En una Asamblea General de Naciones Unidas marcada por la juventud global tomando la palabra, advirtiendo que no van a tolerar más palabras vacías y también, más que nunca, por la división entre los dos grandes bloques mundiales, a favor y en contra del multilateralismo, la juventud y la sociedad civil organizada del mundo entero demandaban la aceleración de la acción y compromisos ambiciosos. El propio Secretario General de Naciones Unidas había solicitado a las jefaturas de Estado y Gobierno acudir con menos discursos y más planes.

La intervención de Sánchez, sin embargo, no consiguió escaparse del guion general, una narrativa muy progresista y elaborada, pero pocos y raquíticos compromisos, muy lejos de la prioridad y la urgencia que reclaman los retos globales sobre el clima, la sostenibilidad y los miles de millones de personas que siguen quedándose atrás.

En 35 minutos de intervención, quedó patente que los compromisos concretos por áreas requieren más ambición, equipos de trabajo, alianzas estratégicas con actores y presupuestos específicos suficientes para su ejecución.

En materia climática, aunque la Unión Europea ha valorado muy positivamente el plan de España, el compromiso de mitigación está muy lejos de la contribución atribuible a España por su responsabilidad. De hecho, el del conjunto de la UE es realmente insuficiente, por lo que España debería ir más allá si quiere liderar esta lucha.

Descarbonizar nuestra economía en 2050 con un Marco Estratégico de Energía y de Clima, 150 millones de euros al Fondo Verde del Clima en los próximos cuatro años, y la ratificación de la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, más 2 millones al Fondo de Adaptación son los compromisos actuales del gobierno español en cambio climático anunciados en Nueva York. Siguen estando muy por debajo de la ambición necesaria y de sus capacidades y responsabilidades históricas, además de estar muy lejos de la media de las aportaciones de otros países. En 2016 se calculaba que la aportación de España debía ser de 500 millones de euros y en 2015 el Gobierno de Rajoy ya se comprometió con 120 millones. Aumentar la cifra en 30 millones, en el contexto actual, no es elevar la ambición.

Sobre la implantación de los ODS, afirma Sánchez que “España aportará 100 millones de euros en cinco años al Fondo Conjunto de Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible” y volverá a la comunidad de donantes del Fondo Mundial para la lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, con 100 millones de euros durante los próximos tres años. Pero en su discurso en Nueva York no hace mención alguna de la herramienta clave para avanzar en España en la consecución de los ODS, la Estrategia Nacional para la Agenda 2030. Sin estrategia, sin presupuesto y sin consensos políticos básicos sobre la Agenda, las palabras son discursos sin acción, buenas intenciones sin compromisos reales.

El compromiso de 20 millones anuales durante 5 años para el Fondo Conjunto de Naciones Unidas[1] para los Objetivos de Desarrollo Sostenible es relevante y simbólico, y respalda una iniciativa de la ONU en un momento difícil. Comparativamente, en los Presupuestos Generales del Estado 2019 había 250 millones para el Banco Mundial, por citar un ejemplo. Hay que ir más allá de gestos simbólicos.

Los aportes a fondos multilaterales deben hacerse de forma coherente con una recuperación de los presupuestos de cooperación. España debe recuperar y reformar la Política de Cooperación en su conjunto. Reiteramos la importancia del carácter simbólico de las contribuciones anunciadas, sin embargo, la Ayuda Oficial al Desarrollo lleva 7 años por debajo del 0,2% de la renta, mínimo establecido por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Esta realidad mina la capacidad de liderazgo y proyección de nuestro país en la resolución de los problemas globales y es una de las asignaturas pendientes de cara al nuevo ciclo político.

Por otro lado, para definir su papel en el mundo, España debe también establecer mecanismos de coherencia de políticas y poner en marcha iniciativas emblemáticas que reduzcan, más allá de nuestras fronteras, los impactos negativos de acciones como la venta de armas a países en conflicto, la huella ecológica y social de las empresas, los acuerdos de comercio e inversiones, la evasión y elusión fiscal de nuestras transnacionales o una política migratoria con enfoque de control de fronteras y no siempre alineada con los derechos humanos, entre otras.

En el futuro, un país del peso de España, si quiere tener liderazgo internacional en la Agenda 2030, debe anunciar medidas de mayor calado como un compromiso con el 0,5% de AOD, la lucha contra paraísos fiscales o iniciativas para que las trasnacionales españolas paguen impuestos en sus países de operaciones.

Igualdad de género

En relación a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres son necesarios más hechos acompañados de presupuestos y a largo plazo. Los compromisos en esta materia durante el discurso en Naciones Unidas estuvieron precedidos por términos como “vamos a impulsar” (la lucha contra la violencia machista aquí y en la Unión Europea, con las recomendaciones de ONU Mujeres e impulsando en la UE una Estrategia Europea sobre Género), “trabajaremos” (por una definición conjunta del feminicidio y por una legislación homogénea sobre esta materia) o “vamos a celebrar” (el vigésimo quinto aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Pekín).

Son necesarias medidas concretas y menos palabras. En lo que concierne a la violencia contra las mujeres, por un lado es urgente aplicar el Convenio de Estambul y seguir las indicaciones del Comité CEDAW, y por otro son necesarios compromisos para hacer frente al cierre del espacio cívico democrático a nivel global, y un llamamiento a la acción de la comunidad internacional contra los fundamentalismos de todo tipo, en particular contra las mujeres que sufren recortes en acceso a los derechos, coerción y violencia. No podemos retroceder en el acceso universal a servicios sanitarios de salud sexual y reproductiva, y hay que hacerlos efectivos tal y como prevé el Plan de Acción de El Cairo que este año ha cumplido su 25 aniversario.

A pesar de que gran parte del discurso se centró en la preocupación por el Mediterráneo y situaciones diversas de migraciones, la única mención expresa a instrumentos concretos  fue: “Tenemos que cumplir nuestros compromisos con el Derecho Internacional Humanitario, tenemos que cumplir con los acuerdos de Marrakech”. Es fundamental que el Gobierno implemente los pactos de Marrakech en coherencia con la Agenda 2030, climática y de mujeres. Los compromisos adoptados en estos pactos son muy importantes pero ese compromiso debe materializarse en medidas concretas que garanticen el respeto de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, sin que a día de hoy se hayan establecido claramente instrumentos garantistas en este sentido.

Infancia

Se destaca también la ausencia en el discurso del presidente en funciones del abordaje de las problemáticas que afectan a la infancia y compromisos concretos para solucionarlas. Ausencia que resulta especialmente relevante dada la conmemoración del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, motivo por el que muchos gobiernos reafirmaron su compromiso con este sector de población.

Si bien se valora positivamente la creación del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil y algunas medidas tomadas como la ampliación de la prestación por hijo a cargo, hubiera sido una oportunidad para manifestar su compromiso con promover un Pacto por la Infancia.

Además de todo lo expuesto, es discutible que se protejan los derechos laborales, sociales y medioambientales cuando se firman tratados comerciales y de inversión con países que no han suscrito los Convenios Fundamentales de la OIT, como Brasil, Japón o Singapur, y se favorece a las corporaciones y la elusión fiscal frente a la sociedad.

En palabras del propio presidente del Gobierno en funciones “No actuar no es una elección, es una enorme irresponsabilidad”. Solo tenemos 11 años para alcanzar el futuro que imaginamos en la Agenda 2030, el primer acuerdo global de la historia que no hace distinciones entre el norte y el sur y afronta los retos con una mirada universal,  interconectada y basada en la búsqueda de alianzas.

“No puedes pretender apoyar el desarrollo sostenible cuando eres reacio a reducir el consumo de los ricos o transferir tecnología. No puedes sermonear sobre la paz cuando eres el mayor fabricante de armas del mundo. No puedes adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nombre del desarrollo y al mismo tiempo atacar y detener a manifestantes y disidentes pacíficos. No puedes lanzar estos ODS y paralelamente negar una ruta segura y legal a las personas refugiadas, una vida con dignidad”. Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional en la Cumbre de la ONU para la adopción de la Agenda 2030.

[1] Hasta 2017 España contribuyó con 58 millones de euros en el Fondo ODS. Frente a la falta de continuidad de esta iniciativa, en 2018 el Gobierno español decidió aplicar los remanentes del Fondo ODS por un valor de unos 10 millones de euros al nuevo Fondo Conjunto para Agenda 2030 creado por la ONU. El  Fondo ODS todavía no está en fase de cierre. Está por ver si el compromiso realizado por Sánchez contempla dichos remanentes o se trata de nuevos recursos.

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