El estudio señala que para unas 50 millones la producción de cacao es su principal sustento. Sin embargo una mayoría vive en la pobreza. En 2018, Fairtrade International estimó que de media una familia cacaocultora en Costa de Marfil ingresaba 0’78 dólares diarios frente a los 2’51 diarios estimados como renta mínima. El ingreso que obtienen quienes cultivan el cacao contrasta con lo obtenido por los fabricantes de chocolate, que reciben alrededor del 40% del precio final de una tableta, o los minoristas, cerca del 35%. Se trata de un mercado en alza que crece un 7% cada año y que se estima en 2024 alcanzará los 162.000 millones de dólares. Estos ingresos quedan, además, en pocas manos: solo 3 grandes empresas concentran el 60% del procesamiento mundial de cacao, y 6 empresas constituyen el 40% del mercado global de consumo de chocolate.

El trabajo infantil es una de las problemáticas alentadas por la pobreza de las familias productoras. En 2015, 1,2 millones de menores en Costa de Marfil y 0,9 millones en Ghana trabajaban en este sector, de los cuales entre el 80 y el 90% se ocupaban de tareas peligrosas como soportar cargas pesadas, manipular productos químicos o trabajar con machetes. En las zonas medias y altas de cultivo, el 26% de los menores de Costa de Marfil y el 46% en Ghana trabajaban más horas de las permitidas, según datos de la Universidad de Tulane. A pesar de las iniciativas llevadas a cabo en los últimos años por parte del sector, como el conocido como “Protocolo Harkin-Engel”, el Barómetro del cacao de 2018, concluye que “ni una sola empresa o gobierno se encuentra cerca del objetivo de eliminar el trabajo infantil, ni siquiera del compromiso de reducirlo en un 70%”.

Por otro lado, el estudio señala que los terrenos agrícolas dedicados al cacao producen aproximadamente la mitad de lo que deberían. Esto se debe, en gran medida, a que los ínfimos ingresos de las familias agricultoras no les permiten invertir en mejoras relacionadas con las prácticas sostenibles, o con el aumento de la fertilidad de la tierra o sustituir los árboles de cacao enfermos o envejecidos. La pérdida de productividad de las tierras lleva a un modelo bajo el que la producción migra de una región a otra eliminando bosques a su paso. De hecho el cultivo del cacao constituye una de las principales causas de deforestación, especialmente en Ghana y Costa de Marfil, lo que a su vez genera pérdida de biodiversidad y transformación ambiental, y la destrucción de los medios de subsistencia de aquellas comunidades que dependen del bosque más allá del cacao.

En este sentido, se calcula que la producción mundial de cacao se ha incrementado en un 3% de media al año en las últimas dos décadas, debido al aumento del área cultivada. Desde 1990 la extensión cultivada en Ghana y Costa de Marfil se ha incrementado un 150% entre los dos países.

La responsabilidad de la Unión Europea, el mayor consumidor mundial de cacao

Europa consume el 40% del cacao mundial. A continuación se sitúa Estados Unidos, con el 20%. De ahí que cualquier regulación sobre la importación generaría muchos impactos en los países de origen. Por ello, el estudio destaca la responsabilidad de la Unión Europea y señala 8 posibles medidas dirigidas a lograr una cadena de suministro del cacao que respete los derechos humanos y las normativas laborales, garantice el pago de precios equitativos y proteja el medio ambiente.

Entre las medidas propuestas por el estudio destacan, por un lado, la obligación para las empresas de examinar sus cadenas de suministro y evitar el cacao producido de forma ilegal o sin los estándares sociales o medioambientales adecuados, y por otro, establecer la obligación para las empresas que comercializan cacao en la UE de diseñar un sistema de debida diligencia debida dirigido a minimizar el riesgo de trabajar con cacao producido ilegalmente o de forma insostenible.

El estudio señala otras posibles opciones como la negociación de acuerdos bilaterales con los principales países productores por parte de la UE, o, bien, la aplicación de un sistema de tarjetas a través del cual la UE expediría tarjetas amarillas o rojas a aquellos que no combatan las prácticas ilegales en la cadena de suministro.

En relación con la UE, el informe sugiere la necesidad de aplicar políticas de contratación pública para exigir que la compra de  cacao por parte de las instituciones cumpla los criterios de sostenibilidad. Y por último, propone la revisión de la ley de competencia para facilitar a las empresas su colaboración en iniciativas de sostenibilidad.

El informe “Hacia la sostenibilidad de las cadenas de suministro del cacao: opciones de regulación para la UE” ha sido elaborado por Fern, Tropenbos International y Fair Trade Advocacy Office. La edición en castellano ha sido realizada por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo en el marco del proyecto Trade Fair Live Fair con financiación de la UE.

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