. Cristina Fuertes y Yolanda Polo

Uy, qué bien, aquí todas son mujeres”. Maritze Trigos Torres entra, nos abraza, se mueve aquí y allá, observa, sonríe -sonríe mucho- y, en menos de dos minutos, está recitando uno de sus poemas. Estamos en nuestra oficina y, sí, aquí solo trabajamos mujeres. Viene acompañada de Maricel Sandoval Solarte y Claudia Jimena Pai. Las tres han salido de Colombia para pasar tres meses en Madrid, en el marco de un programa de acogida temporal a defensores y defensoras de derechos humanos. “Echamos de menos nuestros pueblos incluso antes de salir de ellos”, afirma Maricel.

Es 1 de marzo. Una primavera adelantada calienta el ambiente. Se respiran los aires de una huelga feminista que parará el mundo para que todo cambie. “Pensábamos que aquí no habría machismo, pero ya vemos que sí”. La sororidad desborda y teje lazos entre mujeres de todo el mundo. Acostumbradas a la defensa constante de sus derechos y de la vida, nos recuerdan orgullosas que “La resistencia es uno de nuestros mayores recursos”.

Claudia Jimena Pai, Maricel Sandoval y Maritze Trigos Torres, estarán tres meses España gracias al programa “Madrid Acoge” del Ayuntamiento de Madrid, coordinado por la ONG Mundubat y acompañado por las ONG Movimiento por la Paz (MPDL), Alianza por la solidaridad y Acción Verapaz.

Palos en la rueda del Acuerdo de Paz

En 2016, el gobierno de Santos y las FARC firmaron los acuerdos de paz en La Habana. Se abría una puerta a la esperanza para el pueblo colombiano.

Quienes participaron en el diálogo en Cuba entendieron que para reparar seis décadas de conflicto era necesario apostar por la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y la no repetición. Nacieron, entonces, diversos organismos públicos para avanzar en esta dirección. Una de las piezas clave de este proceso es la Jurisdicción Especial para la Paz (conocida como la JEP), cuyo objetivo es administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos, antes del 1 de diciembre de 2016, en el marco del conflicto armado.

Maritze Trigos Torres, denuncia que, aunque “el Congreso y la Cámara de Representantes aprobaron las reglas de funcionamiento de la JEP, hasta ahora, el presidente (Iván Duque) no ha querido firmarlas; luego, está saboteando los acuerdos de paz”.

“El partido del Centro Democrático, al que pertenece Iván Duque está poniendo trabas para la paz y para la JEP – afirma Claudia Jimena Pai-. Su partido, está tratando de establecer una jurisdicción especial para los militares para ocultar los casos de falsos positivos. Quieren ocultar que fue una guerra silenciosa en la que las mujeres fuimos botín de guerra y los hombres también”. [Esta misma semana, un informe de Human Rights Watch alertaba sobre los vínculos de la nueva cúpula del ejército colombiano, nombrada por el presidente Iván Duque, con ejecuciones extrajudiciales].

Los intereses económicos y el incremento de las violencias

Desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC, en 2016, se han producido 482 asesinatos de defensoras y defensores, según datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Gran parte de las víctimas son población indígena, campesina y afrocolombiana.

El Relator Especial de las Naciones Unidas, Michel Forst, ha denunciado que más la mitad de los asesinatos están vinculados con el paramilitarismo.

El último informe de Front Line Defenders denuncia que mientras los asesinatos han disminuido desde los acuerdos de paz, en el caso de defensores y defensoras de derechos humanos, han aumentado. ¿Significa esto que la situación es peor ahora que antes de los acuerdos de paz? “Es importante contextualizar qué ha supuesto el conflicto en Colombia desde el punto de vista de los intereses económicos. La guerra ha sido una estrategia para el despojo y el desplazamiento” -denuncia Maricel Sandoval Solarte-, “y el desplazamiento abre el paso a los megaproyectos de represas, cultivos de producción industrial, mineras… Esta entrada supone miseria y desprotección porque el ejército que está en los territorios no protege a las personas, sino a las grandes infraestructuras”. Las tres mujeres señalan el incumplimiento del punto número uno del Acuerdo de Paz relativo a la reforma agraria. “Este punto ha sido siempre un cuello de botella en los territorios lo que demuestra que, quienes no están de acuerdo en salir del conflicto de manera negociada tienen intereses económicos”.

Uno de los actores más relevantes en este contexto son las grandes mineras que están accediendo a los territorios sin cumplir las reglas establecidas. “La consulta previa, libre e informada no ha sido exigida por el gobierno” -asegura Maricel-. “Están contaminando nuestros ríos y causando enfermedades en la población”.

El talón de Aquiles para el desarrollo económico

El 6 de marzo, el día nacional de las víctimas de crímenes de Estado, se espera una gran movilización. También el día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.

En los últimos meses se han producido movilizaciones para exigir al gobierno un plan de desarrollo que frene la reconfiguración del paramilitarismo y para reclamar el derecho a la salud. El sector educativo anuncia un paro nacional.

En este contexto, las movilizaciones sociales son múltiples. “En el caso de las comunidades negras, nuestra guardia cimarrona (mecanismo de protección tradicional afrocolombiano) ha impedido que las retroexcavadoras de la minería ilegal dañen nuestro territorio. Esto se ha convertido en la principal causa de los hostigamientos y las amenazas” -apunta Maricel Sandoval Solarte. Destaca con orgullo el papel de las mujeres en la protección de sus cultivos y su territorio. “La resistencia, a partir de nuestros saberes ancestrales, ha sido uno de las mayores fortalezas para nosotras”.

Claudia nos presenta la cosmovisión del pueblo Awá (gente de la montaña, de la selva) y su amor por la naturaleza. Denuncia el daño que la minería, el uso y cultivo ilícito de la coca o la mega producción del aceite de palma están haciendo a su buen vivir. La defensa de su territorio les supone amenazas ante las que se sienten desprotegidas porque el Gobierno no les ampara. “Duque tiene políticas con las que pareciera que quiere seguir exterminándonos física, cultural y espiritualmente. Somos el talón de Aquiles para el desarrollo económico que quiere el gobierno nacional”.

Conexiones con el mar Pacífico, riqueza de recursos y una enorme biodiversidad. Los territorios que estas tres mujeres defienden son zonas estratégicas no sólo para Colombia, sino para empresas de todo el mundo. La densa selva de algunas de las zonas las convierte también en un lugar propicio para el narcotráfico. Múltiples actores que generan desplazamientos y masacres. Hace mucho tiempo que la población, como Claudia, Maricel y Maritze, clama por justicia y reparación.

En el punto de mira

Los conflictos por la tierra, el territorio y los recursos naturales representan el 80,08 % de los homicidios en el año 2018.

¿Por qué estáis aquí, fuera de vuestros territorios? Un silencio recorre la sala y congela la conversación. Claudia rompe el hielo y no le tiembla la voz al contar que, como fiscal del sistema indígena primero, y ahora como Consejera de la Mujer y de la Familia de la Unidad Indígena del Pueblo Awà, ha denunciado la construcción de piscinas clandestinas dedicadas al contrabando de hidrocarburos o el reclutamiento forzado de mujeres jóvenes en grupos paramilitares: “Si defiendes los derechos humanos y los territorios sabes que vas a tener amenazas”.

Maricel es la responsable del Palenque de Derechos Humanos en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC). Desde hace años, quienes integran esta organización saben lo que significa estar en el punto de mira. Las amenazas comenzaron en 2014 por sus protestas contra la minería ilegal. Años más tarde, en 2016, su apoyo a los Acuerdo de Paz les ha sentenciado: “En junio del año pasado llegó una amenaza directa contra las personas que estábamos desarrollando el tratado de paz en territorio; seríamos objetivo militar. En esta ocasión las intimidaciones han llegado con mucha más fuerza que en ocasiones anteriores”.

El resultado es que ACONC tiene hoy “más de 30 esquemas de protección otorgados por la Unidad Nacional de Protección. Estamos sometidos a un nivel de riesgo muy alto que no se resuelve con un carro blindado, dos hombres de protección con armas, un chaleco antibalas y un teléfono que, por cierto, no funciona en esas zonas”.

Son estos mismos chalecos a los que ha renunciado Maritze. En su lugar, tiene a dos personas de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) que la acompañan en su día a día. Desde hace 20 años, Maritze acompaña a la Asociación de Familiares de víctimas de Trujillo, masacre ocurrida entre los años 1989 y 1994, y que dejó un balance de 342 víctimas. Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 1997, el Estado colombiano cedió 6,3 hectáreas para la construcción del Parque Monumento en Trujillo, como reparación simbólica hacia las víctimas. El entonces presidente Samper reconoció la responsabilidad del Estado por acción u omisión de servicios públicos en la masacre.

Los ataques afectan incluso a este símbolo. “Tres incendios, grafitis de fusiles sobre los 235 osarios y un último mensaje en enero que dice Te mataremos. Este parque es una denuncia permanente no sólo de los hechos de Trujillo, sino de los ocurridos en todo el país, puesto que en él se recoge la memoria de 14 masacres”.

Denuncias y mecanismos de autoprotección

Desde 2016, un total de 952 personas con liderazgo social han sido amenazadas, según datos del Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos en Colombia.

Las tres defensoras afirman que a pesar de poner las “respectivas denuncias en los territorios, no hay una efectiva investigación que dé cuenta de dónde provienen las amenazas. Además, la justicia acaba desestimando este tipo de acusaciones”.

Enfrentar la violencia desde la primera línea obliga a que sean las propias comunidades las que pongan en marcha estrategias de protección. Es el caso de las comunidades de paz y las guardias indígenas, cimarronas y campesinas. Todas ellas se han convertido en fuertes estructuras colectivas de autoprotección basadas en tejidos sociales y formas propias de justicia que se han mantenido a lo largo de los años: “La guardia cimarrona nos brinda el nivel de seguridad que necesitamos. Esto nos permite que las mujeres estemos más tranquilas porque sabemos que andamos con uno de los nuestros y no con dos hombres armados de la Unidad Nacional de Protección, que te leen el pensamiento y que manejan el carro sin saber muchas veces a dónde te llevan” -afirma Maricel. “Es necesario que se fortalezcan nuestras guardias para cumplir con nuestra demanda de contar con protección desde la cosmovisión e identidad cultural del pueblo negro”.

Ser mujer defensora de DDHH

Desde 2015 a mayo de 2018, según datos de la ONU, se produjeron 24 asesinatos de defensoras de derechos humanos; tres de ellos fueron casos de feminicidio.

Las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan múltiples violencias de género. El informe La protección a defensores y defensoras de derechos humanos desde una mirada feminista, realizado por Calala Fondo de Mujeres y JASS-Asociadas por lo Justo, denuncia que las mujeres corren más riesgo de sufrir violencia sexual y familiar, campañas de difamación, procesos de criminalización, discriminación judicial, falta de reconocimiento de su rol social, etc. La situación se complica cuando se trata de mujeres indígenas, afrocolombianas o sexualmente diversas. “Ser mujer en un contexto como el que estamos es difícil. Defender los derechos humanos ante una sociedad que te discrimina y que te señala es un reto” -señala Claudia.

Maritze ha traído consigo fotos de compañeras asesinadas; están extendidas en la mesa, las mira. “Las mujeres han sido las primeras que fueron a sacar a sus hijos debajo de la tierra, fueron a buscarlos en el río. Las mujeres han sido las primeras que han sujetado en sus manos los cráneos destrozados por las torturas”.

Llega el turno de Maricel. Traga en seco y recuerda las enormes desigualdades que existen: “Desde mi condición de mujer negra en un país atravesado por el machismo estructural, nos ha tocado vivir no solo una exclusión por parte del Estado, sino también hemos tenido que enfrentarnos a una agresión en nuestras organizaciones por el patriarcado. Las mujeres afrocolombianas sufrimos una triple discriminación: ser mujer, negra y rural. Se olvidan que somos nosotras quienes hemos parido la vida, hemos defendido la tierra… salimos a buscar a nuestros hijos y a reclamar justicia. Porque la vida no se vende, se ama y se defiende”.

Se despiden grabando un vídeo en el que llaman a la huelga feminista: “Resistir, persistir y nunca desistir”. La presencia de las mujeres asesinadas nos ha acompañado en esta charla; sus rostros sonrientes nos recuerdan que no hay mejor forma de honrar su memoria que salir a la calle este 8 de marzo para exigir igualdad de derechos y justicia. “Por los derechos de las mujeres, ni un paso atrás”.

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