Una media de 6 personas son asesinadas cada semana por defender los derechos humanos en el mundo. 2018 batió el récord: 321 víctimas; de ellas, más de tres cuartas partes defendían los territorios, el medio ambiente o los derechos de los pueblos indígenas. Quienes sufren hostigamientos, persecuciones y asesinatos no se cansan de denunciarlo: las operaciones de acaparamiento de tierras, de minería y megaproyectos destrozan los entornos, envenenan los ríos, destruyen los bosques y expulsan a las familias de sus hogares. Una de las últimas víctimas fue asesinada la semana pasada: Golfrid Siregar de 34 años, activista ambiental en Indonesia, asesoraba a comunidades amenazadas por la expansión del cultivo de la palma.

Este verano el mundo contemplaba impotente los incendios en la Amazonía. Selvas primarias milenarias -refugio de la complejidad de la vida y hábitat de cientos de culturas que la cuidan-, se transformaban en cenizas ante el avance de los proyectos de la mega ganadería y los cultivos de soja. La Asociación de los Pueblos Indígenas de Brasil lanzaba, entonces, el informe “Cómplices de la destrucción”, en el que acusaban a grandes corporaciones estadounidenses y europeas de alimentar la espiral de destrucción.

2018 batió el récord: 321 víctimas; de ellas, más de tres cuartas partes defendían los territorios, el medio ambiente o los derechos de los pueblos indígenas.

La impunidad con la que actúan las corporaciones en todo el mundo es la norma. Existen casos muy significativos como el de Shell en el delta del Níger o el de Chevron/Texaco en Ecuador. Ambos causaron impactos gravísimos e irreversibles en los ecosistemas y en la vida de las comunidades. El caso en Ecuador es especialmente escandaloso porque, en 2011, la petrolera llegó a ser condenada por la Corte Suprema ecuatoriana. Sin embargo, en 2019, la Chevron obtuvo una sentencia favorable de la mano de un tribunal de arbitraje en La Haya que, en cambio, impondrá una sanción al Estado ecuatoriano. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando justicia.

Avances hacia la regulación

2014 ofreció una oportunidad para cambiar esta situación: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU inició la negociación de un Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. Desde entonces, se han dado distintos pasos hasta llegar a esta semana. Del 14 al 18 de octubre, las negociaciones sobre este Tratado llegan a su quinta sesión con un segundo borrador que fue publicado el pasado mes de julio. A pesar de los intentos de bloqueo de la UE, Rusia, Brasil o Perú, el proceso sigue en marcha y lo hace, en gran medida, gracias a la presión de la sociedad civil organizada. El Tratado dista mucho de ser ideal. Hay ciertos avances, aunque se detectan riesgos de que se desdibuje su objetivo real y su capacidad de control –no solo hay que garantizar un buen texto, sino que se aplique de manera firme. Para que esta propuesta salga adelante y contribuya a acabar con la impunidad de las violaciones de derechos humanos y la destrucción de ecosistemas es crucial que los gobiernos muestren compromisos reales y firmes que vayan más allá de las meras palabras.

El Gobierno español debe hacer su parte

El año pasado un grupo de organizaciones sociales y sindicatos pidió al Gobierno español que tuviera un liderazgo en este proceso. Apostar políticamente por un tratado de este tipo es crucial para para avanzar en derechos, sostenibilidad y coherencia de políticas en todo el mundo.

En concreto, al Gobierno español se le exigen las siguientes medidas:

  1. Impulsar constructivamente el proceso de negociaciones del Tratado Vinculante mediante el apoyo de medidas ambiciosas para su firma y futura puesta en marcha.
  2. Avanzar en una legislación de debida diligencia ambiental y de derechos humanos en la UE y en el Estado español.
  3. Analizar el impacto que supone los tratados comerciales y de inversión en los derechos humanos y el medioambiente.
  4. Tomar medidas concretas para proteger a defensores y defensoras de derechos humanos, mediante la aplicación de las Directrices de la UE para Defensores y Defensoras de derechos humanos.
  5. Garantizar que la defensa del espacio cívico, y el fortalecimiento y acompañamiento de defensores y defensoras de derechos humanos se realiza en todos los países en los que actúa la Cooperación Española.
  6. Promover un mecanismo de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible que permita gestionar con transparencia las controversias que puedan producirse entre las distintas políticas públicas.

 

 

Más información:

 

Acompañar las movilizaciones en Twitter en: #BindingTreaty #StopCorporateImpunity #Tour4HumanRights #Rules4Corporations #StopISDS #TratadoVinculante #FinDeLaImpunidad

 

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