El 17 de octubre se celebró el Día internacional para la Erradicación de la Pobreza. En la actualidad, la pobreza afecta a 1.300 millones de personas en el mundo con un porcentaje más alto de mujeres. Según Naciones Unidas, las mujeres tienen un 4% más de probabilidad que los hombres en caer en pobreza extrema, probabilidad que se acrecienta en un 22% en mujeres de 25 a 34 años. La desigualdad de género sigue siendo una de las barreras más importantes para el desarrollo humano y para lograr democracias sostenibles que garanticen los derechos de las mujeres.

Desigualdad de género que se refleja e impacta directamente en las diferentes áreas de vida de miles de mujeres: desde su autonomía personal hasta el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

El acceso a la educación

es fundamental para reducir

desigualdades y promover

la autonomía de las mujeres

La pobreza incide directamente en la situación de las personas en relación al respeto y ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Una agenda que se posicionó a nivel internacional en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en El Cairo en 1994 donde por primera vez, se focalizó sobre el empoderamiento de la mujer y la mejora de la situación de las niñas, junto al derecho a la salud sexual y reproductiva, como estrategia importante para la reducción de la pobreza, mejora de la salud y la calidad de vida. 20 años después es una agenda que todavía sigue vigente y con muchos retos.

Retos que trasladados en datos y que se traducen en un aumento de embarazos en adolescentes a nivel global, principalmente en regiones donde se registran los índices de pobreza más altos y en mujeres con bajos niveles educativos. El acceso a la educación es fundamental para reducir desigualdades y promover la autonomía de las mujeres. Por supuesto, una educación integral que incorpore como prioridad el abordaje de la sexualidad y de los afectos, del respeto y que promueva relaciones no violentas. Una educación que no naturalice la violencia, que promueva la autonomía y el poder de decisión de las mujeres y que no cuestione sus decisiones reproductivas.

A nivel global, los altos números de embarazos no deseados, muchos de ellos producto de violencia sexual, arrastran a niñas y adolescentes a una situación de vulnerabilidad económica. Esto repercute en el abandono escolar y limita sus oportunidades de acceso al mercado laboral y a trabajos dignos que garanticen su acceso a servicios sociales básicos. Una situación que genera altos índices de informalidad en mujeres y trabajos precarios que de nuevo vuelven a reproducir la pobreza.

Se genera una cadena de desigualdades que inicia en violencia sexual, embarazo no deseado, abandono escolar, escasas oportunidades económicas y barreras de acceso a servicios sociales básicos. Desigualdades que se dan de manera específica y afectan de manera diferenciada a las mujeres y al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y su autonomía.

El empoderamiento de las mujeres y la garantía del ejercicio de sus derechos más básicos, como son los derechos sexuales y reproductivos, incide de manera directa en la pobreza y en la sostenibilidad de la vida.

Los estados deben garantizar políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las niñas y adolescentes, que no reproduzcan la violencia a nivel institucional y que trabajen sobre las barreras que están impidiendo a esas niñas, ser niñas.

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