La Red de Coordinadora Autonómicas lo deja claro: el impacto de la COVID-19 ha dejado expuestos los fallos del sistema. Avanzar hacia un verdadero sistema de bienestar y proveer de servicios públicos que garanticen los derechos económicos y sociales se ha demostrado imprescindible. También la necesidad de promover un cambio profundo de nuestro sistema económico y social para reducir el impacto de la desigualdad.

Del mismo modo, y dada la nueva situación global a la que nos enfrentamos, ha quedado demostrado que la única manera de superar esta crisis es hacerlo de manera conjunta y prestando apoyo tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

El documento que han enviado a las administraciones públicas correspondientes recoge propuestas que son el punto de partida para la adaptación del sistema de cooperación descentralizada para enfrentarnos a la nueva realidad.

En el corto plazo será necesario, en primer lugar, atender a las personas más vulnerables: reforzando la sanidad pública, garantizando ingresos mínimos a todas las personas, reforzando los derechos laborales, reconociendo los cuidados, garantizando el derecho a la vivienda y también a una vida libre de violencias para las mujeres y el pleno ejercicio de derechos a las personas migrantes. Las iniciativas de educación para la ciudadanía global para luchar contra los discursos de odio también necesitarán más presencia en estos momentos. Después, en el medio y largo plazo debemos emprender cambios profundos. Las reformas hacia una fiscalidad justa serán claves para caminar hacia un nuevo modelo económico y social que garantice la sostenibilidad y los derechos sociales.

Estas medidas para la protección de la población en situación de vulnerabilidad y para garantizar la sostenibilidad de los proyectos, tanto de cooperación para el desarrollo como de educación para la transformación, son urgentes y necesarias. Esta es una crisis mundial que sólo podremos enfrentar con una visión y articulación global. Solo seremos capaces de frenar la pandemia si somos de también capaces de pararla en el resto del mundo, especialmente en donde viven las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

La capacidad de adaptación es un valioso instrumento que estamos ejercitando en todos los sectores de la sociedad. Las entidades sociales y la administración pública deben ser un ejemplo de esta flexibilidad y prestarse apoyo en las tareas que asumen de manera conjunta. La comunicación, el consenso, la adecuación a las nuevas circunstancias y el soporte mutuo deben tomar protagonismo en los procesos de trabajo implementados. En el camino hacia esta transformación social, la cooperación al desarrollo es una política social imprescindible. Por ello, demandamos a nuestras administraciones públicas: el cortoplacismo no puede guiar las decisiones políticas ahora.

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