El 20 de febrero de 2020 se cumple un año del asesinato en México de Samir Flores Soberanes, defensor de derechos humanos, indígena nahua, campesino, herrero y comunicador popular de Amilcingo. Samir Flores era una persona activa en la oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM) y formaba parte del proceso de autonomía de su comunidad originaria Amilcingo, Radio Comunitaria Amiltzinko y Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala que están denunciando los impactos que está causando este proyecto. La construcción de dos centrales termoeléctricas, un acueducto, una línea eléctrica y un gasoducto de 160 km que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos son las infraestructuras que forman parte del PIM y que afectará a más de 80 comunidades. Este es un megaproyecto energético para abastecer de gas fósil al crecimiento urbanístico e industrial de los estados que rodean el sur de la Ciudad de México y que, además, agravará la emergencia climática.
En el Proyecto Integral Morelos participan empresas españolas como Abengoa, Elecnor, y Enagas. Las dos últimas recibieron financiación pública a través del Fondo de Internacionalización de la Empresa española (FIEM) gestionado por la Secretaria de Estado de Comercio. En datos, Elecnor y Enagas recibieron en 2012 un crédito por valor de 39,7 millones de euros. Según el FIEM, exigen a los adjudicatarios de la financiación que certifiquen el cumplimiento “con lo establecido en los acuerdos internacionales suscritos por España en materia de responsabilidad empresarial, derechos laborales y de igualdad de género y, en particular, en los acuerdos relativos a la lucha contra la corrupción y de carácter medioambiental del Grupo de Crédito a la Exportación de la OCDE”. Pero la realidad es que en el desarrollo de la obra se ha venido produciendo la violación de los derechos humanos y se está poniendo en riesgo la vida de muchas personas.
Hacer efectiva esta responsabilidad demanda la puesta en marcha de las medidas necesarias para frenar y revertir el proyecto y evitar casos similares.
El Proyecto Integral Morelos se inició en 2011 y ha contado desde el principio con una fuerte oposición social. No solo por la pérdida del territorio que supone para las comunidades campesinas e indígenas, sino también porque el gasoducto atraviesa la zona de riesgo del volcán Popocatépetl, uno de los 5 volcanes más activos y peligrosos del mundo, además de la cercanía de la termoeléctrica con la comunidad de Huexca y la pretensión de despojar el agua de riego de 20 ejidos del municipio de Ayala, Morelos para el funcionamiento de las turbinas. La infraestructura está incrementando los riesgos en una zona volcánica con más de 2 millones de habitantes. Quienes han denunciado y se han movilizado para defender el territorio y sus medios de vida, han sufrido amenazas, criminalización, tortura e incluso el asesinato. A tres días de una consulta pública sobre el proyecto muy cuestionada por su inutilidad y opacidad, Samir Flores, fue asesinado. Aún con todo, en el ejido de Amilcingo consiguieron el pasado mes de julio de 2019 que un juez federal decretara la suspensión del funcionamiento del gasoducto por el riesgo que supone y el despojo de tierras.
Queremos señalar la responsabilidad que existe por parte de las empresas españolas que participan en el proyecto, y del Estado español que las financia, en la violación de los derechos humanos y el riesgo que supone el Proyecto Integral Morelos. Hacer efectiva esta responsabilidad demanda la puesta en marcha de las medidas necesarias para frenar y revertir el proyecto, así como para evitar otros casos similares por parte de compañías españolas que tengan algún apoyo del Estado español. Pues la oposición de las comunidades sobre el PIM fue evidente desde el inicio y ni las empresas, ni el Estado Mexicano atendieron debidamente el descontento de la población y por el contrario,lo implementaron por medio de la fuerza y represión, lo que, lejos de acabar con el conflicto, lo ha agudizado.
Las organizaciones firmantes demandamos:
A las empresas Elecnor y Enagas:
- Su retirada de un proyecto que ha vulnerado los derechos fundamentales de la población afectada y pone en riesgo a 2 millones de personas.
- Su renuncia a presentar litigios en tribunales de arbitraje internacional en el caso de paralización y reversión del proyecto. Pues son corresponsables de la vulneración de los derechos humanos en su actividad empresarial.
- La devolución de la financiación por parte de FIEM y la puesta en marcha de los mecanismos para conocer las responsabilidades administrativas, civiles y penales de las empresas en los impactos que han tenido lugar.
Al Gobierno Español y los Gobiernos Autonómicos del Estado Español:
- La suspensión de la financiación del Proyecto Integral Morelos a través del FIEM y una investigación exhaustiva sobre las implicaciones del Proyecto Integral Morelos.
- La puesta en marcha de una auditoría en FIEM, y otras entidades del Estado que financian la internacionalización de las empresas españolas, para saber si cumplen con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos así como para dotarles de presupuesto, órganos y procedimientos eficaces en la prevención, supervisión pública y enjuiciamiento de las empresas que violan derechos humanos en su actividad internacional.
- La aprobación de una ley para que sea posible exigir responsabilidad administrativa, civil y penal a las empresas transnacionales españolas —filiales, proveedores, contratistas y otros actores que intervienen en su cadena de valor— que incumplan su deber de respetar los derechos humanos en sus actividades internacionales.
- Que insten a la Fiscalía General para que investigue las responsabilidades administrativas, civiles y penales de las empresas Abengoa, Elecnor, y Enagas y del Gobierno español en los impactos del Proyecto Integral Morelos.
Al Estado Mexicano:
– Al Presidente de la República, Secretaría de Energía y Comisión Federal de la Electricidad: La paralización definitiva y la reversión del Proyecto Integral de Morelos (gasoducto, acueducto y termoeléctricas).
– A la Fiscalía General de la República: Atraiga a la jurisdicción federal el caso del asesinato de Samir Flores Soberanes y lo resuelva, garantizando el derecho de acceso a la justicia.
– A todos los órganos de gobierno involucrados a nivel federal, estatal y municipal: Cese el hostigamiento, difamación, criminalización a los defensores del territorio que se oponen contra el Proyecto Integral Morelos y se garantice su seguridad y condiciones de paz y no agresión para seguir defendiendo los derechos humanos.
Para expresar y detallar estas peticiones emplazamos la celebración de una reunión con la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación, con la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, con la Secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, así como con los grupos parlamentarios del Congreso que participen en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados.