zonas de difícil conectividad, sin cobertura o sin dispositivos electrónicos para comunicarse adecuadamente; son señaladas como potenciales portadores del virus o y ven cómo se incrementa el riesgo de ser agredidas puesto que son más fácilmente localizables por parte de quienes las persiguen.
En algunos casos, las instituciones han abandonado los territorios, lo que ha derivado en el control territorial de actores armados.
En muchos lugares en los que trabajamos, las poblaciones tienen acceso a servicios sociales básicos limitados o deficientes, viven gracias a economías de subsistencia y, por lo tanto, parten de una situación de mayor vulnerabilidad. En algunos casos, las instituciones se han retirado de los territorios para mitigar la propagación de la pandemia. Esto ha supuesto el abandono de las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes en situación de mayor aislamiento y con menos acceso a comunicación telefónica o virtual. También ha derivado en un control territorial de actores o grupos armados asociados al narcotráfico y economías ilegales que aprovechan la ausencia estatal para afianzarse en estos territorios.
P. ¿Qué iniciativas están llevando a cabo las mujeres de manera colectiva para hacer frente a esta situación?
R. Las organizaciones de mujeres y feministas están alzando la voz y reclamando medidas para proteger a quien no le queda más remedio que confinarse en su domicilio. Se han puesto en marcha redes y mecanismos de colaboración solidaria que van desde lo comunitario (vecinal, barrial) hasta lo internacional (campañas de crowfunding, intercambios de saberes y estrategias a través de diálogos virtuales…) Todo ello con el fin de atender las necesidades básicas como alimentación, kits de higiene; pero también para fortalecer la compañía, los cuidados, las estrategias colectivas, la dignidad. Por ejemplo, hay experiencias de acompañamiento psicosocial telefónico a mujeres supervivientes de violencia o programas de radio para sensibilizar a la población; o campañas para “cuidar a quienes nos cuidan”, que reconocen y respaldan a las que están en primera línea. Cabe destacar el papel de las mujeres migradas en España que están teniendo un papel muy activo de cuidados y de apoyo a otras mujeres. Una de sus líneas de trabajo más importantes es la que denuncia la situación en la que se encuentra este colectivo en el país y demanda la regularización de las personas migrantes sin papeles o el ingreso mínimo vital.
P. ¿Cuál es el papel de las organizaciones de desarrollo en esta situación?
R. Las organizaciones de desarrollo tenemos un rol clave de acompañamiento, documentación, mediación y denuncia de las situaciones de vulneración de DDHH. Es importante destacar que atendíamos situaciones de vulnerabilidad ya existentes que la pandemia ha acentuado. En este sentido, tenemos un triple papel: no olvidar las crisis existentes; contribuir a prevenir crisis futuras promoviendo modelos de vida sostenibles con todo tipo de vida; y adaptarnos para contribuir a la generación de mecanismos de resiliencia ante posibles pandemias futuras.
Desde el movimiento feminista reivindicamos una lectura más amplia y comprehensiva de todas las dimensiones de las violencias. Queda mucho por hacer.
P. ¿Cuáles son los retos que afrontamos actualmente como comunidad internacional para frenar las violencias machistas? ¿Cuáles son vuestras principales reivindicaciones?
R. Uno de los grandes retos viene de la reducción de fondos destinados a frenar las violencias contra las mujeres. Por otro lado, asistimos a un incremento de posiciones ultraconservadoras y fundamentalistas que amenazan muchos de los logros en igualdad de género existentes y dificultan la consecución de los que están en proceso. Existen también riesgos asociados a la difusión de valores violentos y estereotipos de género en redes sociales al alcance el público más joven. Por otra parte, la legislación vigente, centrada en la violencia de pareja ex pareja, es claramente insuficiente para abordar la complejidad de las violencias. Desde el movimiento feminista reivindicamos una lectura más amplia y comprehensiva de todas las dimensiones de las violencias. Queda mucho por hacer. Las soluciones que se planteen deben fomentar la transformación de las normas sociales y los imaginarios que reproducen, normalizan y nutren las violencias machistas y su impunidad. Es urgente reforzar y aprobar leyes integrales que sean amplias y pongan en marcha medidas eficaces que no dejen a ninguna mujer sin protección. Es importantísimo considerar que no hay un único modelo de mujer, y que todos los mecanismos que se pongan en marcha tienen que tener en cuenta esa diversidad. Creemos también que es importante mejorar la prevención, y asegurar que las supervivientes de violencia tienen acceso a servicios de apoyo de calidad, así como mecanismos de protección, justicia y reparación eficaces. Recordamos que “si nos tocan a una nos tocan a todas” y que la erradicación de las violencias es una causa humana global.