Siete organizaciones se incorporan a la Coordinadora. Se amplía el trabajo colectivo para exigir medidas urgentes ante la crisis democrática, de solidaridad y de respeto al planeta

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo ha celebrado su XXXVII asamblea general. La ocasión ha sido aprovechada para exigir que todas las políticas de Estado contribuyan a fomentar el desarrollo sostenible en todo el mundo.
La política de cooperación ha sido defendida como pieza fundamental para garantizar los derechos humanos, la justicia global y la solidaridad.
En el contexto electoral, se ha recordado que la ciudadanía exige decisiones políticas.

Una de las noticias más relevantes de esta asamblea general de la Coordinadora es la entrada de siete nuevas organizaciones, lo que demuestra el creciente compromiso con el trabajo colectivo por la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Como organizaciones socias se han incorporado Paz y Desarrollo, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Redes y Copade. Como organizaciones asociadas, se han incorporado Reedes, ACNUR y UNICEF. De esta forma, el número total de organizaciones de la Coordinadora asciende a 100.

La asamblea ha renovado algunos de los cargos de su equipo de gobierno y ha elegido a otros nuevos. Las personas que han renovado sus cargos son Irene Ortega Guerrero, de Entreculturas, y Manuel Martínez Ocón, de la Coordinadora Andaluza de ONGD. Los miembros nuevos son Miquel Carrillo Ponce, de LaFede.cat, y José Luis Postigo, de ONGAWA.

De este modo, el equipo de gobierno queda conformado por las siguientes personas:

Andrés Rodríguez Amayuelas, Coordinadora de ONGD de Castilla y León. Presidente
Francesc Mateu i Hosta, Oxfam Intermón. Vicepresidente 1º
Gema Filgueira Garrido, Coordinadora Galega de ONGD. Vicepresidenta 2ª
Graciela Rico Pérez, Caritas española. Secretaria
Manuel Martínez Ocón, Coordinadora Andaluza de ONGD. Tesorero
Marta Iglesias López, Movimiento por la Paz (MPDL). Vocal
Irene Ortega Guerrero, Entreculturas. Vocal
Ana Fernández Moya, SED. Vocal
Clarisa Giamello, Fundación Educación y Cooperación (EDUCO). Vocal
Felipe Noya Álvarez, Médicos del Mundo. Vocal
Alberto Casado Valero, Ayuda en Acción. Vocal
Olga Calonge Angoy, Fundación ADRA. Vocal
Irene Bello Quintana, Coordinadora de ONGD de Canarias. Vocal de Cooperación decentralizada.
Miquel Carrillo Ponce, LaFede.cat. Vocal.
José Luis Postigo, ONGAWA. Vocal.

Se han elegido también las personas que representarán a la Coordinadora en el Consejo de Cooperación:

  • Isabel Iparraguirre, Alianza por la Solidaridad
  • Ramón Almansa López, Entreculturas
  • Xavi Palau, Oxfam Intermón
  • Félix Fuentenebro Fernández, Medicus Mundi

Una hoja de ruta para los próximos años
El encuentro ha servido para ratificar el marco estratégico para los próximos cuatro años, una hoja de ruta que marcará el horizonte, los objetivos, las líneas de trabajo que seguirá la Coordinadora junto a otras organizaciones y movimientos de la sociedad civil. El valor añadido de esta propuesta es que ha sido construida de manera colectiva por las organizaciones y personas implicadas en el trabajo de la Coordinadora.

Compromiso con la igualdad de género
Otro de los documentos que ha sido aprobado por las organizaciones es la política de género; una herramienta de trabajo para orientar la incorporación del enfoque de género en todos los procedimientos de la Coordinadora. En este caso, también ha sido construida de manera colectiva y se que aspira a inspirar a las organizaciones miembro de la Coordinadora.

Resolución: la exigencia de medidas políticas ante un mundo en crisis
Las organizaciones reunidas en asamblea han aprobado una resolución en la que reclaman responsabilidad política y medidas concretas que hagan frente a los complejos retos que enfrentamos como humanidad. El documento exige a los responsables políticos que respondan a esta crisis apostando por la democracia, la solidaridad y la protección del planeta. Defiende, además, el papel esencial de la política de cooperación en este sentido como catalizadora de la solidaridad y la justicia global, y como instrumento para garantizar que todas las políticas de Estado contribuyen a fomentar el desarrollo sostenible en todo el mundo.

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