En días pasados el presidente Sánchez convocaba a «todos los partidos, con independencia de su ideología» a «trabajar en unos nuevos pactos de la Moncloa para relanzar y reconstruir la economía y el tejido social de nuestro país». Si volvemos la vista 43 años atrás veremos cómo, efectivamente, aquellos pactos sirvieron para recuperar una maltrecha economía después de la dictadura y restauraron libertades como la de expresión y la de reunión. Pero también contemplaremos como se aplicó un severo programa de ajuste económico, que incluía disminución de salarios y despido libre; medidas que cargaron sobre sus hombros las clases trabajadoras.
Quienes desde hace tiempo creemos que el sistema actual de economía de mercado y su versión globalizada no funcionan, pensamos que existe una profunda crisis ecosocial que el virus ha vuelto a poner de manifiesto. Por ello, no es de extrañar que, como ya pasara en 2008, se convoque para «refundar el capitalismo». Ni el planeta, ni quienes lo habitamos podemos continuar la misma senda. Como decían en las calles de Chile recientemente, no debemos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema.
Los nuevos acuerdos tendrían que poner a las personas y al planeta por delante de los dictados de la economía.
Imaginemos, por un momento, que los partidos políticos españoles son capaces de aparcar sus diferencias y sentarse en torno a una mesa para levantar la vista del corto plazo y mirar, por ejemplo, al 2030. Hay dos consideraciones previas que deben tenerse en cuenta. La primera es que se debe convocar no solo a los partidos políticos sino a todos los actores sociales: empresa, sindicatos, academia y, por supuesto, al plural y diverso Tercer Sector. La segunda es que no podemos pensar en una lógica aislacionista y olvidarnos de la dimensión global de la pandemia que nos asola.
Sigamos imaginando que, quienes se sientan en la mesa para llegar a un acuerdo, tratan de no repetir los errores de los pactos del 77. Estos nuevos acuerdos tendrían que poner a las personas y al planeta por delante de los dictados de la economía. Quienes durante la anterior crisis recibieron millonarios rescates -que todavía no han devuelto- son quienes ahora tienen que deben poner su grano de arena para que salgamos de esta sin dejar a nadie atrás.
Pactos sociales y globales
Es imprescindible que se defienda, proteja y promocione los derechos de las personas, especialmente de los colectivos más vulnerables, y se logré así un verdadero Estado Social. Para ello, como viene reclamando insistentemente la Plataforma del Tercer Sector, es prioritario que los derechos sociales se eleven a la categoría de fundamentales en la Constitución. La Carta Magna también debe consagrar el diálogo civil como una herramienta básica para la cohesión social.
Después de una década de recortes, que han reducido los presupuestos asignados a los servicios públicos, hay que aprovechar el nuevo ciclo de planificación e inversión para encarar los cambios profundos que nuestro país y nuestro mundo necesitan. Como reclama Futuro en Común, urge repensar un cambio de modelo productivo, de consumo y de sociedad. Una orientación ineludible para esta tarea, apuntan, será el fortalecimiento del Estado de Bienestar y la provisión de servicios públicos como garantía de derechos humanos.
La reconstrucción necesitará de un esfuerzo económico para impulsarla. La carga fiscal de la salida de la crisis no puede ser a costa de las capas más vulnerables de la sociedad como ocurrió en 2008. Aumentar la progresividad del sistema fiscal y su capacidad redistributiva son elementos clave para no castigar mas a las personas con pocos recursos y poner las bases de un cambio de modelo que frene la economía especulativa, luche contra el fraude e implante una fiscalidad verde, como reclama Ecologistas en Acción.
Dicen las gentes del campo que si no te gusta lo que cosechas, quizás debas plantar algo distinto.
Para garantizar que la ciudadanía y la sociedad civil organizada participan en el diseño del conjunto de medidas a adoptar en la reconstrucción hay que habilitar un espacio cívico abierto en el que se garantice el derecho a expresarse, organizarse y actuar en la vida democrática. Urge, por tanto, reformar la Ley Mordaza e incorporar las propuestas que hacen diferentes movimientos sociales sobre cambio climático, feminismos, desigualdades, pacifismo, economía alternativa, consumo responsable, antirracismo, respeto a la diversidad, etc.
El COVID-19 no entiende de fronteras políticas ni geográficas y se extiende sin freno. Todas las personas y todos los países estamos en riesgo. Pero, no nos cabe duda, de que serán las personas y los países más vulnerables quienes sufrirán con más intensidad su embate. Para hacer frente a este y a otros desafíos globales España debe impulsar una acción multilateral ambiciosa, liderando las iniciativas internacionales de promoción de derechos, igualdad de las mujeres, lucha contra la discriminación, emergencia ambiental y defensa de los bienes públicos globales. Para ello será necesario que en los nuevos pactos se diseñe una cooperación internacional transformadora, feminista y ecologista.
Cientos de organizaciones europeas hemos propuesto una medida sencilla y fácil de adoptar, con visión global, como es la cancelación de los pagos de la deuda externa de los pueblos empobrecidos, calculada en torno al billón de dólares. Es la forma más rápida de mantener el dinero en los países y liberar recursos para hacer frente a las crisis sanitarias, sociales y económicas resultantes de la pandemia mundial. Y, además, tratar de evitar esa segunda ola de contagios que se anuncia.
Dicen las gentes del campo que si no te gusta lo que cosechas, quizás debas plantar algo distinto. Si la negociación de esos nuevos pactos de la Moncloa se produjera, no volvamos a sembrar lo mismo, apostemos por unos acuerdos radicalmente sociales y globales, que pongan en el centro la vida como están haciendo en estos tiempos quienes cuidan de ella y la sostienen. Pongamos el foco en lo que la pandemia nos está demostrando que es lo más importante.