Los incendios de la amazonia incentivados por el gobierno Bolsonaro generan estupor en la ciudadanía. Lo que se desconoce es que España es el segundo país de Europa que más importa soja brasileña, cuya producción es uno de los mayores vectores de destrucción de este ecosistema y de la violación de derechos de los pueblos indígenas que en ella habitan. En general, en nuestro país se sigue incentivando el cambio climático fuera de nuestras fronteras con la apertura de mercados a la economía fósil y anticlimática, con inversiones energéticas y de transporte, con la importación de productos que generan emisiones. Estas acciones, en muchas ocasiones, vienen apoyadas por inadecuados incentivos económicos y de política. Todo esto es incompatible con el cumplimiento del acuerdo de París y la implementación de la Agenda 2030, tal y ha recordado en numerosas ocasiones la Agencia Internacional de la Energía. 

El proyecto de Ley, una oportunidad para el liderazgo mundial

El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se encuentra en discusión en el Congreso de los Diputados supone un paso fundamental para responder a la emergencia climática con una apuesta más ambiciosa, coherente y duradera que permita a nuestro país cumplir sus responsabilidades frente a la ciudadanía y la comunidad internacional.

Desde La Coordinadora nos alineamos con las posiciones del sector ecologista y de los movimientos juveniles que demandan una mayor ambición en las metas de reducción, en la salida acelerada de la matriz fósil – con claros compromisos sectoriales, la revisión de la fiscalidad e incentivos – y el refuerzo de una transición justa que supere la desigualdad[1] y genere claras alternativas de desarrollo sostenible y bienestar. Es fundamental una decidida apuesta por los empleos verdes, las energías renovables, la mejora de la habitabilidad de viviendas y de pueblos y ciudades, el cambio de modelo de producción y consumo de alimentos y la conservación de hábitats rurales y ecosistemas.

Los diversos grupos políticos deben, en el proceso de enmiendas, tratar de incluir el mayor detalle, claridad y ambición posible, evitando la tentación de postergar elementos trascendentales a un desarrollo reglamentario posterior, que provocaría una pérdida innecesaria de un tiempo que no tenemos.

La Coordinadora ha señalado en diversas ocasiones[2] una importante fragilidad del proyecto de ley al no incluir una dimensión internacional y de justicia climática global que proyecte el liderazgo internacional del país en una agenda climática y de sostenibilidad –. España debe reforzar su apuesta por el multilateralismo climático e incrementar el apoyo a los países en desarrollo en la lucha contra el cambio climático – y promover soluciones al impacto climático que generamos más allá de nuestras fronteras. Una parte sustantiva del cumplimiento del Acuerdo de París y de la Agenda 2030 implica incluir esta dimensión internacional y de justicia climática en los desafíos de la transición. En el texto actual la visión internacional se reduce a una escueta y genérica mención de una estrategia de financiación climática internacional en la disposición adicional tercera[3]. Si España no quiere perder una oportunidad de liderazgo es fundamental el fortalecer la dimensión internacional de la Ley y sus conexiones con la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.

Descargar aquí el documento completo de Enmiendas Ley de Cambio Climático y Transición Energética

  

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[1] Oxfam señala que entre 1990 y 2015 tan solo el 1 % de la población mundial (aproximadamente 63 millones de personas) generó el 15 % de las emisiones acumuladas y consumió el 9 % del presupuesto de carbono, el doble que la mitad más pobre de la población mundial.

[2] https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2018/12/Justicia-Clim%C3%A1tica-Global_Coordinadora-Dic-2018-DEF.pdf y https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2019/12/JusticiaClimaticaGlobaDEF.pdf

[3] En el anteproyecto de ley se recogía en el artículo 27.

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