Derechos humanos, políticas públicas y Agenda 2030: la mejor receta para la salida de la crisis global
Las entidades que conforman Futuro en Común observan con preocupación el impacto desproporcionado que la crisis económica y social COVID 19 está teniendo y tendrá sobre personas y poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, tanto en España como en el resto del planeta. La pandemia pone nuevamente en evidencia, de manera clara y enérgica, la crisis sistémica que venimos atravesando desde hace ya décadas. La crisis ahora desatada profundiza las desigualdades estructurales ya existentes (económicas, sociales, de género, etc.), dentro y entre países; también agudiza los desequilibrios ambientales que generaron su aparición.
Frente a estas realidades, Futuro en Común considera que la (re)construcción no puede seguir las recetas de 2008 sino que debe aprovecharse el nuevo ciclo de planificación e inversión para encarar los cambios profundos que nuestro país y nuestro mundo necesitan. Es imperativo apostar por la transformación sistémica propuesta por la Agenda 2030 con el fin de construir una sociedad más resiliente, justa, igualitaria y sostenible, con mayores garantías de derechos sociales a través del fortalecimiento de servicios públicos. Es urgente transitar hacia un nuevo modelo energético, productivo y de consumo, otras relaciones campo-ciudad, relaciones de género equitativas y una gobernanza global fortalecida.
La plataforma hace propuestas concretas en seis ejes: caminar hacia un nuevo modelo económico; garantizar un sistema de derechos sociales y de protección social sólido y eficiente; apostar por una fiscalidad justa como motor del cambio; garantizar una sociedad libre de violencias e integradora; avanzar hacia sociedades plenamente democráticas; ejercer un liderazgo internacional desde el compromiso con una Agenda 2030 transformadora.
La plataforma envía un mensaje claro a la clase política que participa en la Comisión de Reconstrucción: “Después de haber sufrido la mayor crisis social de la historia reciente de nuestro país, la mejor propuesta de reconstrucción es un proyecto que mire al futuro, y que, desde el diálogo y el consenso, sea capaz de generar ilusión en la ciudadanía y aglutinar y sumar los esfuerzos que necesitamos (…). En este sentido, apostar por la implementación transformadora de la Agenda 2030 es construir una sociedad más coherente con el desarrollo sostenible, cohesionada, solidaria y resiliente, que puede vencer estreses como la presente pandemia, una crisis financiera o el cambio climático, sin repetir los errores del pasado y con una nueva normalidad que defienda a las personas y el planeta en un mundo en cooperación. ¡Es lo que necesitamos y es lo que nos merecemos!”.
Ejercer un liderazgo internacional desde el compromiso con una Agenda 2030 transformadora
El carácter global y sistémico, tanto de la pandemia como de la crisis generada, requiere articular una respuesta más allá de nuestras fronteras, coordinada a nivel internacional y que movilice los recursos necesarios para ello —estimados en 2,5 billones de dólares por la ONU para los países empobrecidos—. El impacto en estas naciones puede ser catastrófico y profundamente desestabilizador. La fragilidad de sus sistemas de salud, la inseguridad alimentaria y la desprotección social hacen que el impacto económico y social afecte directamente a la población que vive de la economía informal y de subsistencia, como en las barriadas de las grandes urbes, los campos de refugiados, las zonas rurales aisladas o los pueblos indígenas. Esta situación es especialmente preocupante en el caso de las mujeres que están sufriendo un impacto enorme al ocupar los sectores más informales de la economía y encargarse de los cuidados esenciales en un contexto de pandemia. Por otra parte, a debilidad fiscal de algunos Estados, el sobreendeudamiento y la fragilidad democrática limitarán severamente la capacidad de gestión de una crisis de esta magnitud y de garantizar los derechos de su población.
La interdependencia y los desafíos globales requieren respuestas articuladas internacionalmente y de cooperación basadas en principios de solidaridad y justicia global. Por eso, como parte del esfuerzo de salida de la crisis derivada de la pandemia, debemos garantizar que España impulse una acción exterior transformadora – también desde la Unión Europea – y que asuma un papel de liderazgo en la promoción de los derechos humanos, de la igualdad de género, la erradicación de las distintas discriminaciones, la acción para hacer frente a la emergencia ambiental, la defensa de los bienes públicos globales – como la salud- y la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.
Propuestas:
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Los fondos de emergencia y recuperación no pueden apoyar ninguna actividad económica que esté en contradicción con la realización de los ODS, el Acuerdo de París, los derechos humanos o que realice prácticas de evasión fiscal. Algunos ejemplos, en línea con el principio de «no harm» del Green New Deal de la UE, de actividades económicas —tanto dentro como fuera de las fronteras— son: la producción de combustibles fósiles, la sobrepesca, la agricultura industrial o la producción e importación de minerales o productos básicos que causan deforestación, la pérdida de biodiversidad o el acaparamiento de tierras y agua.
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Contribuir a frenar la crisis alimentaria y a la reconfiguración del sistema global de alimentos. Contribuir a la detención de la especulación alimentaria y el acaparamiento de tierras y recursos pesqueros. La alimentación debe ser abordada como un derecho humano, velando por el derecho a la tierra y a los bienes naturales de las comunidades campesinas y rurales, los pueblos indígenas, pescadores artesanales y otros grupos sociales, responsables de la producción familiar y comunitaria de alimentos. Exigir estándares ambientales y de derechos humanos a los productos agropecuarios importados, especialmente los que generan altas emisiones – como la deforestación – e impactos en ecosistemas clave que afectan a poblaciones altamente vulnerables y defensores de los derechos humanos. Fomentar una mayor regulación del comercio internacional de los productos agropetroquímicos.
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Fortalecer alianzas internacionales para la defensa de la Amazonía y en general de todas las zonas selváticas y bosques en peligro, garantizando derechos territoriales de la población indígena que las habita y preservando su valor ecológico frente al cambio climático, la biodiversidad y su función de reservorios de microorganismos, como filtro de posibles fenómenos de zoonosis que pueden ser causa de pandemias. Luchar contra el tráfico ilegal de especies.
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Aprobar una ley de debida diligencia de empresas, derechos humanos y medio ambiente, revisando y reorientando los acuerdos de libre comercio y de inversiones así como de compra pública para reforzar su contribución a la sostenibilidad, la acción climática y los derechos humanos.
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Incluir en la ley de cambio climático y transición ecológica un capítulo internacional con medidas para reducir la huella ecológica y social generada a través de las importaciones – agrícolas, energéticas o de la economía digital -, dejar de invertir e incentivar la economía fósil con los instrumentos de crédito e internacionalización de la empresa, realizar un aporte financiero adicional a los fondos multilaterales que refuercen el nexo clima, biodiversidad y desarrollo sostenible y al futuro mecanismo internacional de pérdidas y daños como medio de reparación a los países afectados por la crisis climática.
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Garantizar una política migratoria y de asilo conforme a los derechos humanos, cumplir con la legislación de comercio de armas en países en conflicto y reforzar un sistema estatal de emergencias y ayuda humanitaria.
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Adoptar una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos.
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Defender en espacios europeos y multilaterales la lucha contra los flujos ilícitos y la construcción de espacios fiscales progresivos, para lo que la lucha contra paraísos fiscales y el control de mercados especulativos es fundamental, y también la solución a la crisis de deuda global que afecta especialmente a las economías más frágiles.
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Reformar la política de cooperación en sus instituciones centrales, situarla en el centro de la acción exterior y dotarla de recursos suficientes para alcanzar el 0,7% antes de 2030.
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Introducir en el sistema curricular formal la educación por la Igualdad y la Ciudadanía Global, con el objetivo de formar una ciudadanía consciente de sus derechos y sus deberes, y capaz de construir una sociedad responsable y comprometida con la transformación de la realidad local y global. Una ciudadanía basada en el respeto a los derechos humanos, la convivencia pacífica, la empatía, la igualdad y la sostenibilidad del planeta.
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Definir una estrategia de colaboración con la sociedad civil de cara a la implementación de la Agenda 2030 como hoja de ruta para la superación de la crisis. Es imprescindible contar con la experiencia y las capacidades de sociedad civil en crisis de envergadura similar en este y otros contextos. La estrategia debe contemplar la revisión del rol de la sociedad civil como actor garante del fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana – en nuestro país, en Europa y en el mundo -, y de su marco legal, normativo y de financiación con el fin de generar capacidades de implementación, innovación y fortalecimiento de alianzas. Esto permitirá autonomía y capacidad de actuación para continuar atendiendo a la población y seguir defendiendo espacios de participación ciudadana.
Compromiso con una Europa solidaria
En el ámbito europeo, es necesario promover un fondo de recuperación basado en instrumentos de mutualización de deuda que permitan ahondar en la solidaridad del proyecto europeo. Es necesario reforzar los recursos de un marco presupuestario plurianual post-Brexit con foco en las inversiones del Green Deal, una nueva Política Agrícola Común más justa, ecológica y que minimice el impacto exterior, que refuerce los fondos de cohesión y el seguro de desempleo europeo y una acción exterior europea que promueva los derechos humanos, la sostenibilidad y los bienes públicos globales, especialmente a través del instrumento único de vecindad, desarrollo y cooperación. Finalmente, es clave que el Semestre Europeo se convierta en un verdadero marco de evaluación y revisión del avance de los ODS desde la coherencia de políticas.