En la última década, la actividad minera en Perú supuso el 9% del PIB, según datos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Casi el 60% de las exportaciones del país corresponde al sector minero. La abogada Mirtha Vásquez, defensora de activistas medioambientales en la región de Cajamarca, lo explica así: “El modelo económico del país se basa en la extracción principalmente de minerales, aunque también de petróleo y gas. Esto ha generado una económica muy endeble porque depende directamente de la demanda y los precios internacionales; de manera que cuando unos caen también lo hace la otra. En estos momentos, al bajar los precios de los minerales, lo que tenemos es un país que tuvo una época de crecimiento económico muy importante –crecíamos hasta siete puntos porcentuales por año– que ahora enfrenta una desaceleración económica”. Vásquez explica cómo esta situación ha supuesto “una desesperación del gobierno que quiere seguir impulsando mega proyectos mineros”. “El gobierno ha flexibilizado muchísimo el control medioambiental y las exigencias de fiscalización a las empresas lo que ha provocado que burlen los controles y comentan muchos más daños ambientales de los que venían haciendo con anterioridad” –denuncia la abogada.

La población peruana se opone a que las empresas sigan contaminando. Ante la resistencia ciudadana, el gobierno ha optado por tomar medidas para neutralizar las movilizaciones. Según describe Mirtha Vásquez, el Sur del país está militarizado. “Todo el Sur andino está declarado en estado de emergencia; un mecanismo que, a pesar de ser excepcional, está vigente desde hace casi un año. Esta medida se está utilizando como mecanismo de neutralización, represión, judicialización y criminalización de la protesta social. Tenemos en el país a cientos de líderes perseguidos. Muchas personas han muerto fruto de la represión”.

En los últimos tiempos, Perú ha vivido numerosas movilizaciones en contra de la corrupción. ¿Qué tienen que ver esas movilizaciones con las empresas extractivas?

Hemos sido testigos de descubrimientos escandalosos que se hicieron en relación al Poder Judicial, que estaba cooptado casi por una banda criminal. Hemos descubierto cómo los partidos políticos se habían convertido literalmente en asociaciones criminales porque estaban operando con fondos ilícitos y en función de intereses muy particulares. Todo esto generó una reacción de la población. Hemos llevado a cabo una lucha muy fuerte para que determinadas instituciones del Estado se puedan limpiar. Así se ha logrado, por ejemplo, que el Congreso caiga; un Congreso plagado de representantes de un partido político corrupto como es el fujismorismo. También se ha exigido que salgan o sean encarceladas muchas autoridades estratégicas de Poder Judicial.

Muchos de esos mecanismos de corrupción no responden solamente a un poder político, muchos de ellos tienen que ver con poderes económicos.

Muchos de esos mecanismos de corrupción no responden solamente a un poder político, muchos de ellos tienen que ver con poderes económicos. Es ahí donde establecemos la relación entre esta realidad y la represión a las poblaciones: el aparato institucional, el legislativo, todo el poder estaba concentrado en favorecer este tipo de intereses por eso hay mucha represión hacia los pueblos que se oponen. Ahora hemos descubierto toda esa mega corrupción que tiene que ver con las grandes empresas como las constructoras –Odebrech, por ejemplo– y otras que han corrompido a las autoridades para abrir grandes proyectos que han afectado a los territorios, al medio ambiente, a los pueblos indígenas, a las comunidades rurales y campesinas. Ahora sabemos que esa forma de actuar solo respondía a intereses particulares.

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La situación que enfrentan los abogados y abogadas que defienden a activistas medioambientales es muy compleja. Mirtha Vásquez es directora de Grufides, una ONG que trabaja contra el expolio minero en la región de Cajamarca. “Trabajamos con causas en las que hay muchos riesgos y eso te hace salir del rol exclusivamente de asesoramiento técnico; enfrentas una situación en la que no tienes condiciones mínimas para poder trabajar, ni recursos económicos que apoyen tu defensa. En realidad, lo que hace que te involucres en estos temas es justamente el convencimiento de que son temas importantes. Abogados convencidos de ello somos muy pocos; entramos y nos volvemos parte del movimiento social y, como tal, nos volvemos blanco de muchos ataques”.

Todo esto sobrevive gracias a la solidaridad y a la defensa colectiva entre las comunidades y la gente que estamos apoyándolas.

¿Cómo se resiste esta situación de hostigamiento?

El poder resistir todos estos años desde los pueblos, desde las defensas, ha tenido mucho que ver con nuestra capacidad de solidaridad y protección colectiva. Son las poblaciones las que protegen a los abogados porque no tenemos mecanismo de protección eficientes. Por nuestra parte, protegemos con la defensa jurídica a las poblaciones. Todo esto sobrevive gracias a la solidaridad y a la defensa colectiva entre las comunidades y la gente que estamos apoyándolas.

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Mirtha Vásquez es abogada de Máxima Acuña, campesina peruana internacionalmente conocida por su lucha contra el megaproyecto minero Conga de propiedad de la Corporación estadounidense Newmont Mining y de la peruana Compañía de Minas Buenaventura de propiedad pública. La lucha de Acuña fue reconocida en 2016 con el Premio Medioambiental Goldman.

¿El caso de Máxima Acuña es uno más entre tantos?

El caso de Máxima Acuña representa no solo a una mujer enfrentándose a una gran empresa transnacional y al Estado. Evidencia la problemática que sufren muchísimos campesinos y campesinas que están siendo agredidos por estos poderes. El caso de Máxima resalta mucho porque ella ha sido una mujer extraordinariamente valiente que ha resistido embates muy duros. En su caso, hemos conseguido que no se encarcele a Máxima y a su familia, y que no se les quiete el territorio. Hemos ganado el proceso principal gracias también a la solidaridad de la sociedad civil nacional e internacional. Ahora bien, la empresa minera es un poder que nunca va a ceder; Máxima es una mujer que para ellos representa toda esta rebeldía que no van a admitir. Por eso, una vez que ganamos el caso, han seguido los mecanismos de hostigamiento para intentar sacarla de su territorio; pero no han podido tampoco. Han cambiado muchas de sus estrategias y han iniciado nuevos procesos en el ámbito civil para intentar discutir la propiedad del territorio. Ahora ya no la acusan de invasora, ahora están buscando que el poder judicial resuelva quién tiene más derecho sobre esa propiedad. Esos serán juicios que nos llevarán muchos años, mientras tanto, Máxima sigue resistiendo en su territorio, sigue siendo una evidencia de una lucha posible frente a grandes poderes. Ella sigue representando la figura de David frente Goliat; el poder de una mujer tan pequeña se ha alzado sobre el poder de las grandes empresas y ese poder de esa mujer pequeña solo está basado en una cosa que es la dignidad.

 

 

 

 

 

 

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