La sociedad civil nicaragüense y quienes trabajamos mano a mano con ella desde hace décadas damos la voz de alerta. El Gobierno pretende tramitar una ley que, de ser aprobada, impondrá inaceptables restricciones al derecho a la libertad de asociación. La ley podría ser usada como instrumento de represión en contra de personas y organizaciones de derechos humanos que reciben recursos de cooperación internacional en el país.

Cabe señalar que el proyecto de ley define como “agente extranjero” a todas las “organizaciones, asociaciones o personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades, que, dentro de Nicaragua, perciban fondos, bienes, o cualquier objeto de valor provenientes directa o indirectamente, de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras del tipo o naturaleza que sea”. No hace mención, sin embargo, a las inversiones extranjeras o personas físicas y jurídicas que realizan actividades económicas o comerciales en el país.

De aprobarse, esta medida contribuirá directamente al bloqueo de espacios en los que las organizaciones de la sociedad civil dan seguimiento a las violaciones de derechos humanos, y agravaría la ya preocupante criminalización de personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en el país.

Hacemos un llamamiento a la Unión Europea y especialmente al Gobierno de España para que condenen estas medidas que dificultan profundamente los procesos democráticos en Nicaragua, los espacios de participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos.

Por su parte, el Secretariado de ONG internacionales en Nicaragua ha enviado una carta abierta a los medios de comunicación mostrando sus preocupaciones y reafirmando su «compromiso con el pueblo de Nicaragua, para seguir contribuyendo al mejoramiento de sus condiciones de vida y ejercicio de sus derechos, especialmente de las poblaciones más vulnerables; eso es lo que hacemos y esto es lo que somos: una comunidad de pueblos cooperando con el pueblo de Nicaragua».

 

 

  • El 8 de octubre, el Parlamento Europeo adoptó una resolución de urgencia sobre Nicaragua, en la que se condenan la ley de agentes extranjeros, la ley de ciber delincuencia y  la ley de delitos de odio. En ella se enfatiza el rol que debe adoptar la UE como garante de los derechos humanos y apoyo a sociedad civil. También se piden nuevas sanciones en caso de no rectificación del gobierno de Ortega.
  • Adhesión con el comunicado de Solidaridad con feministas nicaragüenses ante la escalada de agresiones del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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