La Coordinadora Andaluza de ONGD denuncia que el acuerdo de PP y Vox, ignora la legislación estatal y es contrario al Estatuto de Autonomía de Andalucía al apostar por la eliminación de la política regional de cooperación internacional
El acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía incluye, por primera vez en todas las propuestas difundidas de forma bilateral o individual por el tripartito durante el proceso de negociaciones, una mención expresa a la cooperación internacional para el desarrollo. Se trata del punto 37, que cierra el texto, y señala como objetivo del nuevo gobierno andaluz “trabajar para que, en el marco de las ayudas a la cooperación internacional al desarrollo, se den pasos decididos hacia una gestión nacional de estos recursos”.
Como muchos de los 37 puntos que conforman este acuerdo, en este caso el uso del lenguaje y la ambigüedad de las políticas sugeridas contribuyen a blanquear las propuestas difundidas por Vox el pasado martes, que llegaron a ser sugerencias contrarias al derecho internacional y a la legislación española. Este blanqueamiento de políticas de ultraderecha no sólo tiene como responsable al PP, firmante del acuerdo, sino que incluye a Ciudadanos, en tanto que formará parte de ese gobierno posible gracias a los votos de las tres formaciones.
La propuesta de eliminar la cooperación internacional para el desarrollo como política pública de la Junta de Andalucía no responde a una devolución de competencias al Estado. Se trata, en primer lugar, de una apuesta ideológica que pasa por suprimir de la acción autonómica cualquier actividad de colaboración internacional a favor de los derechos humanos, con especial rechazo a la población migrante (bajo el teórico enfoque de priorizar el bienestar de la población andaluza, cuestionable a partir del contenido del resto del documento); y, en segundo lugar, no tiene en cuenta (cuando no es directamente contraria a la legislación) el marco normativo autonómico y estatal existente al respecto.
¿Qué respalda la política de cooperación para el desarrollo andaluza?
Al respecto, la propia Junta de Andalucía, a través de su Dirección General de Administración Local, ya emitió un informe en 2014 en el que se valoraba la actividad de cooperación internacional de las diferentes administraciones, a partir de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Las conclusiones son claras: La Ley 2/2014, de Acción y Servicio Exterior del Estado, distingue entre “acción exterior” y “política exterior” del Estado, siendo ésta última competencia exclusiva del mismo. Además engloba la cooperación para el desarrollo como uno de los ámbitos de la acción exterior, que puede ser desempeñada (como se recoge en el artículo 11) por comunidades autónomas, ciudades y otras entidades “en el marco de las competencias que les sean atribuidas por la Constitución, por los Estatutos de Autonomía y las leyes (…)”. Entre estas leyes, se encuentra la Ley 23/1998, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que dedica su artículo 20 a explicar cómo debe regirse la “Cooperación para el desarrollo de las Comunidades Autónomas y entidades Locales”, haciendo referencia a su autonomía presupuestaria y la colaboración entre administraciones; en su artículo 34, su capacidad para conceder subvenciones y ayudas públicas a diferentes agentes de la cooperación; y, en el artículo 39, su papel en la participación y la sensibilización de la sociedad en torno a las acciones de solidaridad y cooperación con otros países.
Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de Andalucía define como objetivos básicos de la comunidad autónoma “la cooperación internacional con el objetivo de contribuir al desarrollo solidario de los pueblos” (artículo 10.23) y “el fomento de la cultura de la paz y el diálogo entre los pueblos” (artículo 10.22). También, en el capítulo V, dedica los artículos 245-247 a reflejar, entre otros aspectos, que “La Comunidad Autónoma de Andalucía desplegará actividades de cooperación al desarrollo en dichos países, dirigidas a la erradicación de la pobreza, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y los valores democráticos”. La comunidad cuenta además con su propia normativa para este ámbito, la Ley 14/2003 de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
El acuerdo de PP y Vox que marcará directrices del próximo gobierno andaluz ignora por tanto una expresión de la solidaridad andaluza demandada por la ciudadanía desde décadas atrás, que viene contando con el respaldo también a nivel particular de andaluces y andaluzas que colaboran voluntaria y económicamente con las ONGD de la región (más de 300.000 personas en 2017); sugiere desmantelar la experiencia acumulada por las organizaciones durante más de 40 años de colaboración con entidades y comunidades de más de 70 países, así como el prestigio y la buena imagen que otorga a la comunidad esta relación de trabajo; e ignora la labor de entidades que, también en Andalucía, llevan años generando empleo y participando de la educación de la infancia y juventud andaluza mediante los programas de Educación para el Desarrollo.
Desde la CAONGD ofrecemos a este nuevo gobierno la posibilidad de dialogar para revertir este enfoque mostrado en el último compromiso entre partidos para la investidura sobre la cooperación internacional para el desarrollo.
(Imagen: Alianza por la Solidaridad)