En septiembre de 2019, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se veía obligada a interrumpir su trabajo de manera repentina. Después de doce años, el Gobierno expulsaba del país a una institución clave en la lucha contra la corrupción y la impunidad. A lo largo de más de una década, la Comisión consiguió la acusación de 1.500 personas, el procesamiento de 600 y la condena de 400. En 2015, destapó un fraude aduanero orquestado por el entonces presidente Otto Pérez Molina; quien, tras múltiples protestas ciudadanas, se vio obligado a renunciar. Jimmy Morales tomó el relevo y apoyó los trabajos de la CICIG hasta que comenzó a investigar tramas que le implicaban directamente. El 3 de septiembre de 2019, los miembros de la Comisión eran expulsados del país. 

(Mientras transcribimos esta entrevista, se hace público el informe sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala realizado por la Comisión de la Verdad, una institución creada por el gobierno de Morales para investigar la actuación de la CICIG. Este informe apunta irregularidades y posibles órdenes de arresto para las personas que trabajaban en la CICIG. El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, ya ha solicitado que se protejan los derechos y la seguridad del personal obligado a salir de Guatemala. “Tanto la CICIG, como su personal y funcionarios del sistema de justicia, han hecho una contribución decisiva para la erradicación de la corrupción y la impunidad en Guatemala y para fortalecer las instituciones, tal como han reconocido repetidamente las autoridades guatemaltecas, defensores de los derechos humanos y la comunidad internacional”, ha manifestado Guterres).

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Jovita Tzul Tzul se define como mujer maya k´iche´. Es abogada y coordinadora jurídica del Bufete para Pueblos Indígenas de Guatemala. De visita en España para participar en un encuentro de abogados y abogadas organizado por la Fundación de la Abogacía, analiza la situación en la que se encuentra su país.

¿Cómo afectó la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala a la situación que enfrentan las personas de defensoras de derechos humanos?

Meses antes de la salida de la CICIG ya se estaban generando escenarios propicios para que los sectores económicos, armados y políticos siguieran perpetuando sus actos con total libertad. A partir de la salida de la Comisión, todo este engranaje de gente, -denominado por muchos sectores como “el pacto de corruptos”-, se rearticula y empieza a crear una serie de reglamentos y acuerdos gubernativos que están poniendo en grave riesgo no solo los derechos de los y las defensoras, sino también los derechos de toda la población, de comunidades indígenas y campesinas de Guatemala. Por ejemplo, han aprobado un paquete de leyes que prácticamente dan libertad o amnistía total a partidos políticos que hubieran tenido financiación electoral ilícita; también se ha emitido una ley para la liberación de transgénicos en el país. 

En junio de 2019 se celebraron elecciones generales, ningún candidato obtuvo mayoría absoluta por lo que se realizó una segunda vuelta. En esta ocasión, Alejandro Giammattei, del partido de centro derecha Vamos, resultó elegido. ¿Qué papel está jugando este nuevo Gobierno en este contexto que nos describe?

El nuevo Gobierno, el presidente electo y sus nuevos ministros están dando seguimiento a este papel. Quien ha ganado el Ejecutivo son prácticamente los mismos diputados, la misma corriente política que tiene mayoría en el Congreso y ahora están dando la pelea de corrupción total para apoderarse también de las Cortes. Por tanto, se vislumbra que el próximo gobierno dará seguimiento a lo consolidado en estos en los últimos cuatro años y va a rendir frutos mucho más fuertes. 

Guatemala es el segundo país de América Latina con mayor población indígena, después de Bolivia. El 41% de la población declara pertenecer a algún pueblo originario. ¿Cómo están haciendo frente las comunidades indígenas a esta situación?

Guatemala es un país altamente racista en el que la voz de una comunidad indígena no tiene el valor por sí misma en los procesos de denuncia.

Las comunidades lo dijeron en 2015 cuando comenzaron las movilizaciones contra la corrupción del gobierno Otto Pérez Molina; entonces dejamos claro que hace más de 80 años que estamos denunciando la corrupción el despojo de muchos territorios, el robo de nuestros ríos. Es decir, siempre que la corrupción ha estado presente la hemos denunciado desde nuestros territorios. Guatemala es un país altamente racista en el que la voz de una comunidad indígena no tiene el valor por sí misma en los procesos de denuncia; por eso realizamos movilizaciones pacíficas para hacernos con un lugar propio en dentro de la protesta. Hoy día las comunidades van a seguir resistiendo y defendiendo los territorios. Todo apunta que esta resistencia generará una gran ola de criminalización contra las comunidades y es ahí donde las abogadas y los abogados tenemos mucho trabajo por delante para defender a estas personas y evitar que sean criminalizadas y judicializadas. 

El 26 de abril de 2019, Abelino Chub Caal, defensor de derechos humanos, fue absuelto de las acusaciones de usurpación agravada, incendio y asociación ilícita. La sentencia llegaba dos años después de su detención preventiva. ¿Este es un caso aislado o podemos hablar de más casos similares?

(La liberación de) Abelino es la excepción que confirma la regla de lo que pasa en Guatemala. El caso de Chub Caal es paradigmático porque muestra la realidad de muchas comunidades: cuando se plantan ante una empresa, un terrateniente o un agronegocio y les dicen “ya no más despojo, no más violaciones de derechos humanos” son criminalizados y van a la cárcel. Solo en Alta Verapaz, hay 953 órdenes de captura, de ellas, 523 son mujeres que están pendientes de ser capturadas. Es decir, hay un modelo que se repite, se ensaya, se ensaya y se repite, una y otra vez… y si un tipo penal no funciona, entonces se usa otro y si ese no funciona se usa otro. Y así siempre con tal de mantener a las personas en situaciones de indefensión y sometimiento. 

¿La situación que viven las mujeres defensoras es peor que la que viven los hombres? 

Soy abogada de, al menos, diez mujeres criminalizadas y acusadas de graves delitos que están siendo juzgadas en condiciones terribles. A esto hay que sumar el papel fundamente que juegan dentro de las comunidades: el trabajo de reproducción en las casas –que es básico para mantener la estructura y sostenibilidad de las comunidades-, pero también en la resistencia, ellas están en primera línea defendiendo el territorio y los recursos. Cuando son encarceladas se ejerce una tortura amenazando a sus hijos, a sus hermanos, a sus familias. Por tanto, sí, la situación que viven las mujeres es muy especial por todos los patrones que se juntan para criminalizarlas. 

Se ha abierto el juicio a Benedicto Lucas García, ex jefe del ejército de Guatemala, acusado de genocidio, crímenes contra la humanidad, y desaparición forzada. ¿Qué expectativas tenéis ante este proceso judicial?

Dentro de toda esta corrupción en el sistema, ha habido algunas luces de justicia.

En el marco de la justicia de transición ya ha habido varios ejercicios. El caso contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez; los perpetradores de la desaparición forzada del joven Molina Thissen y su hermana; el caso de las mujeres de Sepur Zarco, que ahora mismo está también en trámite; el caso de la violencia sexual contra las mujeres maya achí; este caso de Benedicto Lucas. Yo creo que, dentro de toda esta corrupción en el sistema, ha habido algunas luces de justicia. Esperamos que se cumpla con la justicia. Aunque tenemos claro que estos juicios más que jurídicos son políticos, confiamos en la valentía que siempre han demostrado las mujeres al denunciar estos hechos, ni la fuerza política más corrupta ha conseguido callarlas. Así que creemos que este juicio va a salir adelante. 

Usted defiende la necesidad de una visión indígena de la justicia. ¿Qué significa este concepto y qué aportaría al sistema normativo?

Vengo desarrollando este concepto desde hace ya tiempo. Debemos pensar en una visión jurídica comunitaria porque la justicia liberal nos ha puesto a pelear en muchos frentes, ¿no? Por el aire, por un lado; por el agua por otro, mientras que en la comunidad la defensa del territorio se piensa como un todo, ¿sí? Es decir, no se piensa en el agua sin proteger los árboles y viceversa. Este es un reto que tiene hoy en día el sistema judicial estatal: atender a las comunidades de forma integral y que no nos obliguen a resolver pequeños asuntos cuando lo que hay que hacer es resolverlos en su conjunto. Creo que si se logaran las propuestas que hemos hecho en algunos litigios en este sentido, va a haber un aporte sustancial para la restitución de los derechos de forma integral. Es algo que ha dicho la propia Comisión Interamericana: la restitución de los derechos tiene que ser integral y de acuerdo a las necesidades. Las necesidades son colectivas y así debe entenderlas la justicia. 

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