Como parte de la Plataforma del Tercer Sector ayer nos reunimos con el Secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez y sus directores generales. En el encuentro, explicamos la gravedad de los problemas sociales que está provocando la crisis y apuntamos líneas de trabajo colectivo para afrontarlos. 

La gravedad de la situación que estamos viviendo se agudiza en el caso de la población más vulnerable –que sufre en primera persona las condiciones de precariedad que se arrastran desde la crisis de 2008 y los recortes de las políticas sociales. En esta situación se encuentra las personas mayores, con discapacidad, el pueblo gitano, trabajadores y trabajadoras precarizadas, personas con discapacidad, personas encerradas en los CIEs, población migrante, trabajadoras domésticas, gente en los márgenes del sistema. También hablamos sobre la situación en la que se encuentra la infancia. 

Comunicación y trabajo colectivo constante
Durante la reunión se pusieron sobre la mesa los temas transversales que afectan a todo el sector y se enfatizó en la necesidad de crear un grupo operativo entre la Plataforma y el Gobierno. Este grupo debe garantizar que hay una interlocución efectiva entre los distintos actores y, sobre todo, que se ofrecen respuestas adecuadas desde el punto de vista social. Debe garantizar también que se atienden las necesidades de las entidades, sus trabajadores y trabajadoras y su voluntariado, y que se atiende a las demandas de situaciones de vulnerabilidad crónica. 

El Tercer Sector también ha pedido al Ejecutivo “compromiso de diálogo y escucha activa” antes de adoptar medidas sociales de relevancia, incluidas en el llamado escudo social. Demanda priorizar la regulación del ingreso mínimo vital o la paralización de las cuotas de arrendamientos de viviendas para las personas más vulnerables. 

Entidades sociales como servicio esencial

Otra de las cuestiones que se trató son las medidas relacionadas con la sostenibilidad y la financiación del propio sector. Se solicitó que se ponga en marcha un acuerdo con las comunidades autónomas para que no se realicen ninguna reducción de la financiación a las ONG como consecuencia de la crisis que estamos viviendo. 

En este sentido, se incidió en la necesidad de aprobar fondos extraordinarios para fines sociales, tanto por parte del Estado como por las comunidades. Estos fondos permitirán hacer frente a los efectos que la crisis está teniendo sobre los grupos más vulnerables. Estos fondos se sumarían a los 300 millones de euros ya acordados y repartidos territorialmente. 

Se insistió  también en aprobar de manera inmediata la declaración de las entidades sociales como servicio esencial en la gestión de la crisis para poder ofrecer a las personas voluntarias y trabajadoras equipos de protección personas (EPI), de pruebas diagnósticas masivas y rápidas, y de las garantías necesarias para que puedan moverse y seguir atendiendo adecuadamente a los colectivos más vulnerables. 

Aunque la Secretaría de Estado de Servicios Sociales no tiene entre sus competencias la cooperación internacional, quisimos trasladarle un resumen del impacto del COVID-19 en nuestro sector y algunas medidas que consideramos necesarias para su contención.

Una cuestión que dejamos clara en este encuentro, como estamos haciendo en todos los que participamos, es que debemos “interiorizar que la respuesta al COVID-19 para nuestra ciudadanía es global o no será efectiva ni eficiente. No podremos contener la pandemia y sus graves consecuencias si no se contiene también en África, Asia y América Latina”. Si algo nos muestra esta situación es que somos interdependientes y que, como dice la filósofa Adela Cortina, es el tiempo de la solidaridad universal. 

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